"Nosotros defendemos a toda la escuela catalana, y eso incluye a la escuela concertada, no diferenciamos". La aclaración la hacía ayer Marc Solsona, portavoz del PDeCat, después de que la escuela concertada se levantara en pie de guerra contra el Govern. El motivo: el decreto de admisiones aprobado por el Govern a instancias del conseller de Educación, el republicano Josep Bargalló, que define nuevos criterios de admisión de alumnos con dificultades para que también la concertada parte de el alumnado en riesgo de exclusión y no se concentre en la pública. El problema: en ningún punto del decreto, ni de los presupuestos aprobados por el Govern se recoge partida alguna para ayudar a la concertada a asumir los costes de esos alumnos.

La escuela ha sido uno de los pilares básicos en los que se ha apoyado el nacionalismo catalán para su penetración en la sociedad catalana. Formaba parte del informe Cataluña 2000 en el que Jordi Pujol plasmó en los años 80 del siglo pasado su proyecto para recatalanizar Cataluña. Y siguió siendo uno de los puntos de apoyo básicos en el desafío independentista liderado en 2017 por Carles Puigdemont.

Los directores de colegios se pusieron mayoritariamente a disposición del Govern para facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Lo defendieron abiertamente en las aulas tras la celebración de la consulta. Y el sindicato Ustec, mayoritario en la enseñanza, ha sido junto la intersindical independentista el que más fielmente ha seguido las convocatorias de "paros de país" posteriores. Y este apoyo fue mayoritario también en la escuela concertada, tradicionalmente muy cuidada por el nacionalismo pujolista.

Bargalló parece haber roto ahora esa alianza, un agravio al que no se atrevió el tripartito liderado en su momento por los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla. Lo ha hecho amparándose en el Pacto contra la Segregación Escolar abanderado hace un año por el Síndic Rafael Ribó, en el que se denuncia la segregación escolar por nivel económico en determinados centros.

Para combatirla, el decreto de Bargalló propone medidas para que la concertada asuma la escolarización de alumnos en riesgo de exclusión. Pero no las acompaña de recursos económicos, y avanza la posibilidad de cerrar grupos en la concertada al limitar la capacidad de los padres de inscribir a los niños en estos colegios hasta el mes de septiembre, como sucedía hasta ahora.

121.000 firmas contra el decreto

En una semana las asociaciones representantes de la escuela concertada recogieron y presentaron ante el Departamento de Educación un total de 121.604 alegaciones al redactado del decreto de admisión de alumnos que el Govern tiene previsto aprobar en las próximas semanas. En los escritos se alega que la nueva normativa incumple el pacto contra la segregación firmado por toda la comunidad educativa, por cuanto no se contempla ayuda económica a las escuelas que escolaricen alumnado desfavorecido.

“La financiación insuficiente provocará un sobrecoste que deben sufragar los padres, o la asfixia económica de la escuela”, advierten miembros de la Confederación Cristiana de Padres y Madres de alumnos de Cataluña (Ccapac) y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres (Fapel), encargados de presentar las alegaciones en la conselleria, recogidas por todos los colectivos de la concertada.

También aseguran que el decreto “pretende restringir el derecho de los padres y las madres a la elección de escuela, porque se pueden suprimir unidades antes de que los padres hayan podido manifestar sus preferencias”. Hasta el momento, los padres podían solicitar plaza en escuelas concertadas hasta el mes de septiembre y los grupo que no cubrían el mínimo de alumnos por aula perdía el concierto.

Corrección en los presupuestos

Los responsables de la concertada lamentan además que el Govern sólo dio un plazo de siete dias habiles para presentar alegaciones al decreto, lo que ha limitado la capacidad de reacción del sector. Aun así, las 122.000 firmas recogidas avalan el peso de un sector que tradicionalmente se había encuadrado entre los votantes de CiU y PP. Tanto los populares como los herederos de Unió se apresuraron la semana pasada a declarar su apoyo a la concertada.

Pero desde JxCat, socios de gobierno de ERC, no ha habido respuesta oficial al envite de Bargalló, quien insiste en los medios en que "el decreto de admisión saldrá adelante" en sus términos actuales. No es lo que afirma Solsona, que ayer intentaba matizar la postura del Govern y aseguraba que hay tiempo para reconducir la medida vía presupuestos. "Queremos que se entienda el despliegue de pacto contra la segregación escolar en toda su amplitud", aseguró ayer el portavoz neoconvergente, apuntando a la necesidad de "dotar presupuestariamente" la medida.

Solsona no quiso definir hasta dónde llega su apoyo a la concertada, pero recriminó a Bargalló que el decreto "no afronta la globalidad" del problema de la segregación escolar señalado por Ribó, ni recoge todas las medidas que condujeron al compromiso del conjunto de la comunidad educativa.