La Fiscalía ha recurrido de nuevo la concesión de permisos penitenciarios a Jordi Cuixart, presiente de Ómnium condenado a 9 años de prisión por su participación en el 1-O. El Ministerio Público considera que ese permiso "es prematuro, por el escaso tiempo de cumplimiento en relación a la pena impuesta", y advierte de que "además frustra, en gran medida, los fines de la pena de prevención general y especial e incluso de rehabilitación". Lo hace criticando el fallo de la juez de vigilancia penitenciaria, que la semana pasada acordó la concesión de un permiso de 72 horas en contra del criterio de la Fiscalía, advirtiendo que Cuixart sufre "importantes distorsiones cognitivas".

El escrito de la Fiscalía es duro con Cuixart, pero también con la juez de vigilancia penitenciaria, a la que recuerda que el líder independentista fue condenado por saltarse la ley, no por sus ideas políticas. En su escrito, la juez advertía que no se puede pedir a Cuixart que realice un programa específico «para cambiar o modificar su pensamiento o ideología política, sin duda refiriéndose a la voluntad del interno de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación de Cataluña, de forma pacífica y no violenta».

"Nuestro informe de oposición recoge expresamente que el interno ha de someterse a un programa específico de tratamiento que 'le ayude a comprender que para alcanzar los fines que pretende, legítimos en la generosa Constitución Española, no hay otra vía que la de la modificación legislativa por las vías legales" advierte la Fiscalía en su recurso ante la Audiencia de Barcelona para negar que pretenda obligar a Cuixart a cambiar de ideología, como sostenía la juez de vigilancia penitenciaria.

Ademñas, recrimina a la juez que "olvida que el interno no ha sido condenado por reivindicar el derecho a decidir, lo que repetimos, es totalmente legítimo y respetable, sino por haber hecho tal reivindicación fuera de los cauces legalmente establecidos".

En este sentido, el Ministerio Fiscal pone en duda que Cuixart pueda "realizar una vida normalizada, entendida como respeto a las pautas de convivencia de la sociedad, a las normas que rigen nuestras sociedad y no a lo que él considera “ley superior”, porque el líder de Ómnium "no ha asumido la comisión de los hechos por los que cumple condena", lo que a su juicio incrementa "el riesgo de que el permiso se use para la comisión de nuevos delitos o para la realización de conductas contraproducentes para los fines de tratamiento penitenciario".

No en vano, considera que del informe del psicólogo de instituciones penitenciarias sobre Cuixart se desprende que el líder independentista "persiste en distorsiones cognitivas resistentes al cambio". Y que esta incapacidad de asumir que ha cometido un delito hace inviable la concesión de permisos penitenciarios, especialmente si el penado no se somete a ningún programa de reinserción.

Cuixart, concluye la fiscal, "tiene derecho a reinvidicar su inocencia" pero si no es capaz de asumir como necesario el cumplimiento de Código Penal, no puede ser beneficiario de permisos penitenciarios. Unos permisos que, tal como recuerda el Ministerio Público, no son un "derecho" del recluso sino potestad de los servicios penitenciarios para favorecer la reinserción.