Será la primera vez que dé explicaciones precisas sobre lo ocurrido. Las únicas referencias a la que apunta a convertirse en la mayor crisis de la legislatura se remontan al lunes día 10, durante su comparecencia para anunciar el adelanto electoral. Y no las dio por iniciativa propia sino a preguntas de los periodistas y con evidentes síntomas de enfado e incomodidad. Entonces el lehendakari Iñigo Urkullu calificó lo ocurrido de un “accidente laboral” y aseguró que no acudiría físicamente al lugar por “las campañas de Twitter”. Habían pasado entonces cuatro días desde el siniestro del vertedero de Zaldibar que mantiene aún hoy, doce días más tarde, a dos operarios sepultados y a un área de 50.000 habitantes bajo la recomendación de no abrir las ventanas de su casa y evitar respirar el aire que les rodea.

Hoy Urkullu deberá esclarecer cuestiones que van desde por qué rechazó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), hasta las causas que llevaron a asegurar desde el primer momento que la calidad del aire era óptima para desmentirlo ocho días más tarde, la falta de asunción de medidas para corregir las denuncias sobre el estado del vertedero o la presencia de servicios de emergencia en el lugar durante horas sin alertar del riesgo de amianto en la tierra que removían.

La declaración del lehendakari ocurre en plena precampaña electoral de cara al 5 de abril y con toda la oposición y amplios sectores sociales en su contra dispuestas a emplear el siniestro para el desgaste del candidato del PNV y su coalición con el PSE. Ni siquiera los suyos se atreven a defender abiertamente la gestión de la ‘crisis de Zaldibar’ hecha por el Ejecutivo. Desde el PNV pocas voces lo han hecho y en el PSE –titular de la cartera de Medio Ambiente y de la de Trabajo- hace días que guardan silencio. Esta mañana el lehendakari comparece a petición de EH Bildu en la Diputación Permanente para dar explicaciones. También lo harán, a petición del PP y Elkarrekin Podemos, sus consejeros de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Trabajo.

La secuencia iniciada la tarde del 6 de febrero se ha ido complicando a cada día que ha pasado. Lo que en un primer momento pareció el desprendimiento de la ladera de un monte sobre la autopista A-8 entre Bilbao y San Sebastián no tardó en convertirse en un drama humano, por la dificultad para localizar a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Después pasó a ser un accidente con un inquietante impacto medioambiental y social y ha terminado por transformarse en una crisis política sin precedentes en el actual gobierno de coalición.

La sesión que comenzará a las 9.30 horas de esta mañana en el Parlamento Vasco deberá dar respuesta a muchas preguntas que desde hace días sobrevuelan el ambiente social y político en Euskadi. Una cuestión que no sólo se prolongará durante meses –se estima que estabilizar la ladera puede requerir seis meses- sino que ha dañado como ninguna otra la credibilidad y la imagen de gestión que hasta ahora enarbolaba el PNV y sus instituciones.

10 preguntas sin respuesta

La falta de coordinación, las dificultades de comunicación y la gestión de la información han sido el lastre que ha arrastrado a los responsables de la Administración. Por todos los medios han procurado desprenderse de cualquier responsabilidad y cargar toda la culpa sobre la empresa propiedad del vertedero y blindar, al menos inicialmente, a los altos cargos del Gobierno dejando en manos de viceconsejeros y técnicos la gestión y presencia pública. Urkullu visitó dos días después de asegurar que no lo haría por presiones de las redes sociales el lugar y a las familias. Y lo ha hecho en varias ocasiones después. Sin embargo, el servicio de comunicación del Ejecutivo ha ocultado y protegido al lehendakari, de quien no ha habido ni escenas en el lugar ni declaraciones sobre lo sucedido. A Urkullu sólo lo han dejado ver al frente de la mesa técnica.

1.- Sabedor de las irregularidades y denuncias del estado del vertedero, ¿Por qué no se actuó antes para subsanar las deficiencias?

