En muy pocas ocasiones ha trascendido a la opinión pública la identidad de los confidentes de las Fuerzas de Seguridad españolas y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para operaciones sensibles de Estado, por razones obvias. Sin embargo, luchas políticas e investigaciones judiciales posteriores han acabado destapando la falta de rigor en la utilización de la figura del colaborador o confidente policial, y sobre todo la manera de pagar sus servicios.

El paso del tiempo y la caída de la banda terrorista ETA han permitido conocer contados nombres de los hombres que se adentraron incluso en el grupo violento como "topos" para ayudar a la Guardia Civil a desarticular algunos de los comandos más sanguinarios que operaron entre los años 80 y 90. Algunos de los mencionados colaboradores, a los que también se pagó con cargo a los fondos reservados con mecanismos similares y más opacos incluso que el de la época del ministro Belloch desgranado por El Independiente, fallecieron en el intento.

  • Victoria Álvarez, clave contra los Pujol. El conocido como caso Pujol, en el que la Justicia española rastrea la presunta fortuna oculta del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol, su esposa y sus hijos en el extranjero obtenida supuestamente de manera ilícita, comenzó a investigarse gracias al testimonio de una confidente muy cercana al clan familiar. Se trató de Victoria Álvarez, ex novia del primogénito del ex president, Jordi Pujol Ferrusola, quien compareció ante dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para denunciar que su ex pareja regresaba de Andorra con "grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros" en el maletero de su coche, lo que ayudó a desencadenar la investigación contra los Pujol (en la que toda la familia acabó investigada) y la presunta financiación irregular de la antigua Convergència (CiU). La propia Álvarez confirmó a este diario que recibió dinero del Ministerio del Interior en la época en que el popular Jorge Fernández Díaz estuvo al frente de éste por su colaboración. No ha trascendió ni el tiempo ni la cantidad que percibió con cargo a los fondos reservados.
  • Javier de la Rosa y el pacto con Villarejo. También declaró ante agentes de la UDEF en 2012 el empresario financiero catalán Javier De la Rosa, quien se sospecha que también cobró de fondos reservados del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy para ofrecer datos comprometedores sobre el dinero que la familia Pujol ocultaba presuntamente a Hacienda. Fuentes policiales sostienen que de la Rosa llegó a cobrar 250.000 euros, una cantidad que habría pactado con el comisario José Manuel Villarejo con la mediación de su abogado, Rafal Redondo, que a su vez era el socio del comisario en sus empresas privadas, por lo que ahora ambos están investigados en la Audiencia Nacional en el denominado caso Tándem o caso Villarejo.
  • El chófer de Bárcenas que acabó en la Policía. El Ministerio de Interior sí ha confirmado que Sergio Ríos Esgueva, quien fuera chófer y una especie de escolta para el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, cobró 2.000 euros mensuales durante dos años de los fondos reservados del Ministerio de Interior como confidente. Precisamente ahora Ríos está investigado en la pieza Kitchen del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, en la que se aborda si el Gobierno de Rajoy, también con Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior, montó una operación al margen de la Justicia para recuperar datos comprometedores de altos cargos del partido en manos de Bárcenas. El chófer, según la Fiscalía Anticorrupción, habría jugado un doble papel como hombre de confianza de la familia y a la vez como cooperador con la ya nombrada policía política o patriótica a la que el PP presuntamente habría puesto a trabajar con fondos públicos para su propio beneficio. Tanto el Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, como el ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, investigados en dicha pieza del caso Villarejo, declararon que nunca existió una investigación política al margen de la Justicia, sino que se les encargó investigar a Bárcenas para encontrar el dinero que atesoraba en el extranjero y por lo que la Audiencia Nacional comenzó a investigarle en el caso Gürtel.
  • Históricos 'topos' de ETA. Previamente a estos casos, e incluso antes de que entrara en vigor la mencionada ley de fondos reservados del ministro Belloch, Policía y Guardia Civil destinaron dinero público con todas las cautelas para pagar a los confidentes a los que se encomendó desarticular los comandos de ETA que asesinaron a decenas de inocentes. Fue el caso del topo de nombre falso Joseph Anido, que decía haber nacido en Estrasburgo y facilitó, infiltrado en la banda, la detención de Félix Alberto López Calle, Mobutu, número dos de la organización terrorista detenido en 1995. Ese mismo año, el diario Egin publicó una fotografía de Anido, destapándole. La Policía siempre contó con informadores dentro de la banda terrorista, uno de sus peligrosos filones para desarticular a los grupos más peligrosos. Conocidos posteriormente fueron también José Luis Arrondo, Cocoliso, y Miguel Lejarza, El Lobo, que inspiró incluso una película y consiguieron ponerse a salvo antes de ser descubiertos. No corrieron la misma suerte Tomás Sulibarria, José Luis Olivia e Ignacio Olaiz, supuestos informadores que fueron asesinados por los etarras.