Cinco días después del grave incidente ocurrido en un vertedero de la localidad vizcaína de Zaldibar, en el que el desprendimiento de una ladera sepultó a dos de sus trabajadores -cuyos cuerpos aún se buscan- un juez de Durango ha abierto diligencias por un posible delito contra el medio ambiente y laboral. La medida la ha dado a conocer el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, tras el Consejo de Gobierno en el que ha anunciado que la Administración vasca contempla personarse en el proceso judicial, si finalmente se abre, al sentirse víctima de lo ocurrido.

La gestión de este caso está provocando un duro rechazo social y político contra el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Ayer vecinos de las localidades del entorno del vertedero industrial, Eibar, Ermua y Zaldibar salieron a la calle para denunciar la falta de información sobre lo ocurrido y la demora en la actuación por parte de los responsables políticos. Los servicios de salud y medio ambiente del Gobierno han insistido en las últimas horas en que la calidad del aire y el agua del entorno es óptima y que no existe impacto ni por los incendios producidos en el vertedero ni por la existencia de residuos con restos de amianto u otras sustancias peligrosas.

La izquierda abertzale ha anunciado que solicitará la comparecencia del lehendakari Iñigo Urkullu en la Diputacion Permanente del Parlamento Vasco -que hoy quedará disuelto tras el adelanto electoral para el 5-A- para que dé explicaciones. Ayer el lehendakari defendió su actuación y aseguró que pese a no habere acudido "físicamente" al lugar del siniestro, por considerarlo "un accidente laboral", ha estado puntualmente informado y al frente del gabinete de crisis constituido.

"Manifiestamente mejorable"

Hoy el portavoz del Gobierno ha intentado responsabilizar a la empresa Verter Reciclyng de lo ocurrido y del modo en el que se está gestionando la situación generada tras el desprendimiento de la ladera que invadió la autopista A-8 que comunica Bilbao y San Sebastián. El Gobierno ha señalado que la actitud de la empresa es "manifiestamente mejorable" en lo relativo a la colaboración con los servicios de inspección laboral y medio ambiental para esclarecer lo sucedido.

El Ejecutivo ha dado un plazo de siete días a la empresa para que presente un plan de actuación e intervención que identifique los daños ocasionados y planifique su reparación. Junto a ello se le reclama el plan de vigilancia medioambiental correspondiente al año 2019 y que deberá remitir antes del 31 de marzo. En caso de no llevar a cabo estos requerimientos el Gobierno actuará de modo subsidiario, repercutiendo a posteriori a la empresa su coste.

Según se ha conocido hoy, la empresa propiedad del vertedero habría contratado los servicios de dos topógrafos para analizar la situación de las laderas en las que se asentaba. Las reiteradas denuncias de uno de los trabajadores ahora sepultados sobre la existencia de grietas importantes, según publica hoy el Grupo Vocento, habrían llevado a la empresa a realizar las inspecciones en vísperas del accidente ocurrido el pasado jueves.