Pablo Isla, presidente ejecutivo de la multinacional Inditex; Pedro Guerrero, máximo responsable de Bankinter; Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno; María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y Leopoldo González-Echenique, antiguo presidente de RTVE, tienen al menos dos cosas en común: los cinco aprobaron las exigentes oposiciones para ingresar en la Abogacía del Estado y los cinco se encuentran hoy en situación de excedencia voluntaria para poder ejercer en el sector privado.

Son algunos de los más de 250 letrados que no se hallan actualmente en activo en este Cuerpo de funcionarios, según se desprende de la relación circunstanciada facilitada a este periodista por el Ministerio de Justicia -del que dependen orgánicamente- a través del Portal de la Transparencia.

La Abogacía del Estado cuenta con una plantilla de 642 profesionales, de los que sólo están disponibles 341 (el 53,11 %). En concreto, hay 257 en excedencia, de los que 196 ingresaron en el Cuerpo antes de 2012 (los funcionarios se comprometen a permanecer al menos cinco años desde que son nombrados).

El desglose se completa con los 44 abogados que se hallan en situación de servicios especiales. Entre otros, son los casos de Jaime Alfonsín (jefe de la Casa del Rey desde 2014), Rosario Silva de Lapuerta (vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), Sebastián Albella (presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores), José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid) y los diputados Macarena Olona (Vox) y Edmundo Bal (Ciudadanos).

La situación es muy parecida a la que se registraba hace ocho años, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el listado por última vez. A 1 de marzo de 2012, el Cuerpo contaba con 657 abogados, de los que 252 se hallaban en excedencia voluntaria y 69 en servicios especiales. En la práctica, 334 profesionales -siete menos que ahora- ejercían la defensa jurídica del Estado.

Pablo Isla: 9,4 millones en Inditex al año

"La razón de que tantos compañeros pidan la excedencia es puramente económica. El Estado paga muy mal y la formación que tenemos se valora muchísimo en el mercado", resume un abogado del Estado de los que ingresaron en el Cuerpo a finales de los 70. Como muchos otros, dejó su plaza para abrir su propio bufete.

En 2018, Pablo Isla percibió una retribución de 7,78 millones de euros en metálico (más 1,7 millones en acciones) como presidente ejecutivo de Inditex, cargo que ocupa desde 2011. En menos de una semana, el ejecutivo madrileño -número uno de su promoción en la Abogacía del Estado, donde ingresó en febrero de 1989 junto con otros 24 letrados- ganó más de lo que habría percibido durante todo un año como funcionario.

Cuatro de cada 10 abogados del Estado ejercen hoy en el sector privado, como el presidente de Inditex y Sáenz de Santamaría

De los 50 abogados del Estado más veteranos, concretamente los que fueron nombrados entre enero de 1975 y julio de 1984, casi una treintena se encuentra en excedencia voluntaria. Éste es el caso de César Albiñana, socio director del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo y número 44 en el escalafón de este Cuerpo de altos funcionarios del Estado.

Se trata del bufete al que se incorporó a principios de este año María Dolores de Cospedal tras su breve vuelta a la Abogacía del Estado -concretamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- después de dar por terminada su carrera política en noviembre de 2018. Funcionaria desde el 2 de abril de 1991, la ex ministra de Defensa y ex secretaria general del PP figura como socia del departamento de Procesal y Arbitraje del citado despacho.

De Cospedal seguía así los pasos de su enemiga íntima Soraya Sáenz de Santamaría -número dos de la promoción que fue nombrada en enero de 1999- y socia y miembro del consejo de administración de Cuatrecasas desde marzo de 2019. En concreto, la ex vicepresidenta de Rajoy lidera la práctica de 'Corporate Governance and Compliance' de la firma desde la oficina de Madrid.

Política, empresas, bufetes...

Manuel Lamela, ex consejero de la Comunidad de Madrid y hoy socio de Acountax Asesores&Auditores; José Luis del Valle, secretario general del Grupo ACS; Julián Martínez-Simancas, abogado en ejercicio y secretario no vocal del consejo de administración de Iberdrola; Lucas Osorio Iturmendi, socio director de Hogan Lovells en España; María José Sánchez-Andrade, directora de la asesoría jurídica y secretaria del consejo de administración de Medvida; Marta Pastor López, directora corporativa de la asesoría jurídica para asuntos de Derecho Público en Telefónica, y Carlos Moro, ex abogado general de la Comunidad de Madrid y actualmente en la dirección legal&compliance de Ineco, son otros funcionarios de los servicios jurídicos del Estado en excedencia.

El foco de la polémica alumbra al Cuerpo desde noviembre de 2018, cuando la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, acordó la destitución de Edmundo Bal como jefe de la Sección Penal después de que el hoy portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso se negara a eliminar el delito de rebelión del escrito de acusación contra los líderes del procés meses antes del inicio del juicio.

Esta decisión reabrió el debate sobre el sometimiento de este Cuerpo -dirigido desde finales de junio de 2018 por la orensana Consuelo Castro, uno de los 13 funcionarios que comenzaron a ejercer en 1990- a los intereses del Ejecutivo de turno y avivado a raíz de que el pasado mes de diciembre informara a favor de que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras -condenado en sentencia firme por sedición y malversación de caudales públicos- saliera de prisión para acudir a las sesiones del Parlamento Europeo. Fue mientras el PSOE, partido que sustenta al Gobierno, negociaba con ERC la abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

La razón es puramente económica. El Estado paga muy mal y la formación que tenemos se valora muchísimo en el mercado", opina un veterano abogado del Estado

"El deterioro de imagen está siendo tremendo en los últimos años. Si había algo de lo que nos vanagloriábamos era la libertad de la que disponías para hacer tu trabajo. Ahora te dicen lo que tienes que decir", critica uno de los abogados del Estado que no se encuentran en el servicio activo. La duda es si las presiones con las que el poder ejecutivo trata de acomodar los informes, cercenando la independencia técnica de los funcionarios, van a pasar factura y propiciarán una mayor fuga a la iniciativa privada.

Para acceder al servicio jurídico del Estado hay que superar un duro proceso selectivo compuesto por cinco pruebas eliminatorias y con un programa integrado por 465 temas de Derecho del Trabajo, Civil, Hipotecario, Procesal, Mercantil, Constitucional, Administrativo, Hacienda Pública, Penal y Derecho Internacional Público y Comunitario Europeo. La evaluación de conocimientos incluye también dos pruebas de idiomas, una de ellas voluntaria.

La cobertura de 25 plazas, en marcha

El pasado 26 de diciembre, el BOE publicó la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por la que se convocaba el proceso selectivo para cubrir 25 plazas del Cuerpo de Abogados del Estado. Según se detalla en las bases, la duración máxima es de 12 meses, celebrándose obligatoriamente el primer ejercicio antes del próximo 27 de abril.

Los datos hablan a las claras de la exigencia de esta oposición. En la convocatoria anunciada el 18 de diciembre de 2017 para cubrir 20 plazas, el Ministerio de Justicia admitió a 228 aspirantes por ser los que reunían los requisitos establecidos en las bases. El primer ejercicio tan sólo lo aprobaron 67 opositores -menos de un tercio de los presentados- y, de estos, sólo 17 lograron el propósito de conseguir una plaza tras someterse a los cinco exámenes.

Fueron los que se incorporaron el pasado 6 de junio, repartiéndose por 11 provincias: Barcelona (5), Valencia (3), Palencia, Huesca, Alicante, Baleares, Burgos, Cádiz, Lleida, Melilla y Pontevedra. Los próximos serán los de la promoción convocada en diciembre de 2018, en la que se ofertaron 25 plazas.