Santi Vila, ex conseller de Cultura de la Generalitat y dirigente del PDeCat hasta que el 26 de octubre de 2017 abandonó el Govern en protesta por la inminente declaración unilateral de independencia tiene sus bienes técnicamente embargados por la Justicia. No por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O, hechos por los que ha sido condenado por malversación. Sino por retener las obras de arte sacro del Monasterio de Sijena, desobedeciendo una sentencia del Juzgado de Instrucción 1 de Huesca, ratificada después por la Audiencia de Huesca.

Santi Vila, denunciado junto a su sucesor, Lluís Puig, por retener esas obras mientras la Generalitat recurría la decisión del Juzgado de Huesca, pidió apoyo a principios de mes a la Caja de Solidaridad impulsada desde entidades independentistas como Ómnium y la ANC para apoyar a los líderes independentistas. Pero la entidad, dirigida por los ex presidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach, se negó a apoyarle.

Vila, acusado de desobediencia, debe hacer frente a una petición de fianza de 216.000 euros impuesta por el Juzgado 3 de Huesca, que impuso a Puig otra fianza de 88.000 euros. La Puig, actualmente fugado en Bélgica junto a Carles Puigdemont, Toni Comín y Meritxell Serret, sí ha sido satisfecha por la Caja de Solidaridad. En el caso de Vila, sin embargo, los líderes independentistas no le perdonan haber saltado del barco en el último momento, antes de la declaración de independencia.

El ex conseller debía haber depositado la fianza en enero, pero pidió un aplazamiento que ha caducado ahora. El abogado Jorge Español, que ejerce la acusación en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, el embargo judicial se hará efectivo entre hoy y el próximo lunes, después de que entrara en vigor ayer. El juzgado ha completado la instrucción del caso, que debería verse en fase oral a lo largo de este año.

El proceso judicial arranca en 2015, y tanto los tribunales españoles como los religiosos del Vaticano han dado la razón reiteradamente a las monjas de Sijena sobre la titularidad de las obras de arte sacro del monasterio. Pero la Generalitat se resistió a devolver las piezas hasta que en diciembre de 2017, aprovechando la aplicación del artículo 155, el ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo acordó el traslado de las 44 obras desde el Museo de Lleida al Monasterio de Sijena.

El proceso judicial

En 2015, un juzgado de Huesca declaró nulas de pleno derecho las compraventas de piezas a las monjas de Sijena por parte de la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por parte del Museo de Arte de Cataluña en 1994. Consideró que la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena seguía siendo el propietario.

Ese mismo año, el mismo juzgado aragonés obligó a ejecutar provisionalmente la sentencia y a trasladar inmediatamente al monasterio 44 piezas del denominado tesoro de Sijena que se encontraban en el museo de Lérida. En 2017, el ex consejero de Cultura Santi Vila dictó una orden por la que no se autorizaba la disgregación de las piezas que restaban en el Museo de Lérida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes al Monasterio de Sijena. De ahí que la Fiscalía le acusara de los delitos de desobediencia y usurpación de atribuciones judiciales por los que la justicia volverá a sentarle en el banquillo.