David Morales Guillén (47 años), ex militar de élite en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería, pasaba desapercibido incluso para los vecinos de Jerez de la Frontera (Cádiz) donde se encuentra la sede de su empresa de Inteligencia, Undercover Global SL, a pesar de dedicarse a sofisticadas operaciones de asesoramiento antiterrorista o contra ataques piratas a empresas marítimas (especialmente americanas aunque también en países en conflicto) desde que se desvinculó del Ejército en 2008.

Sin embargo, su nombre saltó a los periódicos cuando el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, admitió a trámite la querella del fundador de WikiLeaks Julian Assange contra él por espiarle presuntamente durante su asilo de siete años en la embajada de Ecuador en Londres y vender las grabaciones obtenidas al servicio de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Según Assange, el vínculo de Morales con Estados Unidos vendría a través del propietario de Las Vegas Sands, también cliente del ex militar español, y próximo al presidente Donald Trump.

Assange -que este lunes se enfrenta a su juicio de extradición a Estados Unidos, donde se le reclama por hasta 18 presuntos delitos, entre ellos espionaje y publicación de documentos altamente clasificados por publicar en su web datos confidenciales del Gobierno norteamericano- acusa a Morales de instalar grabadoras en lugares prohibidos de la embajada de Ecuador con ayuda de la responsable de Seguridad del edificio, Gabriela Páliz, a quien dice que sobornó con 20.000 dólares mensuales.

Morales, sin embargo, niega los hechos. El pasado 7 de febrero defendió en la Audiencia Nacional que llevó a cabo un trabajo legal para la embajada de Ecuador, quien contrató a su empresa para ocuparse de la Seguridad del edificio mientras Assange estaba asilado.

Asegura que tres ex trabajadores de su empresa, a quienes despidió al descubrir que trataban de vender las grabaciones de Assange a periodistas internacionales, son los testigos protegidos que la defensa del fundador de WikiLeaks, ejercida por el despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón, utiliza para mantener la causa contra él.

Morales atiende a El Independiente y afirma que quiere ser "muy transparente con este tema" porque, según él, es víctima de una "novela conspiranoica de espías" de Assange como último intento para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de cárcel.

- ¿Por qué contrató la embajada de Ecuador a su empresa?

-Undercover Global ya trabajaba con Ecuador, les instruíamos y distribuíamos equipos de Seguridad en el país. Allí teníamos un partner, la empresa Bluecell, que nos introdujo. Fue la compañía a la que Ecuador hizo el encargo, puesto que trabajaba con la secretaría de Inteligencia. Como colaborador nuestro, nos pidió asesoramiento y apoyo. Visité la embajada y vi como estaba el asunto. En un principio se nos encargó calmar la situación, que era bastante tensa, y proveerla de un escenario de seguridad que les permitiera desarrollar la actividad normal con la peculiaridad de que este señor (Assange) estaba allí.

Un año después, surgieron problemas con Bluecell como proveedor y la secretaría de Inteligencia de Ecuador nos dijo que necesitaba que nos hiciéramos cargo única y exclusivamente de este servicio.

-¿Instaló dispositivos de grabación en lugares prohibidos, como denuncia Assange, para espiarle?

Cuando empezamos a trabajar, entre 2015 y 2016, eso no era una embajada, era el camarote de los hermanos Marx. Todo el mundo estaba alterado. Había agentes en la puerta, vivían con la tensión de que la Policía británica iba a asaltar el edificio, Julian Assange estaba en un estado catatónico, los diplomáticos no sabían dónde meterse…Nuestra primera labor fue calmar la situación y poner medidas. En base a la información que teníamos, explicamos que nadie iba a asaltar la embajada.

Instalamos las cámaras para tener registrado si se producía una agresión y para disuadir a las fuerzas policiales de una actitud agresiva

Instalamos las cámaras como una medida disuasoria y con el fin de que, si se producía un asalto o agresión, lo tuviéramos registrado. También para disuadir a las fuerzas policiales de una actitud agresiva. Después, las cámaras se quedaron como un control interno, pues hasta el momento allí podía entrar todo el mundo. Llegaban hasta cinco personas al día pidiendo asilo, era un descontrol.

Pusimos un control de acceso. Nos encargamos, digamos, de la parte sucia, que era la de filtrar para que no todo el mundo que llegaba allí pidiendo encontrarse con Assange lo hiciera. Hicimos como de portero, básicamente. Normalizamos la situación y conseguimos establecer unos protocolos.

-¿Cónoció a Assange?

Estuve en la embajada tres o cuatro veces y me reuní con él, si. Le recomendamos cómo hacer las cosas. Le explicamos que estábamos allí para garantizar su seguridad pero el cliente no era él, sino Ecuador, y que debía respetar unas normas.

