La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) ha pedido al Ministerio del Interior que, "de manera urgente", facilite a los funcionarios termómetros sin contacto, mascarillas y equipos de protección individual para evitar el contagio por el coronavirus.

Los sindicatos ACAIP-UGT (mayoritario en el sector) y CSIF han mantenido este jueves una reunión con el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias en Picassent después de que dos funcionarios de esta prisión valenciana hayan tenido contactos con personas afectadas por el 'Covid-19'. Entre las medidas solicitadas se encuentra la de exigir a las autoridades sanitarias que le hagan las pruebas diagnósticas a la mayor brevedad a estos trabajadores para conocer si están afectados y se adopten las medidas de contención adecuadas.

Las organizaciones han trasladado al representante de la Administración la necesidad de conocer cuál es el criterio epidemiológico y las herramientas de que se dispone para detectar posibles casos y cuál son las pautas a seguir en el supuesto de que tuviera que declararse la cuarentena en un centro penitenciario.

Según informa en un comunicado, ACAIP-UGT ha demandado que se incorpore al protocolo ya existente medidas que permitan contener la epidemia. "Necesitamos evaluar de manera urgente a las personas que cada día entran y salen de los establecimientos penitenciarios", ha defendido José Ramón López, presidente de este sindicato.

López ha traslado la "gran preocupación" existente entre este cuerpo de funcionarios ante la posibilidad de transmisión del coronavirus en el interior de las prisiones, por lo que al problema de salud pública se añadiría "una crisis de seguridad pública".

El sindicato mayoritario, ACAIP-UGT, demanda que se evalúe "de manera urgente" a las personas que entran y salen de las cárceles

Por todo ello, los sindicatos han pedido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que convoque sin dilación a la comisión estatal de seguridad y salud laboral al objeto de acordar "medidas de formación" para que los funcionarios puedan hacer frente a esta crisis.

El pasado 4 de febrero, cuando el número de contagiados avanzaba ya de forma imparable en China y semanas antes de que se confirmaran los primeros casos en Italia y España, la Subdirección General de Recursos Humanos envió un oficio a los directores de las prisiones que gestiona el Estado con las «normas de actuación» a seguir en caso de que un interno pueda presentar sintomatología compatible con el ‘Covid-19’: fiebre, tos, malestar general o dificultad respiratoria.

Aislamiento en celda individual

El documento, al que ha tenido acceso El Independiente, ofrece seis recomendaciones a los funcionarios a fin de «prevenir la diseminación de la infección» ante casos sospechosos. La medida «más importante» para reducir la transmisión es el «lavado de manos con frecuencia» antes y después del contacto con el preso que pueda presentar síntomas, especialmente «después de estornudar o toser». «Cúbrase la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o al estornudar y lávese inmediatamente después las manos», añade.

Si se cree que un determinado recluso puede estar contagiado, la instrucción precisa que el interno deberá «utilizar una mascarilla quirúrgica, se le aislará en celda individual y la puerta permanecerá cerrada». Cuando haya que proporcionarle atención y aquél se encuentre a menos de un metro de distancia, el funcionario deberá llevar el equipo de protección personal -formado por bata resistente a líquidos, protección ocular antisalpicaduras y guantes- y mascarilla FFP2 (con una eficacia de filtración del 92 %) o FFP3 (98 %).

En el supuesto de que el interno se encuentre a más de un metro, bastaría con que el personal que lo atienda -sea sanitario o no- utilice mascarilla FFP2 o FFP3 y guantes desechables no estériles, si bien el empleo de estos equipos no sustituye el lavado higiénico de manos antes y después del contacto. Si la sospecha tiene lugar cuando se está explorando al recluso en el momento de ingresar, aquél deberá permanecer en el módulo de ingreso con las medidas de protección antes descritas.

Valoración del interno

Sea en un caso u otro, el funcionario tendrá la obligación de avisar «de forma inmediata» a las autoridades sanitarias solicitando «la valoración del interno», la recogida de muestras y, si fuera necesario, el traslado a un hospital. La incidencia se deberá comunicar también a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.

La instrucción detalla que, en caso que no fuera necesario el ingreso hospitalario del interno, éste deberá permanecer en su celda individual en situación de aislamiento y «vigilancia activa» durante 14 días -periodo de incubación del virus- desde la última exposición.