Antonio José Béjar, ex directivo del BBVA e investigado en el caso Villarejo, mantiene que "los actuales responsables del banco" diseñaron una "estrategia concertada" para derivar a él "torticeramente" toda la responsabilidad penal por la contratación de las empresas del comisario hoy en prisión y exculpar tanto al ex presidente Francisco González (FG) como a la entidad como persona jurídica.

El pasado 16 de octubre, Béjar interpuso una demanda de despido contra el BBVA, que un mes antes había decidido unilateralmente rescindir la relación laboral de más de 27 años. En concreto, el cese se formalizó el 19 de septiembre, semanas después de comparecer como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los servicios encargados por la entidad financiera al entramado empresarial controlado por el polémico policía (Grupo Cenyt) entre los años 2004 y 2017.

La acción ejercida en los Juzgados de lo Social terminó el pasado 14 de febrero, cuando el ex directivo acordó retirarla tras llegar a un acuerdo económico con el banco. En total, cobrará una compensación bruta de 1,7 millones de euros, si bien tendrá que devolver 910.000 euros en el caso de que sea condenado en sentencia firme a más de un año de prisión.

En su escrito de demanda, de 42 páginas de extensión e incorporado a las actuaciones que instruye el magistrado Manuel García-Castellón, el ex directivo se defendía de las graves imputaciones formuladas por el BBVA en el expediente disciplinario que desembocó en su despido -como la destrucción de un cedé y de documentación y su supuesta responsabilidad en la contratación de las empresas del policía- y acusaba a la "dirección del banco" de presionarlo para tratar de conocer el contenido de lo que había declarado (entonces bajo secreto de sumario) en sede judicial. "No hay la menor duda de que la finalidad de esa presión no es otra que la de evitar que las responsabilidades por la contratación de Cenyt se alojen donde realmente corresponden", defendía.

Clave en la imputación del BBVA y de FG

Si ésa era la pretensión de la actual cúpula del banco, ésta fracasó en su propósito. El mismo día que Béjar comparecía por segunda vez ante el juez (el 29 de julio de 2019), García-Castellón firmó el auto por el que acordaba la imputación del BBVA como persona jurídica. El entonces director corporativo dio también argumentos al instructor para llamar al procedimiento cuatro meses después en calidad de investigado a Francisco González como posible autor de delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos, tras señalarlo como la persona que dio la orden de contratar a la empresa de Villarejo.

En su demanda, Antonio José Béjar exponía que fue el anterior presidente de la entidad quien "personalmente ordenó en el mes de octubre de 2009 la contratación de Cenyt", después de que Kroll International -la firma a la que se le había encargado inicialmente la localización de los bienes que supuestamente ocultaban empresas deudoras del banco- no hubiera confirmado "su tesis". A Villarejo, la puerta del banco se la había abierto Julio Corrochano, ex director de seguridad corporativa y amigo de aquél desde que ambos fueron destinados como policías a la Comisaría Provincial de San Sebastián (1974).

El ex directivo acusa a la actual dirección de urdir una "estrategia" para derivar a él toda la responsabilidad penal y exculpar al banco y a Francisco González

El testimonio de Béjar compromete severamente la defensa de Francisco González, que sostiene que no supo quién era José Manuel Villarejo hasta que le vio en un programa de televisión en junio de 2017 y que nunca supo de la contratación de sus servicios ni las ordenó, en contra de lo que sostiene la Fiscalía y Béjar.

"El presidente sólo me ordenó recibir los trabajos de Cenyt para los fines por él establecidos, ya que la contratación de Cenyt fue realizada directamente por el Sr. Corrochano. Ninguna participación ni responsabilidad tuve en la contratación de dicha firma, como tampoco la tuve en la contratación de Kroll. Tampoco abrigué la menor duda sobre la licitud de la contratación de aquellas firmas, ni sobre sus métodos de actuación", expone el ex presidente de Distrito Castellana Norte en la demanda, firmada por el letrado Antonio Bernal Pérez-Herrera (Dikei Abogados).

