La presentación del anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, pondrá en marcha según se anunció este martes en Consejo de Ministros, ha levantado fuertes críticas entre juristas expertas en violencia de género.

Para poner en marcha dicha ley -que entre otras cosas eliminará el delito de abuso sexual para que toda intromisión en la libertad sexual sea agresión poniendo el foco en el consentimiento y no en la existencia de violencia e intimidación- Igualdad no ha tenido en cuenta la opinión de las expertas, según denuncian éstas: "No sólo no han escuchado nuestras recomendaciones, sino que las han despreciado", trasladan a El Independiente.

No son pocos los reproches que tienen hacia la manera en que se ha gestado y presentado el anteproyecto de ley del Gobierno de coalición, pero hay uno en el que coinciden distintas fuentes consultadas por este diario: que se hayan "echado por tierra" las conclusiones sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a las que ha llegado la sección de violencia de género de la Comisión General de Codificación, órgano de asesoramiento al Ministerio de Justicia al que corresponde "la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico", según sus estatutos fundacionales.

"Incompatible con la presunción de inocencia"

Después de la primera sentencia de 'la Manada' de Pamplona (que condenó por abuso sexual en lugar de por agresión sexual a los autores de la violación a una joven en los Sanfermines de 2016) y ante "el clamor de asociaciones de juezas y abogadas feministas que pusimos el grito en el cielo para que algo así no volviera a ocurrir", recuerdan las fuentes escuchadas, el Ministerio de Justicia con Rafael Catalá al frente impulsó un equipo de expertas en violencia de género para reforzar dicho ámbito desde la Comisión General de Codificación. Desde entonces este equipo (del que también forman parte reconocidas magistradas progresistas) "hemos dedicado amplios esfuerzos y la lucha ha sido larga porque hemos ido juntas y juntos, que también hay hombres volcados con el feminismo", afirma con evidente enfado una de las consultadas. "Ahora nos encontramos con que se ignora nuestro trabajo y leemos en prensa, porque no hemos podido leer el borrador, los trazos de una ley plagada de tópicos y con un discurso excluyente a todos los niveles y de manera radical", continúa.

Las juristas consultadas ven incompatible con la presunción de inocencia la definición que establece la ley sobre el consentimiento y cómo debe expresarlo la víctima. Por un lado, entienden que "se invierte la carga de la prueba, teniendo que demostrar la víctima que sí hizo una manifestación expresa de consentimiento" ante el agresor que diga que no fue así. Por otro, consideran que la propia definición establecida por la ley traerá problemas de interpretación en un recurso del condenado ante el Tribunal Constitucional o tribunales internacionales. El Gobierno ha manifestado que el consentimiento se entiende como la "manifestación libremente y por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar" en el acto sexual, lo que las juristas consultadas creen que puede acarrear muchos problemas de interpretación.

Una de las expertas, María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, no ve en cambio que quepa reproche de inconstitucionalidad o de vulneración del principio de presunción de inocencia si, como se anunció en rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la ley se recoge el artículo 36 del Convenio de Estambul sobre definición del consentimiento.

Sin informe del CGPJ

Por otro lado, las fuentes jurídicas consultadas destacan que el anteproyecto de ley no ha pasado aún el trámite del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) como ley que afecta a los tribunales y el Gobierno debería haber esperado a este paso para presentarlo. Un asunto que consideran puede traer incluso problemas al Ejecutivo de Sánchez para poner en marcha la ley, cuya presentación pública entienden se ha "acelerado" por la cercanía del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También encuentran problemas en el ámbito de actuación de la norma. Ven posibilidad de que colisione con las competencias de las comunidades autónomas y los juzgados de violencia de género.

Las expertas reprochan por otro lado al Gobierno de PSOE y Podemos que no haya buscado el consenso del resto de partidos políticos "para una ley trascendental para toda la sociedad española, como ocurrió con la ley orgánica de enero de 2004 y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobada en el Congreso de los Diputados" en 2017 y que ya tenía en cuenta el Convenio de Estambul que ahora invoca Montero.

Algunas de las juristas echan en falta además algunas de las reclamaciones que han trasladado en los últimos meses al Gobierno, como castigos concretos contra la prostitución, a la que según la poca información del anteproyecto de ley a la que han tenido acceso no ven que se haga ninguna referencia, como advierte la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Ella también echa en falta que la ley tenga previsto prohibir la investigación de los antecedentes sexuales de la víctima o su comportamiento posterior por parte del agresor, como refleja el propio Convenio de Estambul.