El Gobierno ha comunicado que veta la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Jusapol, la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial, al entender que es "insostenible" igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios, ya que cada administración tiene sus competencias en esta materia.

El veto, confirmado por fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, ha sido relacionado por Jusapol con "el chantaje del independentismo radical". Según esta plataforma, que integra a Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que ha hecho es "abandonar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las citadas fuentes gubernamentales han sostenido que la ILP no se puede desarrollar porque el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska está ya llevando a cabo el acuerdo sobre equiparación salarial que se firmó con las organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil cuando gobernaba el PP. "Ya se está haciendo un esfuerzo muy grande que supone una subida de media del 20%", han señalado tras recordar que sólo queda por ejecutar el tercer y último tramo.

Fuentes del PP han explicado que su decisión era enmendar la ILP que llevó Jusapol al Congreso en noviembre de 2018 con el respaldo de 550.000 firmas. Desde Vox, la diputada Macarena Olona ha pedido en su cuenta de Twitter que el resto de grupos rechacen este veto del Gobierno por ser "ilegal".

Jusapol y sus marcas en Policía (Jupol) y Guardia Civil (Jucil) han anunciado una campaña de movilizaciones "más efectivas y contundentes" contra esta decisión que, en su opinión, "consolida el desprecio" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia ellos. El líder de Jupol, José María García, ha señalado que ha sido el director de la Policía, Francisco Pardo, quien le ha comunicado la decisión.

Jusapol y sus marcas en Policía (Jupol) y Guardia Civil (Jucil) han anunciado una campaña de movilizaciones "más efectivas y contundentes" contra esta decisión

En noviembre de 2018, el PSOE y el PP aceptaron en el Congreso que se tramitara la ILP presentada por Jusapol, aunque matizando que lo hacían por respeto a las 550.000 firmas ciudadanas que respaldaban la propuesta y que debía someterse a enmiendas para no invadir competencias autonómicas y preservar el acuerdo firmado con los sindicatos y asociaciones representativos. Jusapol siempre ha rechazado el acuerdo.

El PSOE defendió entonces que la propuesta original era "contraria a preceptos constitucionales" y "abría diferencias entre funcionarios del Estado" que también cobran sus sueldos dependiendo del criterio de las administraciones autonómicas y locales.

El entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, fue uno de los mayores defensores de la ILP de Jusapol al entender que era buena para la "integridad salarial pero también la física", poniendo fin a la discriminación del hasta el 30% en detrimento de los funcionarios de la Policía y la Guardia Civil que "luchan contra el terrorismo, la corrupción y frenaron un intento de golpe de Estado en Cataluña".

Los partidos nacionalistas se dividieron en noviembre en el Congreso entre el 'no' del PNV a la ILP de Jusapol y el reconocimiento del PDECAT de que la iniciativa les ponía "en un brete" ya que lo venían "necesario", aunque también consideraban que este tipo de propuesta "requiere un análisis muy afinado".

En julio de 2019, el Ministerio del Interior comunicó que se plantaba en los 807 millones en tres años (2018-2020) del acuerdo de equiparación salarial entre policías, tras entregar a los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil el informe de la consultora externa que analizaba si la cifra comprometida era suficiente o se tenía que recalcular al alza. Este informe fue objeto de protestas y, además, entre ambos Cuerpos han surgido diferencias por el reparto del dinero.