Día 8 en Zaldibar. Los cuerpos de dos operarios continúan sepultados bajo toneladas de tierra en la ladera que se desprendió mientras trabajaban en ella. El drama humano de las familias de Alberto y Joaquín parece no encontrar consuelo. La impotencia de los servicios de rescate para encontrar los cuerpos, tampoco. La inestabilidad de la montaña tras el hundimiento del vertedero, el riesgo a nuevos deslizamientos y la existencia de materiales peligrosos e incendios difíciles de sofocar lo complican todo.

Día 4 de precampaña electoral en Euskadi. El siniestro en la ladera junto a la autopista A-8 entre Bilbao y San Sebastián continúa complicando el arranque de la campaña electoral a quien convocó los comicios para el 5 de abril y a su partido: el lehendakari Iñigo Urkullu y el PNV. La gestión de la ‘crisis de Zaldibar’ está pasando factura a la formación nacionalista. Su Gobierno y su partido ha activado todas sus instituciones y recursos para intenta revertir la lluvia de críticas lanzadas por toda la oposición y la imagen negativa que se ha instalado en la sociedad vasca sobre su gestión. Quedan 51 días para las elecciones.

El pasado lunes, cuando al lehendakari se le cuestionó por su ausencia en el lugar del accidente durante su comparecencia institucional para anunciar el adelanto electoral, se le torció el gesto. Visiblemente molesto aseguró que no era necesaria una “escenificación”, menos aún acudir al lugar por “los mensajes de Twitter”. Lo relevante, defendió, era haber actuado desde el primer momento y eso lo hizo. Pero sólo dos días más tarde y seis después de que hubiera ocurrido el accidente en el vertedero Urkullu decidió cambiar de criterio y trasladarse a Zaldibar, visitar la zona afectada, verse con la empresa propietaria del vertedero  y consolar e informar a las dos familias de los operarios sepultados que días antes habían reprochado a su Gobierno su proceder. Para entonces el clima prelectoral ya había incendiado el ambiente político en Euskadi, las redes sociales y elevado lo que Urkullu calificó inicialmente como un “accidente laboral” a la crisis más importante y quizá con mayor desgaste de la recién concluida legislatura.

Parece claro que mientras la angustiosa búsqueda de los trabajadores desaparecidos continúe, la oposición no cejará en elevar el tono y la presión contra el PNV y el Gobierno Urkullu. Quien con mayor contundencia lo está haciendo es la izquierda abertzale. EH Bildu ha logrado que el lehendakari tenga que comparecer el próximo martes ante la Diputación Permanente para dar explicaciones. También el PP ha reclamado la comparecencia de los consejeros del Gobierno implicados en el operativo de rescate.

Acusar a la empresa

En vísperas electorales se antoja complicado que el foco y la movilización social deje de alentarse sin descanso. En el PNV son conscientes de ello e intentan reconducir la situación, enterrar las acusaciones de falta de reacción, de poca transparencia y medios e incluso de “falta de humanidad” que le han reprochado partidos y sindicatos. El PNV ha llegado a acusar estos días a la oposición de hacer “carroñerismo político” con el fatal accidente de Zaldibar.

Muestra de las ganas de Bildu por desgastar a su eterno rival, el PNV, y del malestar de los jeltzales es lo sucedido la madrugada del miércoles. Una decena de sedes sociales de la formación que lidera Andoni Ortuzar amanecieron con excrementos, basura y carteles acusándoles de asesinos por lo sucedido en Zaldibar. La reacción de Sabin Etxea fue responsabilizar nada menos que a un exjefe político de ETA, Aitor Elizaran, de haber alentado esa movilización contra sus ‘Batzokis’.

Los reproches políticos han estado acompañados de una reconducción de la política comunicativa con la que reparar el daño reputacional que la ‘ausencia’ pública de los máximos responsables del Gobierno, fundamentalmente entre los días 6 y 9 de este mes, ha dejado en el arranque de la precampaña electoral. La gravedad de lo ocurrido y la dificultad con la que se están encontrando los técnicos para localizar los cuerpos de los dos operarios se ha complicado con la publicación de la relación que el Gobierno y la empresa del vertedero, Verter Reciclyng 2002, han mantenido desde el pasado verano.

