La investigación que desde hace más de dos años y medio dirige un juzgado de la Audiencia Nacional sobre la gestión de Ángel María Villar al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) se amplía ahora a los pagos realizados a los árbitros de Primera y Segunda divisiones entre 2009 y 2017.
En una providencia fechada el pasado 7 de febrero, a la que ha tenido acceso El Independiente, el instructor del caso Soule requiere a la Federación que aporte abundante documentación a fin de que los dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -dependiente del Ministerio de Hacienda- designados en funciones de auxilio judicial puedan llevar a cabo el informe pericial que le encomendó meses atrás a petición de la Fiscalía.
El juez Santiago Pedraz trata de determinar si, en la época de Villar como presidente, la RFEF destinó los fondos millonarios recibidos de LaLiga a los fines previstos durante casi una década. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ordenó la práctica de esta diligencia a raíz de las divergencias constatadas entre el destino detallado por la Federación y la información ofrecida por la patronal del fútbol.
Entre la nueva remesa de papeles que el instructor ha solicitado a la entidad que preside Luis Rubiales se encuentran documentos relacionados con el abono de derechos de arbitraje y dietas de desplazamiento para los colegiados entre los años 2008 y 2018. Sólo en la pasada temporada, LaLiga abonó más de 15,34 millones de euros a la Federación por los servicios arbitrales.
El magistrado quiere que los técnicos de la IGAE dispongan de la relación de importes transferidos por la patronal a la Federación por dicho concepto y que ésta hubiera abonado posteriormente al Comité Técnico de Árbitros durante el periodo de investigación, especificando la cuantía, el ejercicio, la fecha de pago, la cuenta o subcuenta en que se registró el gasto y el número de asiento contable.
Extractos bancarios y talones
No es la única documentación que tendrá que aportar la RFEF. Según detalla la citada providencia, también deberá proporcionar los extractos bancarios, talones o cualquier otro documento justificativo de los citados pagos, desglosándose los importes en caso de que "no sea posible identificar inequívocamente" las cantidades abonadas para que se puedan descomponer las cuantías agregadas de los extractos bancarios.
Asimismo, el juez reclama las facturas y la documentación justificativa que exista sobre los pagos realizados y que explique si los fondos abonados por la Federación al Comité de Árbitros pudieron realizarse no mediante una salida efectiva del dinero sino a través de compensaciones contables de saldos a favor de la RFEF frente a los clubes o del pago directo a la Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por eventuales deudas que los clubes pudieran tener con dichos organismos.
La petición incluye también la "relación nominal de árbitros y asistentes de Primera y Segunda, de cuarto árbitro de Primera división y delegados de las temporadas 2008 a 2018", así como los documentos oficiales de la Federación Española de Fútbol que establezcan tanto los derechos de arbitraje y las dietas de desplazamiento para los colegidos de las dos principales categorías como el modo de justificación y los importes.
El juez reclama a la RFEF la "relación nominal" de los árbitros de las dos máximas categorías entre los años 2008 y 2018
El informe que aporten a la causa los peritos de la IGAE será determinante para aclarar si Ángel María Villar y su vicepresidente económico -Juan Padrón- cometieron irregularidades en la gestión de la RFEF. Ambos fueron detenidos en el marco de la Operación Soule en el verano de 2017 y son dos de los investigados que acumula este procedimiento, con diversas líneas de investigación.
Para ello, el juez pide a la Federación que facilite los presupuestos -y la liquidación de los mismos- correspondientes a los ejercicios 2009-2017 "con el mayor grado de detalle disponible". También las cuentas anuales, los informes de auditoría y los libros de actas de las reuniones de la asamblea general, la comisión delegada, la junta directiva y la comisión de presidentes autonómicas del citado periodo, entre otros documentos.
Cotejo de datos con LaLiga
Para cotejar los datos, el instructor se dirige a LaLiga para que envíe algunos de los mismos documentos solicitados a la Federación. En concreto, la relación detallada de cantidades abonadas por la patronal a la RFEF, los extractos bancarios, los talones, las facturas o cualquier otro documento justificativo de los pagos.
En paralelo, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional ha ampliado el perímetro de la pericial encargada a la Intervención General de la Administración del Estado y le pide que analice la "regularidad" del reparto por parte de la Federación a las territoriales autonómicas el 1 o el 4,55 % de la recaudación de las quinielas entre 2009 y 2017, así como las obras de instalación de césped artificial en varios campos de fútbol con fondos del Consejo Superior de Deportes (CSD): Colegio Heidelberg (Las Palmas de Gran Canaria), Tanos (Torrelavega, Cantabria), 'La Mejostilla' (Cáceres) y 'La Espiguera' (Melilla).
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