Según Béjar, vio "una sola vez en su vida" a Villarejo. Fue concretamente en 2016, cuando el comisario hoy preso se presentó junto a su socio -Rafael Redondo, también investigado en la causa que tramita el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional- en su oficina de Distrito Castellana Norte a ofrecerle sus servicios. "Tras una breve entrevista, les despedí y nunca les contraté", asegura. Esa cita tuvo lugar casi 12 años después de que Cenyt empezara a prestar servicios para la entidad financiera, que le pagó 10.284.689,30 euros entre 2004 y 2017.

"Cortocircuitar responsabilidades"

El ex directivo no sólo ha disparado contra Francisco González. En la demanda laboral, el ex director de Riesgos y Real Estate para España y Portugal acusa a "los actuales responsables del banco" -encabezados por Carlos Torres- de querer "cortocircuitar las responsabilidades" intentando derivar "dolosamente" hacia él los reproches penales con "indudable saña".

En su opinión, la dirección de la entidad le ocultó durante meses que estaba llevando a cabo un forensic y remitió al juzgado resultados de ese trabajo de investigación de forma "sesgada" e "incompleta" con la intención de que sirviera "de parapeto a su coartada". "Sin duda, esperaban que mi persona actuara de pantalla evitando a otros acudir al doloroso trance de una investigación penal", interpreta.

Esperaban que yo actuara de pantalla evitando a otros acudir al doloroso trance de una investigación penal", exponía en su demanda por despido

En su escrito, Béjar insiste en que el banco buscó en él a un "chivo expiatorio" que asumiera las responsabilidades que, "por acción u omisión", le correspondían al BBVA y a sus directivos por la contratación de las empresas controladas por José Manuel Villarejo.

En este sentido, no tiene dudas de que el expediente disciplinario que le abrieron era una "represalia" por haber declarado ante el juez del caso Villarejo -a diferencia de lo que hicieron el resto de ex directivos imputados, que se acogieron a su derecho a guardar silencio invocando que la causa estaba secreta y desconocían qué elementos incriminatorios había reunido la investigación- y una estrategia con la que pretendía conocer qué había dicho ante el instructor.

"La dirección del banco, lejos de reconsiderar su postura e investigar como es debido, analizando pruebas dignas de tal nombre y en algún caso de dominio público, ha querido presionarme y amedrentarme, intentando obtener toda la información posible acerca de mi declaración en sede judicial con el subterfugio de un innecesario e impostado expediente. Mi negativa a entrar en el juego y a dar cuenta de mi declaración ante la Audiencia Nacional con carácter previo a que se produzca la declaración judicial del banco como imputado ha acarreado mi fulminante despido", argumenta.

"Cúspide de la organización"

En este contexto, Antonio José Béjar llama la atención sobre el "benévolo trato" que los responsables actuales de la entidad financiera han otorgado "a las personas que desde la cúspide de la organización estarían vinculadas con las decisiones que ahora escandalizan" y que, pese a tener también la condición procesal de investigadas y pesar sobre ellas medidas cautelares, "han salido del banco convenientemente indemnizadas" en comparación con su caso.

"He sido expulsado de la organización a la que llevo sirviendo varios lustros después de poner mi cabeza en el centro de la diana de las responsabilidades, tratando de utilizarme como parapeto en una operación de derribo difícilmente catalogable", razonaba en el escrito con el que pedía la nulidad de su despido o al menos que se declarase improcedente.

Investigado como supuesto autor de delitos de cohecho activo y revelación de secretos y sin que pesen sobre él medidas cautelares, Béjar empezará a cobrar el próximo 25 de marzo la primera de las 24 mensualidades de 70.833,33 euros en que se cerró el acuerdo tras recurrir su despido. Será el dinero que cobrará hasta febrero de 2022, cuando ya podrá competir contra el BBVA y Distrito Castellana Norte. La instrucción y, en caso de llegar a juicio, el tribunal determinarán si debe devolver parte de la suma por su responsabilidad en los servicios que Villarejo prestó para el banco al que él se incorporó cuando la Expo 92 estaba a punto de clausurarse en su ciudad de Sevilla.