Es un fantasma que le persigue desde que llegó al Gobierno. El lehendakari Urkullu no tardó en temerlo, se empeñó en hacerlo desaparecer y aún hoy, siete años después, el miedo a que lo pueda contaminar no sólo persiste sino que se ha acrecentado. El ‘fantasma’ de Urkullu se llama Cataluña. Ha gobernado de espaldas a él y procurando que nadie le confunda con sus ecos incómodos. Ahora, en el epílogo de su legislatura, el miedo catalán también ha precipitado no sólo el posible adelanto electoral que jamás quiso y que ya pocos dudan que decretará, sino también las dudas, casi diarias, sobre la fecha a celebrarlas.

Las suscita la sucesión de acontecimientos llegados desde el Govern, Lledoners o Waterloo. A Urkullu le gusta subrayar en sus discursos la importancia de la estabilidad institucional en política, el recurso al diálogo como vía para moverse en ella y la búsqueda de acuerdos “entre diferentes” como reto constante. Lo repite sin cesar y lo practica en la medida de lo posible, con éxito irregular en el Parlamento de Euskadi. En su haber posee que en sus años en el Ejecutivo ha logrado entenderse con el PP, con el PSE y con Podemos en cuestiones relevantes como un acuerdo de gobierno o la aprobación de presupuestos. Es un camino que ni siquiera asoma en Cataluña.

Ahora el anuncio de que la legislatura catalana está “agotada” y de que es tiempo de renovar el Parlament hecho por el president Torra ha vuelto a meter en un incómodo laberinto a Urkullu. También en Euskadi es tiempo de elecciones. Ni el inhabilitado mandatario catalán ni el lehendakari han puesto fecha para convocarlas. El vasco mira de reojo al catalán y éste a Waterloo. Antes del anuncio del president, el lehendakari insistía con vehemencia que su deseo era agotar el mandato hasta otoño, que en Euskadi las cosas, la estabilidad, era distinta y que eso permitía “seguir trabajando hasta el final”. Incluso subrayaba que la aprobación de los presupuestos de este años gracias al apoyo de Podemos despejaba el horizonte para agotar el mandato con tranquilidad.

Pero el pasado 30 de enero todo se torció. Y de nuevo el revés vino desde Cataluña. Ese día, Torra anunciaba que la legislatura no tenía más recorrido y que debía procederse a la celebración de elecciones. El anuncio tenía una reserva: la fecha no se pondría hasta la aprobación de las cuentas catalanas. Esa premisa volvió a ensombrecer el cielo vasco hasta entonces placido. Urkullu, el único con capacidad para tomar la decisión, debía decidir si adelantarse al posible tsunami catalán o arriesgarse y confiar en que los catalanes votaran y los acuerdos Sánchez-Torra-ERC-JxCat reconduzcan el tablero.

Calendario contagioso

Por el momento, el calendario catalán apunta a una probable convocatoria electoral en torno al 17 de mayo, si se convocan una vez culminada la tramitación presupuestaria. En caso de posibles recursos, la fecha podría demorarse hasta junio.

Acortar el hasta hacía unos minutos largo mandato supondría acortar de manera casi inmediata la legislatura y dejar arrinconados muchos de los proyectos legislativos en marcha. El Gobierno vasco sólo ha aprobado siete de los 28 proyectos legales emprendidos. Además, supone enfriar casi de inmediato la potencialidad del novedoso y reciente acuerdo con Elkarrekin Podemos de PNV y PSE y que abre la puerta una nueva alianza. Demorar la convocatoria electoral, agotar hasta finales de octubre el mandato, en cambio, conlleva el riesgo de verse arrastrado por el imprevisible escenario político en Cataluña.

El fuego del procés tiene hoy muchas derivadas; políticas, judiciales, penitenciarias y sociales. Las tiene allí y en Madrid, donde los acuerdos del PSOE con ERC, la conformación de la ‘mesa de gobiernos’ o incluso el papel de EH Bildu pueden condicionar la escena política de un día para otro. El lehendakari lo sabe. Las encuestas en el País Vasco apuntalan una y otra vez que precisamente la estabilidad alcanzada en Euskadi, el clima tras décadas de violencia, la recuperación económica y la rebaja de la tensión política es uno de los elementos que más valoran los vascos.

Por ahora Urkullu ha decidido ir ganando tiempo. Recuerda que la horquilla que tiene para convocar las elecciones abarca desde el 5 de abril hasta el 25 de octubre. Si bien en los últimos días ha ido ganando fuerza la posibilidad de que la fecha sea el primer domingo de abril, el lehendakari ha evitado confirmarlo. El plazo para convocarlas ese día se agota este lunes.

Lejos de Torra y Puigdemont

El pasado viernes, durante el Pleno de control celebrado en el Parlamento Vasco fue interpelado al respecto por parte de Podemos. No despejó la duda, “hay que seguir trabajando”, aseguró, “ni un solo día de la legislatura es inhábil”. Y tendió la mano a Podemos para intentar esprintar en los últimos coletazos de la XI legislatura y poder maquillar el pobre balance legal, “si hay voluntad aún existen muchas oportunidades para aprobar proyectos”. Y la formación morada, liderada por Lander Martínez aceptó el reto, “estamos dispuestos, está en su mano”.

