Las sucesivas denuncias presentadas entre 2016 y 2018 por la granadina Juana Rivas contra su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri, por presunto maltrato contra ella y sus hijos tanto en Italia como en España no cumplen los requisitos para aparecer en el registro de la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, de la que se extrae habitualmente el dato de que sólo el 0,01% de las denuncias por violencia de género presentadas anualmente en España son falsas.

Este lunes, el Tribunal de Cagliari (Italia) ha dictado un auto en el que archiva todas las denuncias presentadas por Juana Rivas -condenada a cinco años de prisión por el secuestro de sus dos hijos por un juzgado de Granada y la Audiencia de dicha provincia a la espera de que el Supremo resuelva su recurso contra ambas decisiones- contra su ex pareja.

Dichas denuncias de Rivas, que la Justicia italiana considera "inverosímiles" en el auto adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso El Independiente sólo podrían aparecer en el registro de denuncias falsas por violencia de género en caso de que Arcuri presentara denuncia por falsedad contra Rivas y el nuevo procedimiento judicial se saldara a su favor. Además, éste podría demandarla únicamente por las denuncias de Rivas contra las que hubiera un sobreseimiento libre, no provisional.

Extracto del auto de archivo del Tribunal de Cagliari (Italia) contra las denuncias de Juana Rivas

La querella que sí contaría como falsa

En España, según ha podido saber este diario de fuentes de la defensa de Arcuri, sólo hubo un sobreseimiento libre de una de las querellas de Rivas contra su ex pareja por presunta falsedad. Ésta expuso en un juzgado de primera instancia de Granada que Arcuri, "con el fin de que los hijos de querellante y querellado, menores de edad, le fueran devueltos y regresaran al domicilio paterno en Italia, aportó a las autoridades españolas documentos falsos en los que se decía que los menores tenían la nacionalidad italiana, cuando ello no es así pues nacieron en España y son españoles".

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada resolvió que "la demanda presentada en el juzgado de primera instancia nº 3 (Familia) de Granada interesando la devolución de los menores a su residencia en Italia la presenta el Abogado del Estado Español a requerimiento del Estado Italiano y no Francesco Arcuri que instó, conforme al convenio de La Haya aplicable al caso del Gobierno italiano tramitara la devolución de los niños al país de su residencia y aportó la documentación precisa para ello ante el Gobierno italiano, sin que se detectara ni por el Gobierno italiano ni por el español falsedad alguna y, además, en ningún momento se ha discutido ni negado que los niños nacieran en España y sean españoles, lo que sucede es que tienen su residencia en Italia y son también italianos al ser hijos de padre italiano y, tanto Francesco Arcuri como Juana Rivas firmaron la solicitud de carta de identidad de los menores el día 10 de Mayo de 2016 para que éstos, residentes en Italia, pudieran viajar al extranjero".

En aquél sobreseimiento, la magistrada Rosa María Ginel ya deslizó que veía una doble intención en la querella de Rivas. "No podemos dejar de preguntarnos si existe algún interés en Juana Rivas de mantener algún procedimiento penal en trámite contra Francesco Arcuri", se puede leer en el auto dictado el 7 de diciembre de 2019.

Auto de sobreseimiento libre de una denuncia de Juana Rivas contra Francesco Arcuri en Granada

El abogado español de Francesco Arcuri, Enrique Fabián Zambrano, avanza que su defendido está dispuesto a emprender acciones legales contra Rivas por dicha denuncia falsa.

Arcuri demandará por un presunto delito contra el honor a quienes compraron la versión de Juana Rivas acusando a Arcuri de maltratador

También que está dispuesto a demandar por un presunto delito contra el honor a aquellos medios de comunicación y personas que compraron la versión de Juana Rivas acusando a Arcuri de maltratador. La Justicia italiana rechaza la veracidad de las cartas que tanto ella como sus hijos (según la defensa de Arcuri a instancias suyas) redactaron y en las que trasladaban situaciones de maltrato contra ellos, así como llevó a los niños a un hospital con daños físicos "ficticios".

Manifestaciones de Rajoy y Delgado

Enrique Zambrano recuerda que incluso el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió a Rivas y acusó de maltrato a Arcuri mientras la primera estaba en paradero desconocido con sus hijos a pesar de que un juzgado ordenó que entregara a los niños al padre puesto que la Justicia italiana le había retirado la custodia. En julio de 2017, Rajoy afirmó: "Hay que ponerse en el lugar de esta madre. Hay que ser consciente de lo que le ha ocurrido: un matrimonio, ha tenido que irse a Italia, ha tenido que volver, ha sido dos veces agredida, su marido ha sido condenado por los tribunales... A las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas y luego está todo lo demás".

También la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, escribió al ministro de Justicia italiano, Alfonso Bonafede, para interceder a favor de Rivas. En un documento remitido a éste, la ministra trasladó que "el Ministerio ha tenido conocimiento de la preocupación de Juana Rivas por el bienestar de sus hijos por determinados hechos que podrían haberse producido en Carloforte [lugar de residencia de los niños con el padre] y que podrían haber provocado una situación de riesgo para los menores", según publicó el diario El Mundo.

Marchena será el ponente de la sentencia

Está previsto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelva próximamente el recurso de casación de Juana Rivas contra la condena a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores (secuestro) impuesta por dos instancias anteriores.

El presidente de la Sala Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, será el ponente de la sentencia de las diligencias 1665/2019. En esta causa, el fiscal Fernando Prieto presentó sus alegaciones a favor de que Rivas no sea condenada en firme por dos delitos de sustracción de menores sino por uno, según el artículo 225 bis del Código Penal que estaría penado con dos años de prisión en lugar de con cinco, a los que fue condenada por la Audiencia de Granada.