Han pasado dos meses desde que la denuncia de violación múltiple por parte de una niña tutelada por el Consell balear en Navidad destapara una crisis institucional y de gobierno respecto a la gestión de los centros de menores. En este tiempo, a la izquierda le han llovido acusaciones, peticiones de dimisión y fuertes descalificaciones políticas por parte de una oposición (PP, Ciudadanos, Vox y El Pi) cuya fuerza ha terminado elevando comentarios, críticas y peticiones de investigación al Congreso de los Diputados. Con el rechazo –por quinta vez en apenas dos años- a crear una comisión que llegara al fondo de estos abusos y la renuncia del catedrático que iba a coordinar a los expertos para revisar el protocolo ha vuelto a abrirse un turno de preguntas sobre la seguridad y función de estos centros. Y sobre todo, devuelve a la diana a un Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) enrocado en despejar responsabilidades al Consell, aumentando el recelo de sus socios en el gobierno y, por descontado, la iniciativa en la oposición.

¿Cuáles son las instituciones y nombres implicados en esta crisis?

Fundamentalmente tres: el Govern balear, presidido por Francina Armengol (PSIB-PSOE) con el apoyo de Podemos y Més per Mallorca; la Consejería de Asuntos Sociales (presidida por Fina Santiago, de Més) y el IMAS (Institut D’Afers Socials), cuyo presidente es Javier de Juan (PSIB). El IMAS, que gestiona unos 30 centros de menores, es dependiente del Consell (presidido a su vez por Catalina Cladera, PSIB). Por su parte, el Govern gestiona tres centros.

¿Cuál es la diferencia entre los centros gestionados por el Govern y los del IMAS?

Los del Govern acogen a menores de edad con delitos probados (antecedentes) a sus espaldas y es de régimen cerrado. Además, allí pueden convivir con otros mayores de edad (se calcula que la mitad del total de internos). Mientras, el Consell, a través del IMAS, es responsable de los centros que acogen a menores en situación de vulnerabilidad pero sin antecedentes. Además, su régimen es abierto. La responsabilidad sobre los 30 centros del IMAS corresponden al Consell, a quien el Govern cedió competencias en 1997.

¿Qué inicia la crisis de los abusos a menores tutelados?

En la madrugada del 24 al 25 de diciembre del pasado año una niña de 13 años envió mensajes privados por Instagram a una psicóloga de confianza pidiendo ayuda y advirtiendo que querían prostituirla. La joven, que se había fugado de un centro de menores tutelados, relata una violación múltiple en un piso del barrio de Es Camp Redó (coloquialmente, Corea): seis habrían abusado de ella en el piso y otro más en un descampado. Acompañada por la psicóloga al hospital Son Llàtzer, es examinada y una forense confirma que ha sido violada: posteriormente se cursa la denuncia e inmediatamente el caso pasa a la Ufam (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional. Se activa la investigación, todavía abierta a día de hoy. La misma niña ya había hospitalizada dos veces más en 2019 denunciando sendas violaciones.

¿Se han producido detenciones respecto a este caso?

Sí, entre el 7 y el 11 de enero de este año se detiene a varios menores y un mayor de edad. Los menores son liberados con cargos, y uno de ellos incluso entrega un vídeo de aquella noche buscando probar que no existió intimidación. Entre ellos está la chica de 16 años que acompaña en Nochebuena a la supuesta víctima, cuya declaración la sitúa como proxeneta eventual. El mayor de edad, un joven de 19 años, es puesto en libertad sin medidas cautelares. Posteriormente, el 10 de febrero, son detenidos una mujer dominicana de 50 años y un hombre guineano de 41. La primera, como posible enlace entre los menores prostituidos y sus clientes potenciales –sobre todo en bares-, el segundo como agresor de una de las niñas tras negarse ésta a mantener relaciones con él pese a aceptar regalos de su parte. De manera paralela, y según Fernando Grande-Marlaska, en los últimos 15 meses se han realizado un total de 64 detenciones de personas mayores de edad presuntamente relacionadas con este y otros casos.

¿Es la de Nochebuena de 2019 la primera agresión sexual reportada?

No. Los primeros casos se remontan a 2010, algo posteriormente recordado y constatado en el Parlamento balear. En 2017 las primeras denuncias obligan a reconocer al IMAS los casos atendidos en los años inmediatamente previos (226 en 2016 y 195 en 2015). De todos ellos, aproximadamente un tercio (30%) corresponden a menores de 6 años.

¿Cuántas veces se ha rechazado crear una comisión de investigación ad hoc?