La primera constancia del mal estado del vertedero se remonta a junio de 2019. Entonces una inspección técnica detectó incumplimientos en el vertedero, como fallos en la medición de contaminantes en una de sus chimeneas y depósitos no autorizados. Ahora ha trascendido que los trabajadores, entre ellos uno de los que se encuentra sepultado –según revela la familia- ya denunció la existencia de grietas e inestabilidad en la ladera. Sin embargo, la actividad del vertedero continuó. El cruce de informes y alegaciones de Gobierno y empresa durante meses no llegó a ninguna sanción. Medio Ambiente afirmó días después de la caída de la ladera que “estaba a punto” de imponer una sanción.

2.- ¿Estaba el vertedero al límite de su capacidad? ¿Los vertidos eran los autorizados en tipología, tratamiento y cantidad?

Uno de los elementos que se está analizando es si el vertedero propiedad de Verter Reciclyng 2002 recibía un volumen de vertidos que superaba el permitido. Algunas informaciones apuntan a que el volumen depositado era muy superior al previsto para la vida útil que se había autorizado al vertedero. Junto a ello, lo que los servicios de inspección del Gobierno deberán esclarecer es el modo en el que los vertidos, muchos de los cuales eran peligrosos, eran tratados, así como si la tipología de los mismos era la permitida para esas instalaciones.

3.- ¿Por qué se tardó casi diez horas en alertar del riesgo por la presencia de amianto para los trabajadores de los servicios de rescate?

Cuando la tarde del jueves 6 de febrero la ladera del vertedero de Zaldibar se vino abajo, se estima que más de 500.000 de metros cúbicos –algunos expertos incluso elevan esa cantidad a 1.000.000 m3- la prioridad fue el rescate de los dos operarios sepultados. Allí se desplazaron efectivos de la Ertzaintza y los bomberos con unidades caninas, todos sin ningún tipo de protección. Hasta las 01.30 horas rastrearon el lugar sin descanso, hasta que se ordenó paralizar los trabajos de búsqueda por la presencia de amianto. Durante la comparecencia de hoy ésta será una de las cuestiones a esclarecer.  

4.- ¿Se rechazó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia (UME)?

La confusión inicial dio paso al abordaje del siniestro como el de un accidente de gran impacto, humano y medioambiental. La inestabilidad de la ladera y las dificultades para llevar adelante el rescate hizo que, según informó el Grupo Vocento, el Gobierno de Urkullu rechazara la colaboración de la UME. El argumento esgrimido fue que la intervención no estaba condicionada por el número de efectivos sino por la dificultad de la actuación a consecuencia de los residuos peligrosos, la fragilidad de la ladera y la existencia de incendios difíciles de sofocar al no poder emplear agua.  

5.- ¿Por qué se aseguró durante ocho días que no existía ningún riesgo por la calidad del aire en el entorno de Zaldibar, Ermua y Eibar -50.000 habitantes- y se alerta de su peligro el pasado viernes?

Desde el inicio de la crisis los servicios del departamento de Salud y Medio Ambiente insistieron en que no existía ningún riesgo ni en el consumo de agua ni en el aire. De forma reiterada las quejas de los vecinos por el olor e incluso molestias en garganta y ojos por el aire que salía de los incendios generados en el vertedero por la combustión de gases tras el accidente fueron respondidas con informes sobre la salubridad del aire. El pasado viernes, en cambio, si informó de la remisión de los resultados de una muestra remitida a CESIC, de la que no se había informado, que alertaba de la presencia de dioxinas y furanos en niveles entre 40 y 50 veces más altos de los habituales. Se ha recomendado, al menos hasta este jueves, cuando se recibirán nuevos datos, no ventilar las casas, cerrar las ventanas y no hacer deporte ni exponerse por tiempo prolongado al aire de la zona. Los últimos datos de los controles realizados han constatado la presencia de restos de amonio en dos ríos cercanos y que proceden de la contaminación por los restos del vertedero desprendido.

