El empresario español David Morales, al que el fundador de WikiLeaks Julian Assange acusa de haberle espiado en la embajada de Ecuador en Londres durante su aislamiento de siete años para vender después las grabaciones al servicio de Inteligencia de Estados Unidos, declaró este viernes ante el juez José De la Mata de la Audiencia Nacional y negó tal acusación.

Morales es el propietario de la empresa de Inteligencia Undercover Global SL, a la que contrató el Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador (SENAIN) bajo el gobierno de Rafael Correa para vigilar a Assange en la embajada ecuatoriana. Estados Unidos reclamaba a Assange tras publicar en su web datos confidenciales del Gobierno norteamericano y Ecuador permitió al periodista australiano vivir en su embajada londinense para evitar su entrega.

Assange presentó una querella contra Morales en la Audiencia Nacional en la que decía que su empresa habría instalado micrófonos ocultos y otros medios de vigilancia en la embajada sin su consentimiento. La información obtenida habría salido de Londres a Jerez de la Frontera (Cádiz) y de ahí "habría sido entregada a terceras personas o instituciones, entre ellas autoridades de la propia República de Ecuador y agentes de Estados Unidos", se podía leer en la querella presentada por el despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón.

Según la denuncia, Morales habría pagado 20.000 euros mensuales a la responsable de Seguridad de la embajada de Ecuador en Londres, Gabriela Páliz, para "evitar que hiciera reportes negativos sobre UC Global que conllevaran una rescisión del contrato" de Ecuador. Según la citada querella, el empresario habría experimentado un enriquecimiento que le habría permitido comprarse una vivienda y un coche de alta gama, y recogía también el testimonio de un tercero que afirmaba que le había pedido blanquear dinero en Gibraltar. La defensa de Assange consideró que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delitos contra la intimidad, contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 admitió la querella porque vio "apariencia delictiva en los hechos denunciados", aunque declaró la causa secreta para evitar "interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación". El secreto de las actuaciones se levantó en octubre y las medidas cautelares contra Morales (comparecencias semanales en un juzgado y prohibición de salir de España) se mantienen hasta ahora.

"Es una estrategia para evitar su extradición"

El empresario jerezano volvió a declarar ante el juez De la Mata este viernes y negó todos los hechos denunciados por Assange. Afirmó que Ecuador le contrató para ocuparse del servicio de vigilancia en la embajada y negó rotundamente que vendiera grabaciones del periodista australiano al servicio de inteligencia estadounidense (CIA). "Ningún servicio de inteligencia internacional estaba interesado en las grabaciones de Assange, es una nueva estrategia para evitar su extradición", manifestaron fuentes de la defensa de Morales, que solicitaron al juez el archivo de la causa contra él.

"No tengo nada que ver con la CIA. Salgo muy contento porque he demostrado que esto es una teoría conspiranoica de Assange"

El propio empresario dijo a los medios de comunicación a la salida de su declaración en el Juzgado Central: "No tengo nada que ver con la CIA. Salgo muy contento porque he demostrado que esto es una teoría conspiranoica de Assange".

"Ecuador temía que cometiera delitos"

El empresario jerezano explicó ante el juez, según fuentes jurídicas, que no llegó a instalar micrófonos ocultos en las dependencias en las que Assange mantuvo múltiples reuniones con activistas, consultores políticos e incluso actores o las actrices Pamela Anderson y Lady Gaga, como denuncia él. Según Morales, barajó la posibilidad con el embajador de Ecuador en Londres ante el temor de éste de que el fundador de WikiLeaks cometiera delitos allí dentro, puesto que sospechaban que había entrado en contacto con presuntos terroristas cibernéticos.

Para sostener que "fue Ecuador quien hizo dichos encargos que no llegaron a efectuarse", la defensa de Morales presentó los correos electrónicos intercambiados entre responsables de la embajada ecuatoriana y el empresario.

En cuanto a la posibilidad de que las grabaciones de Assange pudieran salir de la embajada de Ecuador en Londres, el empresario Morales defendió que su "empresa no era autónoma, sino que dependía del Gobierno de Ecuador y la sala de grabaciones donde se encontraban centralizadas las grabaciones estaba abierta a distintas personas, entre ellas la secretaria de Inteligencia de la embajada que podía llevarse las grabaciones porque estaba autorizada".