Cuatro veces en Baleares y una, la última, en el Congreso de los Diputados. De las cuatro ocasiones previas, una tuvo lugar en 2018 y otra en 2019. Por entonces, estas peticiones fueron ridiculizadas y minimizadas por políticos como David Abril, de Més (“Esto no funciona como Hollywood”). Según Javier de Juan en diciembre de 2019, la auditoría habría supuesto “una pérdida de tiempo”. En la de 2018 votaron en contra prácticamente todos los grupos, aunque en 2019 el PP se abstuvo y sólo Ciudadanos apoyó la iniciativa de VOX. Este año se ha rechazado ya dos veces en dos semanas sucesivas de febrero, ambas a propuesta de la oposición a la izquierda balear. Y por último, el Congreso votó contra la Propuesta no de Ley impulsada por Ciudadanos esta misma semana, con 190 votos en contra y 145 a favor.

¿Cuántos casos hay confirmados?

El IMAS reconoció el 13 de enero un total de 16 casos (15 niñas y 1 niño) de menores tutelados víctimas de explotación sexual, aunque según testimonios de trabajadores sociales de estos centros es algo extendido entre la práctica totalidad de las niñas, siendo fundamentalmente los niños quienes actúan como proxenetas. De ahí que en lugar de 'abusos a menores' haya quien utilice recurrentemente la expresión 'prostitución de menores', extremo investigado pero todavía no probado. Días después se conocieron otras dos denuncias más, que elevarían el total a 18.

El Govern, de forma paralela, ha reconocido el despido de 5 trabajadores (4 mujeres y 1 hombre) de centros de menores desde 2016 por "conductas inapropiadas"

¿Cuándo y cómo ejercerían la prostitución los menores?

O bien en los tiempos de ocio que disponen –hay que recordar que estos centros son de régimen abierto- o bien cuando se fugan. Es en las fugas donde tiene lugar el punto álgido de las protestas y la investigación, dado que se entiende que el protocolo de seguridad que las instituciones aplican sobre la vigilancia y seguimiento de los menores no está siendo suficiente. Fernando Grande-Marlaska reconoció 227 desapariciones, forzosas e involuntarias, entre 2019 y 2020 de menores posteriormente recuperados. Las menores serían puestas en contacto con sus clientes a través de enlaces directos de otros compañeros o indirectos en lugares como bares.

¿Qué tiene que ver el despido de trabajadores por abusos sexuales en centros del Govern?

Es un caso paralelo e independiente, que compromete directamente al Govern. El 15 de enero se reconocieron 5 despidos (4 mujeres y 1 hombre) entre 2016 y 2019 de trabajadores en centros socioeducativos de menores, y si bien en ningún caso hubo “relaciones sexuales entre el trabajador y el menor”, sí se constataron “exhibición y tocamientos”. De los 5 despedidos, dos de ellos incluso han demandado al Govern, que es responsable directo de su contratación.

Podemos y Més per Mallorca han presionado al PSIB para crear finalmente una comisión de responsabilidades políticas después de fracasar su idea de la comisión de expertos técnicos

¿Qué propone la izquierda balear como alternativa a la comisión de investigación?

La primera opción del PSOE balear (PSIB) siempre fue una comisión de expertos técnicos que revisaran los protocolos y buscaran en qué están fallando. Era, pues, una opción puramente táctica que evita en todo momento la depuración de responsabilidades políticas, cuando no la fiscalización completa del IMAS e incluso del Consell. Iba a quedar constituida este mes pero la renuncia del experto coordinador, el catedrático Jorge Carlos Fernández del Valle, ha aplazado su puesta en marcha. Debido a este contratiempo, Podemos y Més, acompañantes socialistas en el gobierno, han presionado al PSIB para que acepte la creación de una comisión “de responsabilidades políticas” que pedirá la comparecencia de todos los responsables que han trabajado en el IMAS en las últimas legislaturas. La oposición siempre recriminó a la comisión de expertos que sólo 2 de los 7 integrantes fueran a ser elegidos por consenso político, siendo los otros 5 a elegir entre Consell (1), IMAS (2), Universidad de Islas Baleares (1) y entidades de menores (1). Incluso lo llamaron “pantomima”.

¿Por qué renunció Jorge Fernández?

Lo ha explicado en un escrito enviado a medios y más detalladamente en El Independiente: “No nos iban a dejar trabajar”. Se refiere al clima de crispación y tensión que ha convertido los abusos a menores en un asunto político a través del cual se cruzan acusaciones subidas de tono y continuas peticiones de dimisión por parte de la oposición al gobierno balear. El detonante fue la publicación de un artículo que lo descalificaba como profesional y las palabras posteriores del portavoz del PP balear, Llorenç Galmés, tachando su elección –que ni siquiera había sido anunciada públicamente- de “indecencia”.

¿Qué detalles se saben del reglamento pactado por Jorge Fernández?

Según él mismo, la petición de transparencia total ya había sido pactada y constituía la primera condición para encabezar la comisión de expertos. Es decir, libertad absoluta para trabajar, entrevistar, cuestionar y pedir la información que quisieran a quienes quisieran. Sin embargo, y esto es importante, esto implicaba únicamente a los casos de abusos a menores en los centros tutelados del Consell, sin que se promoviera o se sugiriera lo mismo con los centros de internamiento del Govern de los que fueron despedidos los 5 trabajadores en 4 años arriba mencionados.­