Sergio Cebolla (42 años, Sevilla) el abogado del Partido Laócrata que ha presentado sendas querellas ante los juzgados de Madrid contra los funcionarios públicos que pudieron tener responsabilidades en la reunión entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y contra éste último por presunta prevaricación ante el Tribunal Supremo, rivalizó con Pedro Sánchez para la secretaría general del PSOE.

Cebolla fue uno de los cuatro candidatos que concurrieron a las primarias del PSOE en el año 2015 para ocupar la secretaría general del partido. En aquel momento, pertenecía al grupo de confianza de Susana Díaz en Sevilla, ocupaba el cargo de secretario de dinamización del PSOE de la capital andaluza, aunque lo compaginaba con su actividad profesional como letrado y administrador de fincas. Cebolla hizo campaña contra Sánchez enarbolando el lema de que "el partido debe rendir cuentas ante la gente y no ante los bancos". En aquellas primarias concurrieron Sánchez, el médico granadino y militante del PSOE en Puertollano (Ciudad Real) Manuel Pérez García y el también militante tinerfeño Pedro Antonio Ibáñez. Finalmente, el ahora presidente del Gobierno Pedro Sánchez los barrió a todos.

Ahora, Cebolla está al frente del Partido Laócrata que, según el significado original de la palabra griega, busca que los ciudadanos de a pie ejerzan directamente la política buscando a sus candidatos entre la ciudadanía. En conversación con El Independiente, Cebolla afirma que su partido busca con sus iniciativas, también con la presentación de la querella contra Ábalos, "defender a la ciudadanía de los abusos políticos" y "luchar contra la partitocracia".

El juez del caso Rato se ocupará de la querella

La querella de Laócratas contra los funcionarios públicos, agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y trabajadores de las compañías de Seguridad que pudieron tener responsabilidad en el ya conocido como Delcygate recayó, por turno de reparto, en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Al frente de dicho juzgado se encuentra Antonio Serrano-Arnal, encargado de instruir, entre otras causas, la abierta contra el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presuntos delitos fiscales, de cobro de comisiones ilegales cuando era presidente de Bankia y de ocultación de su fortuna en el extranjero.

En cuanto a la querella presentada contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, el Partido Laócrata ha abierto un crowdfunding en su página web para recaudar los 12.000 euros de fianza que ha solicitado el alto tribunal para que puedan ejercer la acusación popular en caso de que la querella se tramite. "El juez Marchena (presidente de la Sala Penal del Supremo) nos pide 12.000 euros para continuar con la querella. ¡Te necesitamos!", se puede leer en la web del partido impulsado por Cebolla.

El primero en querellarse

Cebolla, como abogado de Laócratas, fue el primero en querellarse contra Ábalos por su encuentro en la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, a la que está prohibida la entrada en territorio europeo, igual que a otros miembros del Gobierno de Maduro. Después se sumaron Partido Popular, que también ha presentado denuncia por presunta prevaricación, que correspondería admitir al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. El partido de Casado presentó la denuncia después de que el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid acordara, como solicitó la formación, conservar las grabaciones de seguridad del aeropuerto.

Ciudadanos, por su parte, presentó los hechos presuntamente delictivos contra Ábalos ante la Fiscalía General del Estado este martes y Vox también se querelló contra el ministro y hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo.

Entre las denuncias presentadas, la del Partido Laócrata es una de las más concretas en cuanto a la petición de diligencias. Solicita que se identifique a quienes decidieron que no se aplicara la Ley de Extranjería, si es que fue así, en la llegada de Rodríguez. También que el juzgado correspondiente identifique y tome declaración a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, funcionarios y autoridades que tuvieran responsabilidad en aquél momento; a los guardias de seguridad privados, al personal de las compañías operadoras en la terminal y la sala VIP donde se habría producido el encuentro, FBO Madrid y Sky Valet, así como a los gerentes y apoderados de dichas compañías; a los asesores del ministerio de Transportes; a los responsables de AENA y del ministerio de Asuntos Exteriores e Interior que tuviera conocimiento de la reunión, así como que se aporten a la causa, en caso de que se abra la investigación, los acuerdos bilaterales entre España y Venezuela.

Ahora, el titular del Juzgado 31 de Madrid, así como el del 47 donde han recaído las denuncias, tendrán que decidir si practican diligencias o archivan la causa una vez reciban la documentación oportuna. En caso de admitirlas, también tendrá que verse si las causas se acumulan. Podría darse el caso de que por un lado se investigue en los Juzgados de Plaza de Castilla a los funcionarios y responsables de las compañías implicadas y en el Tribunal Supremo al aforado José Luis Ábalos.