El Ejecutivo activó a comienzos de semana una estrategia para culpar a la empresa de la falta de adopción de medidas pese a los apercibimientos hechos por los técnicos de Medio Ambiente meses atrás. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha reiterado en varias ocasiones, en una suerte de carrusel de entrevistas, la “ausencia” y “absoluta” falta de colaboración de la empresa para esclarecer lo ocurrido. Denuncias rápidamente respondidas por la empresa negándolo todo.

El Gobierno fue incluso más allá avanzando antes de que se hubiera activado la apertura de diligencias previas por parte de un Juzgado de Durango contra la empresa para esclarecer el accidente y por la comisión de presuntos delitos laborales y medioambientales. Al día siguiente, el Gobierno dio un paso más para reorientar el foco sobre la empresa anunciando la apertura de un expediente sancionador.

Malestar vecinal

Un cruce de acusaciones que se produce mientras la situación compleja de la ladera y de los trabajos de estabilización prolongan ya ochos días la angustia en el entorno de Zaldibar. Los parones intermitentes en las labores de búsqueda, los incendios y la sospecha de posibles emisión de gases han alertado a las poblaciones cercanas de Eibar y Ermua. Las consejerías implicadas han recurrido incluso a empresas especializadas procedentes de Holanda para avanzar en la retirada de las tierras sin precipitar un nuevo deslizamiento ni riesgos para la salud.

No fue hasta este miércoles cuando se constituyó una mesa técnica para llevar adelante la operación de rescate de los cuerpos de Alberto y Joaquín y de retirada de las toneladas de tierra inestables. En ella están representados hasta cinco consejerías del Gobierno, la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos de la zona. La Mesa técnica ya anuncio un plan y se comprometió a informar de manera diaria.

En la estrategia de revertir la situación ayer se llegó incluso a anunciar un Fondo Interinstitucional de emergencias –Gobierno, diputaciones y ayuntamientos- para afrontar casos como el de Zaldibar al que en realidad ya se habían comprometido en 2018. Fue un anuncio en el seno del Consejo Vasco de Finanzas –órgano de reparto de la recaudación de las Haciendas vascas para la financiación de las instituciones- pero sin fechas ni cantidades a aportar.

La presión llega también desde los sindicatos, que han visto en el accidente de Zaldibar una ratificación a parte de las denuncias en las que justificaron la huelga general que las centrales abertzales convocaron, con poco seguimiento, el pasado 30 de enero. En lo que vamos de 2020 en el País Vasco son ya once las muertes en el trabajo, a las que se suman las dos desapariciones ocurridas en Zaldibar.

A lo largo de la semana, las movilizaciones para denunciar el modo en el que se ha gestionado el siniestro continuarán. Para el sábado hay convocadas movilizaciones por parte de colectivos ecologistas en diversas localidades cercanas. En los últimos días los servicios técnicos del Gobierno vasco han redoblado sus mensajes defendiendo la salubridad del aire y el agua de la zona, en un afán por calmar los temores de los vecinos. La presencia de amianto y otras posibles sustancias peligrosas en la tierra desprendida del vertedero industrial ha generado muchas dudas por la posible contaminación de la red de agua. Un extremo que incluso le ha llegado a generar problemas entre sus propios ayuntamientos. Los consistorios de Zalla y Mallabia, ambos del PNV, se han negado a acoger en sus vertederos las tierras procedentes de Zaldibar.

El único suspiro del PNV en estos ocho días se lo brindó ayer la televisión pública vasca. Una encuesta preelectoral de EiTB auguraba una subida importante del PNV en las elecciones del 5 de abril. A la formación de Ortuzar y Urkullu le concedía entre 31 y 32 escaños, frente a los 28 que posee ahora en el Parlamento Vasco. Una representación que junto al incremento que otorgaba al PSE, socio de Gobierno, que pasaría de los 9 asientos actuales a entre 11 y 12, le permitiría reeditar la coalición con una amplia mayoría absoluta. Sin embargo, el sondeo se realizó antes del accidente de Zaldibar y de la convocatoria electoral, por lo que su incidencia en las urnas es por ahora una incógnita.