Ni el cambio de fecha ni la composición de una delegación que pervierte el sentido que el propio Quim Torra quiso dar a la cita de hoy en Moncloa, incluida la presencia de un imputado por el 1-0. El Gobierno está dispuesto a aceptar, sin críticas, las condiciones impuestas por el presidente de la Generalitat a la "mesa de diálogo" con tal de salvar este jueves la votación del techo de gasto y la senda de estabilidad, paso previo para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Quizá el único gesto de disensión de Torra lo constituya su petición de comparecer en la sala de prensa de Moncloa al término de la reunión. Desde 2012, que su predecesor Artur Mas lo hizo en la sala de las reuniones informativas -de menor rango- de la sede de presidencia del Gobierno, posteriormente tanto él como Carles Puigdemont y el propio Torra en julio de 2018, acudían a la delegación de la Generalitat en Madrid para ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación.

Por su parte, el Ejecutivo incluso ha elevado el nivel de representación de la delegación gubernamental al incluir en la misma, precisamente, a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y al de Transportes, José Luis Ábalos, que apenas constituida la "mesa de diálogo" tendrá que abandonarla para comparecer en comisión parlamentaria y explicar los objetivos de su departamento para esta legislatura. También puede ser baja el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que no acude a la sesión de control al Gobierno de este miércoles por encontrarse enfermo, lo que augura que tampoco podrá sentarse en la "mesa de gobiernos" pactada con ERC.

Este jueves pasa por el Congreso el techo de gasto, paso previo para los PGE

Primero Torra forzó el cambio de fecha del 24 al 26. Más tarde, aunque fue él el que exigió un "mesa de gobiernos", designó una delegación donde la mitad de sus miembros no forman parte de la Generalitat. Y para cerrar el círculo, incluyó a Salvador Jové, el ideólogo del procés, e imputado por el 1-O. Bien es cierto que Jové ya se sentó con JoséLuis Ábalos, Adriana Lastra y Salvador Illa, en la negociación con ERC para la investidura de Sánchez, pero ahora lo hará el propio presidente del Gobierno.

Aunque desde el Ejecutivo no se cansan de advertir que las posiciones están en las antípodas y es imposible pretender resultados a corto plazo, el primer objetivo se materializará este jueves en una votación trascendental con el apoyo de sus socios. Ya ayer superaron los socialistas un primer escalón, esto es, eliminar el derecho de veto del Senado al techo de gasto, regulado en época de Mariano Rajoy, de modo que la Cámara Alta podía devolver al Gobierno su proyecto. Incluso Ciudadanos votó a favor de esta proposición de ley del Grupo Socialista.

No obstante, el PSOE dispone ahora de suficientes apoyos en el Senado como para sacar adelante cualquier iniciativa, por lo que el cambio no era una exigencia, y deja a esta Cámara sin una de sus pocas competencias con efectos reales.

Si se trata de contentar al independentismo catalán con alguna medida que asegure su respaldo a los Presupuestos, existen mecanismos intermedios que podrían ser bien recibidos por éstos, como una negociación bilateral del objetivo de estabilidad para Cataluña, reclamación de JxC; la cesión de la Agencia Tributaria o la gestión de la Seguridad Social, tal y como se ha hecho con el PNV, que negocia, muy discretamente sus apoyos a los PGE.

No es descartable una negociación bilateral con la Generalitat del objetivo de estabilidad

Lo más llamativo es que el jueves no sólo pasarán por el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020, así como el límite de gasto no financiero del Presupuesto para 2020. Es que también se votarán los objetivos para el periodo 2021-2023, acaso adelantándose a la posibilidad de que los presupuestos para este año no salgan y haya que negociar los del año que viene.

En todo caso Montero está trabajando en los de 2020, aunque no consiga aprobarlos hasta septiembre, esto es, apenas tres meses para ejecutarlos pues el ejercicio económico se cierra en noviembre. Tener cuentas propias daría aliento al Gobierno de coalición, que ha comprometido un incremento considerable del gasto social. Los populares, en cambio, están convencidos de que Bruselas les va a devolver las cuentas, incluso, de que Montero "juega con la hipótesis de que se las tumben".

No es ese el escenario con el que trabajan los socios de coalición de Sánchez, convencidos de que "habrá Presupuestos", lo que permitirá, además, asegurar la legislatura al menos un par de años, aunque la vocación es que ésta llegue a su fin. Sin una mayoría alternativa y con un centro-derecha a la greña, socialistas y morados creen asegurada una cierta estabilidad, que sólo la cuestión independentista puede alterar.