El mantra ha sido que se trata de realidades distintas. Ni Euskadi es Cataluña ni viceversa. Hasta no hace muchos las apelaciones se asemejaban más a la condición de ‘naciones hermanas’ que de meras realidades dispares. Hace años que Urkullu no acude ni siquiera a la Diada. Con Puigdemont nunca se entendió y terminó por decepcionarse por completo, a Torra, jamás le entendió. El modelo que el lehendakari añora es el de la antigua y desaparecida Convergencia. El posibilismo, el respeto institucional y la reivindicación dentro de las normas y la ley han sido su guía política en estos dos mandatos al frente del Ejecutivo vasco.

Durante sus vacaciones estivales Urkullu de 2018 visitó al único líder del procés por quien jamás ha ocultado su simpatía: Oriol Junqueras. Lo hizo en la cárcel de Lledoners y provocó con ello la necesidad de coser la relación entre JxCat y el PNV. Los de Torra no vieron con buenos ojos el encuentro con el dirigente de ERC, el mismo que ha liderado el proceso de búsqueda de acuerdo con el PSOE para facilitar el Gobierno a Sánchez y forzar la conformación de la ‘mesa de gobiernos’ que el lehendakari aplaude.

Sólo tres meses más tarde, en noviembre de hace dos años, Urkullu y Torra institucionalizaban la frialdad en sus relaciones. La visita del president a Ajuria Enea y la posterior comparecencia de ambos escenificó los dos caminos y la incomodidad del lehendakari. En su presencia, Urkullu le reclamó gestos de “distensión” para intentar reconducir la tensión y poder así “aprovechar” la oportunidad que brindaba la nueva mayoría conformada tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Torra le respondía que la única forma de “distensión” que conocía el Gobierno de España eran “los 214 años de prisión” impuestos a los políticos presos. En aquella cita Torra ya reclamaba una mesa “de gobierno a gobierno” y que 14 meses y dos elecciones generales después ya ha logrado. Se celebrará este mismo mes, según anunció ayer Pedro Sánchez.

Temor al 'procés vasco'

Un cortafuego con Cataluña que el presidente del Gobierno vasco intensificó de modo especial un año antes tras la decepción que supuso su mediación con Puigdemont. En octubre de 2017 Urkullu se implicó de modo directo como mediador para evitar la aplicación del 155 tras una proclamación unilateral de independencia y hacer ver al entonces president que debía convocar elecciones. No lo logró, el 10 de octubre Puigdemont proclamó la república catalana, para anularla segundos después. Después llegó el 155.

El relato de aquellos días que de modo detallado hizo Urkullu durante su comparecencia como testigo durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo terminó por romper la relación con Puigdemont. El expresident le acusó de faltarle “una parte de la memoria o del relato”. Molesto, Urkullu aseguró que él juró decir la verdad y “dije la verdad”. Tampoco gustaron las palabras de Puigdemont el 1-O de 2019 en las que comparó la situación de Euskadi y Cataluña afirmando que en Euskadi "hubo 1.000 muertos y no se aplicó el 155". Tras episodios como estos, Urkullu ni siquiera contempla que se le cite como 'relator' de las negociaciones que se van a iniciar. Sánchez da ahora por descartada esta figura y al lehendakari se le han quitado las ganas de postularse.

Ibarretxe es hoy por hoy el mayor aliado del independentismo catalán en Euskadi. El predecesor de Urkullu en el Gobierno vasco se ha dejado ver con Torra en manifestaciones por autopistas cortadas, en actos políticos en Cataluña o en eventos donde quienes aplaudían al presidente eran los dirigentes de la izquierda abertzale.

De cara a la próxima legislatura en Euskadi, el ‘caballo de Troya’ será la aprobación del nuevo estatuto vasco. Es la gran asignatura pendiente de los dos Gobiernos que ha presidido Urkullu y con el que se presentó a las elecciones. Ahora tendrá que volver a hacerlo. El proyecto para el ‘nuevo estatus’ que a modo de alternativa viable y legal frente al planteamiento unilateral del procés él defiende, sigue con moderados avances. Siete años más tarde, el Parlamento Vasco sólo ha logrado que sobre la mesa se contemplen tres propuestas de articulado, en gran parte incompatibles entre sí. La de Urkullu, la de su partido, la comparte sólo parcialmente con el PSE y Podemos.

No convertir el ‘nuevo estatus’ vasco en el ‘procés vasco’ es su gran temor y una razón más para desmarcarse del ‘fantasma’ catalán. Urkullu quiere presentarse a su tercer mandato como un líder de leyes, capaz de encontrar en las normas encajes a aspiraciones identitarias sin necesidad de romper ni instituciones ni marcos legales. Asegura que su proyecto para una Euskadi “de igual a igual con España” tiene cabida en la Constitución y que a ello aspira, a acordarla con el Gobierno de España y a que sea aprobada en las Cortes.