Joaquim Forn se incorporará al equipo jurídico de Mediapro y ese nuevo empleo le servirá para acogerse al artículo 100.2 del régimen penitenciario y salir de prisión para trabajar en unas condiciones similares a las del tercer grado penitenciario. Así lo ha reconocido el propio presidente de Mediapro, Jaume Roures, que ha anunciado el "fichaje" de Forn en declaraciones a RAC1. Forn se suma así a los permisos obtenidos por Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carme Forcadell, todos ellos condenados por su participación en el 1-O y beneficiados por una práctica que, según los sindicatos de prisiones de Cataluña, es habitual en las instituciones regentadas por la Generalitat.

El ex conseller de Interior de la Generalitat podrá abandonar el centro penitenciario de Lledoners durante 12,5 horas al día cinco días por semana, de lunes a viernes, gracias a la oferta de trabajo de Mediapro. Forn asumirá la gestión de las relaciones legales con administraciones públicas, ha explicado Roures.

Joaquim Forn será el tercer beneficiado de los permisos otorgados por la dirección de Servicios Penitenciarios de la Generalitat en aplicación de esta medida, que supone una flexibilización extraordinaria de las condiciones de reclusión de los condenados para favorecer su reinserción social. Ésta ha servido ya para habilitar la salida de Jordi Cuixart, quien el pasado jueves se reincorporó a sus responsabilidades en la empresa de maquinaria de empaquetado de la que es propietario en Sentmenat (Barcelona).

O Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament, que hoy ha abandonado por primera vez la prisión de Mas d'Enric, situada en El Catllar (Tarragona), para hacer tareas de voluntariado y cuidar a su madre.

La misma vía, la aplicación del artículo 100.2 ha servido para autorizar la salida durante tres días por semana para cuidar a su madre. La Junta de Tratamiento de Mas d'Enric acordó el pasado miércoles que Forcadell estas salidas.

La ex presidenta del Parlament no ha hecho declaraciones a las puertas del centro penitenciario, donde le esperaba su esposo, y se ha limitado a lanzar un mensaje en Twitter: "Persistimos".

Oposición de la Fiscalía

La Fiscalía ha expresado ya su oposición a la concesión de estos permisos, que servirán previsiblemente para flexibilizar el régimen penitenciario de todos los condenados por su participación en el referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia. El Ministerio Público se opuso la semana pasada a la concesión del permiso a Cuixart, recordando que la aplicación del artículo 100.2 debe ser "excepcional" y su interpretación es "restrictiva".

La Fiscalía recuerda que el 100.2 debe ir asociado al tratamiento del interno y señala hacerlo de modo genérico, como en el caso del presidente de Ómnium, "es una forma espuria de otorgar una clasificación en tercer grado". El informe concluye además que la cantidad de horas que Cuixart pasa fuera de la cárcel -más de doce horas, cinco días por la semana- acaba siendo una "cobertura para dar acceso a un tercer grado encubierto".

Sin embargo, ese es exactamente el objetivo buscado por la administración catalana. De hecho, cuando la Secretaria de Servicios Penitenciarios acordó la clasificación de los condenados por el 1-O en segundo grado penitenciario tanto JxCat como los abogados de Forn, Jordi Turull y Josep Rull montaron en cólera, acusando a ERC -en cuyas manos está la Conselleria de Justicia- de no hacer suficiente por defender los intereses de los dirigentes independentistas en prisión.

Desde Esquerra, sin embargo, ya se advirtió entonces de que la mejor vía era la aplicación del segundo grado y, posteriormente, acogerse al artículo 100.2. Esta vía no exige la revisión de oficio del juez de vigilancia penitenciaria y limita la capacidad maniobra de la Fiscalía contra esta medida, como se ha visto ahora.