La ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes se aleja de acabar acusada y sentada en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Púnica, en el que aún figura como investigada junto a los ex presidentes madrileños Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Hasta nueve personas que participaron (de una manera u otra) en la adjudicación de dos contratos del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del empresario madrileño Arturo Fernández, declararon ante el juez Manuel García-Castellón que no encontraron irregularidad alguna en dichas adjudicaciones y que la empresa fue la adjudicataria atendiendo a dos razones: porque se acabó la vigencia del contrato anterior y porque la propuesta de la empresa de Fernández era la que mejor cumplía con los criterios de calidad del servicio.

Dichas declaraciones en sede judicial tanto de técnicos como de miembros de la Mesa no sólo del PP, sino también de PSOE e IU, contradicen el relato del Ministerio Público y el instructor, que mantienen a Cifuentes como investigada por adjudicar presuntamente de manera "arbitraria" el servicio a la empresa de Fernández.

El mismo empresario habría hecho una donación dineraria al Partido Popular a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) presidida por Esperanza Aguirre en el año 2007 -cuando Cifuentes era patrona de dicha fundación- por lo que la acusación pública sostiene que las adjudicaciones posteriores a su empresa desde la Asamblea respondieron a dicha donación. Algo que la ex presidenta madrileña negó en sede judicial.

"No hubo irregularidad ni nadie lo denunció"

Citados como testigos a propuesta de la defensa de Cifuentes y por tanto obligados a decir verdad ante el juez, los ex diputados de la Asamblea madrileña por el PSOE e IU, Francisco Cabaco y Antero Ruiz, defendieron la legalidad de la adjudicación en la que también participaron.

Estuvimos de acuerdo y la adjudicación se aprobó por unanimidad por la Mesa

"Se siguieron al pie de la letra las indicaciones que hicieron el secretario general de la Asamblea y los servicios jurídicos de la Mesa", afirmó el diputado Cabaco en la Audiencia Nacional. "Los técnicos eran los encargados de hacer los pliegos de condiciones para que los licitadores los cumplieran. Estuvimos de acuerdo y la adjudicación se aprobó por unanimidad por la Mesa. Sinceramente, creo que no se produjo ningún tipo de irregularidad. Era un procedimiento muy reglado y ni tengo conocimiento de que hubiera irregularidad ni nadie lo denunció. En ningún momento vi ningún interés por parte de Cristina Cifuentes", afirmó el miembro de IU, Ruiz.

También fue muy claro en su explicación Fabio Antonio Pascua, secretario general de la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2013, quien no encontró incompatibilidad en que los miembros de la mesa de contratación fueran a la vez miembros del comité de expertos que aprobó el contrato. "Ahora puede resultar discutible viendo criterios posteriores y razones de prudencia que llevarían a lo mejor a quitarlas, pero quienes tienen la potestad de hacerlo, el legislador, el gobierno a través del reglamento o el Tribunal Supremo en jurisprudencia, ninguno se ha pronunciado al respecto", afirmó.

La funcionaria del cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid, Mónica Martín, también afirmó que no encontró "ninguna anomalía en absoluto" en las contrataciones. "Era un procedimiento más de todos los que iniciamos", dijo. Por su parte, el jefe de Servicio de Contratación de la Asamblea, José Fernando Martín, explicó que el proceso estaba determinado por la ley 30/07, que establecía que el informe del comité de expertos era "vinculante". También defendió que la entrada de la empresa Cantoblanco supuso una mejora "sustancial" de la calidad del servicio.

Por último, la jefa de protocolo de la Asamblea de Madrid, María Merino, aseguró que la del Grupo Cantoblanco "era la mejor oferta de las tres que se presentaron" y que los técnicos (la letrada de la Comunidad de Madrid y el técnico superior) explicaron claramente por qué dieron más puntos a una propuesta que a la otra.

La investigación

El juez Manuel García-Castellón incluyó a Cifuentes entre los investigados (a petición de la Fiscalía Anticorrupción) en la pieza 9 del caso Púnica que aborda la presunta financiación irregular de las campañas electorales del Partido Popular para las autonómicas de 2009 y 2011 y las generales de 2008.

Según el Ministerio Público y el instructor, el partido habría utilizado dos mecanismos para dotar de fondos por encima de los permitidos por la ley sus campañas. En primer lugar, con donaciones de empresarios a través de Fundescam. En segundo lugar, acordando con empresarios adjudicatarios de la Comunidad de Madrid mientras Aguirre era presidenta engordar un 1% el gasto total de la ejecución de la obra en la partida de publicidad, montante que en realidad iba dirigido a financiar el partido, presuntamente.

Según el auto de imputación, a Cifuentes se le investiga por participar en la mesa de expertos y de contratación de la Asamblea de Madrid que adjudicó los dos contratos de cafetería al Grupo Cantoblanco como recompensa, según la Fiscalía, por hacer una donación previa al Partido Popular a través de Fundescam.