"Procede habilitar las horas nocturnas solicitadas para garantizar la sorpresa y máxima ocupación de objetos y pruebas en el investigado registrado", fue una de las indicaciones del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el auto del 1 de febrero de 2019 con en el que autorizó a la Policía Judicial entrar en el domicilio familiar de Raúl Morodo, embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y registrarlo de punta a punta, vaciando in situ todos los ordenadores, móviles y discos duros que guardara.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 buscaba así -tras recibir una detallada querella de la Fiscalía Anticorrupción- pillar por sorpresa al diplomático español, su hijo, sus dos socios y las mujeres de éstos para que no destruyeran ninguna prueba cuando hizo estallar la operación en la que fueron detenidos y sus casas, empresas e incluso su despacho de abogados fueron inspeccionados en busca de indicios de los presuntos pagos ilegales que habrían estado recibiendo, entre 2012 y 2015, de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según el Ministerio Público.

Para recuperar los fondos, habrían utilizado un entramado societario y bancario en territorios off shore como Panamá y Suiza

El juez autorizó dichas entradas y registros después de recibir la querella de la fiscal del caso, Ana Cuenca, en la que se afirmaba que tanto Morodo como su hijo, Alejo Morodo; su esposa, la portuguesa Ana Catarina Varandas; sus dos socios en el despacho Aequitas Abogados y Consultores, Juan Carlos Márquez y Carlos Adolfo Prada, y las esposas de éstos, Ana Karina Ulloa y Marisol Varela, habrían participado en unas "operaciones sospechosas llevadas a cabo por el entorno familiar y profesional de la familia Morodo consistentes en la recepción, al menos desde febrero de 2012 hasta febrero de 2015, de importantes cantidades de dinero desde Venezuela justificadas por supuestos honorarios profesionales de asesoramiento a la petrolera venezolana PDVSA, habiéndose utilizado para la recuperación de dichos fondos un entramado societario y bancario residenciado, principalmente, en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza", según el informe inicial del sumario al que ha tenido acceso El Independiente.

4,5 millones "carentes de justificación"

Posteriormente, en el auto de imputación de la causa que comenzó protegida por secreto de sumario, el instructor cuantificó en 4,5 millones de euros los fondos presuntamente recibidos por las sociedades de Morodo y sus socios desde PDVSA "carentes de toda justificación real y lógica comercial pues la investigación practicada evidencia que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces".

Asimismo, los investigadores -basándose en las diligencias de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía- sospechan que Aequitas Abogados y Consultores fue una "sociedad instrumental creada con la finalidad de canalizar los fondos aparentemente ilícitos recibidos por la misma de la sociedad venezolana PDVSA".

De ahí que el juez autorizara y justificara también la entrada en el despacho profesional del ex embajador español y su hijo, a pesar de que el artículo 18 de la Constitución Española (de inviolabilidad de domicilio) los protege. Sin embargo, Pedraz argumentó en su auto al inicio de la investigación que "la propia norma constitucional pone límites a tal derecho fundamental, de suerte que la garantía de la inviolabilidad pierde su 'santidad' cuando una resolución judicial lo permita o nos encontremos ante un supuesto de flagrante delito".

"Hallazgo casual en otra investigación"

La investigación contra la familia Morodo y su entorno por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y de falsedad documental por los que se querelló la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado partió de un "hallazgo casual" en otra investigación.

La información se encontró en otra causa seguida contra altos cargos venezolanos por blanqueo en España

Según se especifica en el sumario de la causa, la "documentación relevante para esta investigación" contra Morodo se encontró en las pesquisas de otra investigación que seguía el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, contra altos cargos del régimen chavista (los conocidos como 'Bolichicos') por blanquear en España dinero procedente de la petrolera estatal PDVSA principalmente por medio de la compra de inmuebles.

Los hallazgos ampliaron las diligencias judiciales 1547/2017 de Plaza de Castilla contra los socios de Morodo Juan Carlos Márquez -que se suicidó un día después de declarar en la Audiencia Nacional- y Carlos Adolfo Prada, su entorno familiar y empresarial, con dos informes policiales sobre análisis de cuentas bancarias e información tributaria que dieron pie a la investigación que se sigue ahora en la Audiencia Nacional. En ésta, el juez también ordenó, el día que autorizó los registros, "que se proceda a autorizar expresamente la apertura de cuantos armarios, cofres o cajas de seguridad o muebles cerrados se encuentren en dichos lugares ", así como "el bloqueo de determinadas cuentas bancarias y cajas de seguridad que se relacionan en el escrito de querella" de la Fiscalía, tanto en España como en el extranjero.