El comisario José Manuel Villarejo reconoció ante el juez que su grupo empresarial "no tenía prácticamente a nadie" para llevar a cabo los seguimientos con los que abortar la "OPA hostil" de la constructora Sacyr al BBVA y que tuvieron que subcontratar dichos servicios a un "despacho de detectives".

El antiguo agente encubierto prestó declaración el pasado 10 de julio ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el marco de la instrucción de la pieza separada en la que se investigan los encargos millonarios que le hizo el banco al entramado empresarial de Villarejo mientras éste seguía en activo en el Cuerpo Nacional.

¿Qué infraestructura cualificada tiene su grupo, Cenyt, para hacer estos seguimientos?, le preguntó el fiscal Miguel Serrano durante su interrogatorio. "No teníamos prácticamente a nadie, subcontramos a algún despacho de detectives de la época", replicó el comisario ya jubilado. Éste no recordaba a qué concreta empresa de investigadores privados le encargaron el servicio que su empresa no podía prestar por falta de medios.

Bajo el nombre de Operación Trampa, V&V Development (V&V) -marca de servicios perteneciente a Cenyt- prestó el citado servicio a BBVA entre finales de 2004 y los primeros meses de 2005 y por el que la empresa del policía hoy en prisión preventiva cobró 510.000 euros (más IVA): 270.000 euros en concepto de provisión de fondos y los 240.000 euros restantes a la conclusión del trabajo en 12 pagos de 20.000 euros al mes cada uno.

Según detalló el ex director de seguridad corporativa Julio Corrochano en el cuestionario que respondió a los abogados que realizaron la investigación interna para el BBVA cuando estalló el escándalo, se pactó una ampliación de los servicios de consultoría durante ese año "porque no había certeza de que la situación de riesgo del banco por el que se contrató a Cenyt hubiese desaparecido". Ello supuso un desembolso adicional de 120.000 euros.

Villarejo dejó claro que fue Corrochano quien lo llamó y detrás de aquel intento de asalto al BBVA para poner el banco "en manos francesas" se encontraba el Gobierno de Zapatero.

Pese a la insistencia del fiscal, Villarejo dijo no recordar a qué firma de detectives subcontraron porque trabajaban con "bastantes despachos" para hacer los seguimientos a los integrantes del llamado 'grupo hostil' -Luis del Rivero; el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián; el empresario Juan Abelló y el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas- para propiciar el fracaso de la operación, pero sí descartó que hubieran contratado a policías que estuvieran en activo en aquellos momentos en el Cuerpo Nacional.

El comisario ya jubilado declaró que el tráfico de llamadas para conocer los movimientos de los promotores de esa operación se los proporcionaba a su empresa el entonces jefe de seguridad de Amena, José Domingo Río, y que, salvo el control al que someterion durante "uno o dos días" a Arenillas, "prácticamente no hubo ningún tipo de seguimiento".

Villarejo dejó claro en su comparecencia que fue Corrochano quien lo llamó debido a que "estaban organizando una OPA hostil" al banco y tenían el convencimiento de que detrás de aquel intento de asalto al BBVA para poner el banco "en manos francesas" se encontraba el Gobierno de Zapatero.

"Sabía mi situación de agente encubierto"

El principal imputado del caso Tándem no tiene dudas de que el ex jefe de seguridad del BBVA sabía que él seguía como comisario en activo cuando contrataron los servicios de Cenyt a finales de 2004. "Él sabía mi condición de agente encubierto, me había utilizado en su época de comisario general de Policía Judicial", señaló. Corrochano dejó la Comisaría General de Policía Judicial en septiembre de 2002 tras la oferta recibida por el BBVA.

En enero de 2019, Corrochano declaró a El Independiente que "daba por hecho" que el controvertido policía "estaba dedicado exclusivamente a sus labores en el Ministerio del Interior" y que, de haber conocido "la situación de Villarejo", no se habría contratado a sus sociedades. Según mantuvo, creía que el comisario había dejado el control de sus empresas en manos de su familia tras reincorporarse en el Cuerpo Nacional de Policía tras una excedencia de diez años (1983-1993).