La medida se adoptó en los 80, cuando la amenaza terrorista convirtió Euskadi y Navarra en un destino difícil, peligroso y al que nadie quería ser asignado. Los voluntarios eran pocos, pero el incentivo económico y la prioridad a la hora de elegir plaza definitiva tras haber pasado por ‘el norte’ un cierto periodo hicieron que el mal trago fuera algo más leve y más agentes accedieran a dar el paso. A muchos jamás les valió la pena, se dejaron la vida en ello. De los 215 guardias civiles asesinados por ETA, 165 murieron en el País Vasco. Sólo en el cuartel de Intxaurrondo ETA asesinó a un centenar de agentes.

Hoy la situación no tiene nada que ver. Ni los cuarteles son fortines infranqueables ni los ataques a guardias y policías se producen de manera reiterada. ETA ya no existe y ser destinado a un cuartel vasco o navarro no es ponerse en riesgo mortal. Pero la situación no es aún de plena normalidad. Pese a haber transcurrido una década desde el último atentado terrorista, nueve años desde el cese de “actividad armada” de la banda y dos años desde su disolución, los actos en contra de la presencia de la Guardia Civil, y menor medida de la Policía Nacional, continúan produciéndose.

Pero para ser destinado ‘al norte’ aún hoy es necesario ser incentivado. Es al menos lo que se desprende de la decisión del ministerio del Interior de mantener activo el complemento por peligrosidad que desde haced casi cuatro décadas se abona a los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional, así como a determinados funcionarios del Estado, que trabajan en Euskadi o en la Comunidad Foral navarra. Cada mes el Gobierno desembolsa casi 4 millones de euros por el pago de este plus de peligrosidad a un total de 5.564 funcionarios públicos. En su mayoría se trata de guardias civiles y policías que perciben mensualmente un complemento de 681,98 euros brutos al mes, además de su salario.

Esta bonificación la perciben actualmente 3.508 agentes de la Guardia Civil y 1.839 policías nacionales.  Junto a ellos, el Gobierno reconoce que se paga a 205 funcionarios de los Cuerpos Generales del Estado destinados en Euskadi y Navarra un complemento por el mismo concepto, si bien por mucha menor cuantía: 167,85 euros al mes. Finalmente, a los 12 trabajadores del personal laboral de la Administración se les paga cada mes 101,58 euros por la ‘peligrosidad’ que la Administración del Estado entiende que aún persiste en Euskadi y Navarra para sus funcionarios.

Más vacaciones

No es la única bonificación que tienen por su destino. Todos los agentes destinados o en comisión de servicios gozan de 11 días hábiles de vacaciones más que sus compañeros en cualquier otro destino del país y de otros 3 días añadidos en concepto de “asuntos particulares” por cada año de destino completado. Además, desde 1981, una circular de la Dirección General de Policía, aun en vigor, permite que los Jefes Superiores de la Policía puedan conceder a sus agentes hasta 30 días de vacaciones más siempre “según su prudente criterio y de la forma más conveniente para que no se resienta el perfecto desenvolvimiento de todos los servicios”.

Se trataban de incentivos para no sólo logra que los agentes y guardias accedieran a ser destinados a Euskadi y Navarra en los años más duros de violencia, sino a hacer más soportable el duro clima de acoso, aislamiento y presión en el que vivían los agentes y sus familias. Aún hoy, muchos agentes en algunos municipios aseguran que la convivencia es complicada, si bien la mayoría reconoce que no se asemeja a los años más duros del acoso terrorista. Actualmente la presión procede de los movimientos contrarios a la presencia de la Guardia Civil y que en muchas localidades vascas y navarras, como Alsasua, Oñati o Etxarri Aranatz incluyen jornadas en favor de la expulsión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del municipio.

En los últimos años la reducción de efectivos tanto en Euskadi como en Navarra ha sido moderada. Desde que ETA anunciará el cese de sus acciones terroristas en el año 2011, el número de agentes de la Guardia Civil ha pasado de 3.250 a 2.955 en el País Vasco, una reducción del 9%. En el caso de la Comunidad Foral la situación es incluso más inmóvil. Si en 2011 había 1.844 agentes, en la actualidad el número de agentes ronda los 1.800.

Entre 2.500 y 2.700 euros al mes

Es precisamente Navarra uno de los destinos donde el futuro de una parte de los efectivos del Cuerpo podría cambiar en los próximos meses. La próxima transferencia en exclusiva de la competencia de tráfico a la Policía Foral puede dejar sin funciones a cientos de guardias civiles. La posibilidad de abrir una pasarela para su absorción por parte de la policía autonómica es una de las posibilidades que se baraja. En ella, las condiciones económicas pueden jugar un papel determinante.

Los agentes quieren que se garanticen sus condiciones económicas actuales, que rondan salarios de entre 2.500 y 2.700 euros al mes. Desde Interior se ha asegurado que no se reducirán efectivos en Navarra. El acuerdo entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez establecía que en el plazo de seis meses la cesión integral de la competencia de tráfico a la Policía Foral -ahora compartida con la Guardia Civil- se completaría, con lo que para el mes de junio debería estar ya transferida.

En el caso del País Vasco, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha asegurado en varias ocasiones que no se contempla ninguna reducción significativa de efectivos. Recuerda que si bien la amenaza terrorista de ETA ha desaparecido los efectivos destinados en los distintos cuarteles son los adecuados para afrontar otras necesidades de seguridad como los problemas de la inmigración, la violencia internacional o la amenaza del terrorismo yihadista.