El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha interpuesto una querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que atribuye la posible comisión de un delito de prevaricación al discriminar en la concesión de medallas a policías desplegados también en Cataluña y que reúnen los mismos méritos que los condecorados.

Se trata de una de las tres organizaciones con representación en el Consejo de Policía -junto a Jupol y la CEP- que ha acudido a los tribunales para denunciar el "reparto injusto" de las medallas a los agentes que participaron en la Operación Ícaro, el refuerzo desplegado por Interior en Cataluña ante los disturbios provocados por los radicales independentistas tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia del procés.

El SUP ha acudido a la vía penal para que se depuren responsabilidades y ha presentado querella ante la Sala Segunda del Supremo, dado que Grande-Marlaska goza de aforamiento ante este órgano jurisdiccional. El sindicato pide al Alto Tribunal que investigue la posible comisión de un delito de prevaricación, castigado con inhabilitación.

Con motivo del 196 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional, el titular de Interior presidió el pasado 29 de enero el acto de entrega de 322 medallas al mérito policial a funcionarios desplegados en Cataluña entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre: una de plata y siete con distintivo rojo (ambas con aumento vitalicio de pensión) a los agentes que resultaron más gravemente heridos, así como otras 315 medallas en su modalidad blanca (entre ellas una a título póstumo a un comisario aragonés destinado en Girona). Los reconocidos son tan sólo una parte de los movilizados, mayoritariamente adscritos a las Unidades de Intervención Policial (UIP) o 'antidisturbios'.

La organización sindical considera que la decisión de reconocer a los policías que participaron en la Operación Ícaro era "necesaria" para reconocer "el riesgo asumido" por aquéllos ante las "tácticas de guerrilla terrorista" que emplearon los radicales en las calles de Barcelona durante varias semanas de octubre, pero el criterio de reparto "ha supuesto discriminar a otros muchos funcionarios que participaron en el mismo despliegue y con responsabilidades y riesgos idénticos a los de quienes sí han recibido una medalla por aquel excelente servicio".

El sindicato policial ve prevaricadora la decisión de dejar fuera del reparto a agentes que asumieron los mismos riesgos que los condecorados

Por ello, el SUP quiere que se investiguen las actuaciones que llevaron a aprobar esta "distribución selectiva" de condecoraciones para que se determine si de la decisión se derivan responsabilidades penales. En concreto, el sindicato aprecia indicios de prevaricación.

La propuesta de reconocer profesionalmente a los 322 funcionarios la aprobó la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía en su reunión del pasado 27 de enero, tan sólo unas horas antes de que la firmara Grande-Marlaska y que se publicara ese mismo día en la orden general del Cuerpo.

En paralelo, el SUP ha elaborado un modelo de reclamación para que lo pueda cumplimentar cada policía afectado por la decisión de Interior, al tiempo que anuncia que irán al orden Contencioso-Administrativo si son rechazadas las peticiones por la Dirección General de la Policía. Este sindicato ya mostró su malestar por el criterio seguido por Grande-Marlaska no acudiendo al acto de entrega.

Por lo penal y por lo contencioso

Como ha informado El Independiente, la Confederación Española de Policía (CEP) también ha llamado a la puerta de los tribunales para combatir el acuerdo de la Dirección de la Policía que ha dejado sin condecoraciones a centenares de agentes. Este sindicato, sin embargo, ha acudido a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que ya ha requerido a Interior el expediente administrativo completo que instruyó para la concesión de estas medallas.

De forma expresa, el juez quiere conocer si se han seguido las instrucciones establecidas al efecto por la Dirección General de la Policía el 31 de enero de 1988, "con indicación de las autoridades y funcionarios intervinientes", y las obligaciones previstas en la resolución en materia de propuestas de ingreso en la orden al mérito policial (11 mayo de 2012).