Ayer la Universidad del País Vasco emitió una circular desaconsejando a las estudiantes que pudieran estar embarazadas asisitir a la Escuela de Ingeniería que el centro posee en Eibar por el riesgo de contaminación en el aire.

7.- ¿Por qué se tarda siete días en constituirse la mesa técnica para abordar la crisis de Zaldibar?  

No fue hasta el día 13 de febrero, una semana después del siniestro, cuando se constituyó la mesa de expertos presidida por Urkullu para abordar la situación en Zaldibar. En ella están presentes diversas consejerías del Gobierno, la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Zaldibar. Un órgano con el que las instituciones han intentado compensar las críticas de ausencia al frente de la crisis.

8.-  Desinformación, alarma y política comunicativa descoordinada.

Ha sido una constante a lo largo de todos estos días. En un reflejo de que lo sucedido no fue bien evaluado inicialmente. El Gobierno descuidó la gestión de la información lo que ha suscitado no sólo acusaciones de falta de transparencia sino alarma y un rosario de rectificaciones. Muestra de ello fue ver cómo en las primeras horas altos cargos del Gobierno ni siquiera se referían a ello o que incluso tuiteaban sus hazañas montañeras, como hizo el portavoz, Josu Erkoreka, mientras el desastre medioambiental y humano iba tomando fuerza en las redes sociales. A ello se suma la ausencia inicial de Urkullu en el lugar o las rectificaciones de varias informaciones facilitadas, fundamentalmente las relativas al impacto nocivo de las emisiones de gases. La falta de información, denunciada incluso por los familiares de los dos desaparecidos, ha precipitado la generación de alarma por una incorrecta comunicación. Durante la llamada a evitar la exposición a las dioxinas el director de Salud, Juanjo Aurrekoetxea, aludió al caso del expresidente ucraniano, Víctor Yuschenko, envenenado en 2014 con dioxinas o al efecto “cancerígeno” de las mismas. La comparación obligó horas después a modular el mensaje del impacto nocivo de las emisiones. Una política comunicativa que tendrá hoy otra muestra con la suspensión de la tradicional rueda de prensa que tras el Consejo de Gobierno se suele celebrar y que hoy el Ejecutivo ha anulado.

9.- ¿Cuál es el control de los vertederos de residuos peligrosos que se hace en Euskadi? ¿Están al borde de la saturación? ¿No existe un plan para el traslado de los restos contaminados?

Desde el Gobierno vasco se ha reconocido que el accidente de Zaldibar supone “un antes y un después” y que ha puesto el foco sobre el estado de los 15 vertederos en el País Vasco. La situación de saturación que existe en los mismos y la incapacidad de plantear hoy por hoy un plan para reubicar los restos de la planta siniestrada ha llevado a contemplar la posibilidad de tener que sellarlos en el lugar. Ahora el problema para el que el Gobierno aún no ha encontrado solución es dónde llevar los vertidos de las más de 700 empresas que los depositaban en Zaldibar. Para hacer frente a la saturación que ya no se oculta se contempla limitar los procedentes de Francia y derivar parte de los generados en Euskadi a vertederos de Cantabria.

10.- ¿Cómo se asumirá la asunción de responsabilidades políticas y judiciales?

Por el momento en el ámbito judicial se han abierto diligencias previas en un juzgado de Durango por un posible delito medioambiental y laboral. Las diligencias por ahora se han declarado secretas. En el ámbito político la oposición ha pedido al Ejecutivo que asuma su responsabilidad. Quien con mayor contundencia lo ha hecho, y hoy volverá a reclamarlo en la Diputación Permanente, será EH Bildu. Su líder, Arnaldo Otegi, ya ha pedido la dimisión de Urkullu. El caso llega a poco más de un mes de que se inicie la campaña electoral al Parlamento Vasco. Por ahora, las encuestas otorgan al PNV una holgada mayoría. Incluso el último sondeo realizado por EiTB le concedía al Gobierno de coalición una amplia mayoría absoluta, si bien la encuesta se había realizado antes de la convocatoria electoral y del accidente del vertedero de Zaldibar.