Le dijimos que no podía pasearse en pijama, poner los pies en la mesa del embajador o llenar las salas de botellas de alcohol después de tener una fiesta. Rompía los protocolos y se los tiraba en la cara a la embajadora Ana Albán.

Establecimos unos protocolos, le dijimos que no podía pasearse en pijama, poner los pies en la mesa del embajador o llenar las salas de botellas de alcohol después de tener una fiesta. Rompía los protocolos y se los tiraba en la cara a la embajadora Ana Albán.

Él tenía control de las cámaras, se le dio acceso, pero al final se le restringió porque no podía estar provocando a la policía grabando imágenes y luego difundiéndolas. En un ataque de ira, llegó a romper todos los equipos de la habitación donde estaban los dispositivos de grabación.

-Usted afirmó en la Audiencia Nacional que Assange sí espió en la embajada

No lo afirmo, me baso en pruebas. Nosotros le descubrimos equipos para escuchar a los trabajadores de la embajada a través de las paredes. Durante su estancia, había una gran tensión con los funcionarios, sobre todo con el embajador, porque se inmiscuía en un montón de cosas y se reunía con personas que ponían en aprietos a Ecuador con los gobiernos de otros países y con empresas internacionales. Recibió, por ejemplo, a una asociación de ex presos de Guantánamo en la que hay personas catalogadas como terroristas.

Se reunió con los independentistas catalanes Oriol Soler y Arnau Grinyò el 9 de noviembre de 2017 durante tres horas. Puso en comunicación a los independentistas catalanes con trolls cibernéticos rusos.

Ecuador levantó la mano hasta que otros países le dieron el toque y le pidieron explicaciones. El punto final, lo que agotó la paciencia de Ecuador, fue cuando se reunió con los independentistas catalanes Oriol Soler (ideólogo del secesionismo) y Arnau Grinyó (experto en marketing) el 9 de noviembre de 2017 durante tres horas. Aprovechó que el embajador no estaba y su buena relación con el cónsul Fidel Narváez para hacerlo.

Nos llegó una notificación urgente e informamos al Gobierno ecuatoriano sobre esa reunión, que no leyó nuestro informe hasta después de ver las imágenes de la reunión (que posiblemente filtró el servicio de Inteligencia británico) en el diario El País. Me llamaron del Servicio de Inteligencia de Ecuador (SENAIN) poniendo el grito en el cielo y les dije que les envié el informe una semana antes, les avisé de los problemas que podían tener con España, pues el independentismo usó a Assange como apoyo externo a la causa catalana. Lo que él hizo, básicamente, fue poner en comunicación a los independentistas catalanes con trolls cibernéticos rusos.

Rajoy hizo una queja formal ya ante Lenin Moreno que sustituyó a Rafael Correa como presidente de Ecuador. Moreno vino a España, se reunió con Rajoy y pidió disculpas. Eso conllevó un fuerte enfado de la Embajada y llevó a una radicalización en las posturas de contención con Assange. En previsión de eso, que es lo que hemos demostrado y declarado ante el juez, adoptaron la postura clara de que necesitaban demostrar que este señor tenía reuniones que ponían en problemas a Ecuador.

Esto ocurrió en nuestra última etapa en la empresa, a los pocos meses salimos y se colocó a la empresa ecuatoriana Proton Security, acorde a los intereses de SENAIN. Ahí comenzaron los procesos de incomunicación, no sé si de grabación.

La causa en la Audiencia Nacional

La defensa española del periodista australiano Assange se querelló contra Morales por los presuntos delitos contra la intimidad, contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, de apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales, por los hechos anteriormente mencionados.

El juez José De la Mata de la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella por ver "apariencia delictiva en los hechos denunciados", aunque al principio declaró la causa secreta para evitar "interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación". En un primer momento, el juez impuso a Morales las medidas cautelares de comparecencias en un juzgado dos veces por semana. Ahora, con el secreto de las actuaciones ya levantado desde octubre, esa comparecencias son una vez al mes y el empresario también tiene prohibición de salir de España.

En el Juzgado Central de Instrucción número 1 ya han prestado declaración tanto el investigado como el ex socio de su empresa y los dos trabajadores de ésta propuestos como testigos por parte de Assange. Morales defiende que estas tres personas fueron despedidas de la compañía al descubrir que trataban hacerle la competencia desde dentro y al conocer que ofrecieron información falsa sobre Assange (basada en el conocimiento que tenían de él por haberse ocupado del espionaje en la embajada) a periodistas internacionales.