Dentro de unas semanas, el Ministerio del Interior tendrá que tomar una decisión que complacerá a los guardias civiles y desagradará a los policías nacionales o viceversa: la distribución entre ambos Cuerpos de los 247 millones de euros correspondientes al tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial, pactado en 2018 y que ha conllevado ya el desembolso de 560 millones en los dos últimos ejercicios.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha reiterado esta semana en el Congreso de los Diputados el compromiso del Gobierno por abonar el último pago, si bien ha sido capaz de concretar en qué mes se llevará a cabo el ingreso. Ello dependerá de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE); si el bipartito PSOE-Unidas Podemos no consigue sacarlos adelante, el Ejecutivo tiene decidido aprobar un real decreto ley para desembolsar el dinero pendiente.

Antes de que los 247 millones se ingresen en las nóminas de los policías y los guardias civiles, Interior tendrá que decidir cómo se distribuye ese montante. Será la primera prueba de fuego a la que tendrán que enfrentarse presumiblemente Rafael Pérez -el secretario de Estado de Seguridad que ha sustituido a Ana Botella- y María Gámez, al frente del Instituto Armado desde hace un mes.

Por separado, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil convocarán en breve a los sindicatos y las asociaciones profesionales firmantes del acuerdo a sendas comisiones técnicas para discutir el criterio de reparto de los 247 millones. Las posiciones están claras: los policías nacionales plantearán que se les destine como mínimo el mismo porcentaje que en 2019 (42,72 %) y los agentes del otro Cuerpo reclamarán que se vuelva al reparto de 2018: 59 %-41 %. La diferencia se traduce en varios millones de euros.

Algunos sindicatos policiales defenderán incluso que la cantidad que les corresponde debe situarse en el entorno del 45 %, superior incluso a la del segundo tramo. Estos plantean que el reparto debe hacerse atendiendo al número de efectivos de cada Cuerpo para que sea "equitativo". "No entenderíamos que sea de otra forma. Ése será nuestro planteamiento", dicen a este diario.

Los guardias civiles invocan las conclusiones del informe de la consultora para exigir que el porcentaje de reparto vuelva a ser del 59%-41%, como en 2018

La gran baza de los guardias civiles es el informe de la consultora que Interior contrató para que comparara las retribuciones y empleos con los Mossos d'Esquadra, a fin de determinar si los 807 millones comprometidos para el trienio 2018-2020 son suficientes para que la igualdad salarial sea "total y absoluta". Ésta era la finalidad del acuerdo.

Ernst&Young Abogados aboga por el criterio observado en 2018, lo que supondría que la Guardia Civil recibiría 145,7 millones (59 %) y la Policía Nacional los 101,3 millones restantes (41 %). La duda es si Interior asumirá esa conclusión o, por el contrario, opta por mantener la distribución del pasado año, lo que elevó en 4,3 millones el dinero destinado a los funcionarios que integran el Cuerpo Nacional.

Que transigiera con el recorte del 1,72 % en la cantidad que les correspondía del segundo tramo en beneficio de los policías nacionales fue uno de los motivos que fueron distanciando a los representantes de las asociaciones profesionales de Félix Azón, destituido como director general de la Guardia Civil en la remodelación acometida por el ministro del Interior para hacer frente a la nueva etapa. El magistrado oscense ha durado en el cargo tan solo un año y medio.

Trasvase de 4,3 millones

Los representantes de los guardias civiles acudirán a la comisión técnica reivindicando no sólo el porcentaje del 59 %-41 % sino reclamando que se les restituyan los 4,3 millones que consideran que se les detrayeron "de forma injustificada" cuando en abril se abonó el segundo tramo. La auditora no había entregado entonces su trabajo.

Frente a esta postura, fuentes policiales aseguran que ellos dieron el visto bueno a ese criterio de reparto después de que el entonces secretario de Estado de Seguridad -José Antonio Nieto (PP)- les pidieran que lo aceptaran para no comprometer el acuerdo pero con la promesa de que en 2019 se revisaría para que el porcentaje respondiera al peso que cada Cuerpo tiene por número de agentes. Ese compromiso es el que los representantes de los policías nacionales hicieron valer el pasado año para que se elevara la cuantía.

La fijación del criterio de distribución se produce cuando el sindicato mayoritario en el Consejo de Policía -Justicia Policial (Jupol)- mantiene declarado el conflicto colectivo permanente. El brazo de Jusapol en el Cuerpo Nacional mantiene sus críticas al acuerdo que otras cuatro organizaciones -el SUP, la CEP, el SPP y la UFP- firmaron con Juan Ignacio Zoido en marzo de 2018 por entender que los 807 millones de euros no garantizan el fin de la brecha retributiva con las policías autonómicas, objetivo que -en su opinión- sólo se conseguiría mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Ésta se encuentra desde la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados para su tramitación.

Sindicatos policiales defienden que, por el número de efectivos, a la Policía Nacional le corresponde el 45 % de los 247 millones

En un comunicado, Jusapol ha anunciado este jueves que convocará "nuevas protestas e iniciativas más contundentes" hasta conseguir que la equiparación "sea una realidad". "Las nóminas no mienten y las diferencias a día de hoy siguen siendo vertiginosas, quedando lejos de igualarse", sostienen.

Junto al porcentaje concreto para Policía Nacional y Guardia Civil, también habrá que acordar si el reparto es lineal en cada Cuerpo o si por el contrario se realiza analizando las diferencias retributivas por categoría o empleo.

En su informe, Ernst&Young defiende que el abono no debe hacerse linealmente -como hasta ahora- sino "respetando las diferencias cuantitativas" detectadas en cada puesto en relación con los Mossos, de modo que habría categorías y empleos en los que no habría que aplicar ninguna corrección porque la brecha es inexistente. Según la consultora, las cantidades más elevadas serían los 956,65 euros mensuales que le corresponderían a un comisario principal nivel 28 de la Policía Nacional y los 771,18 euros de un cabo 4/cabo mayor de la Guardia Civil.

En marzo de 2019, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) abandonó la unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales firmantes del acuerdo de equiparación salarial al ser el único que, en la comisión de seguimiento, defendió la proporcionalidad de las retribuciones.