Mucho antes de que abriera sus puertas y albergara a ilustres reclusos como Mario Conde, Luis Bárcenas, Francisco Correa, Gerardo Díaz Ferrán o Rodrigo Rato, la prisión madrileña de Soto del Real ya se asomaba a los periódicos. En el otoño de 1992, los vecinos de esta localidad de la Cuenca Alta del Manzanares protagonizaron sonoras protestas contra el Gobierno de Felipe González por el proyecto de construcción de una "macrocárcel" en su término municipal, al entender que ello lastraría su desarrollo económico. Los hechos no han avalado ese temor.

Ha pasado el tiempo y ni se ha resentido el turismo ni los vecinos viven estigmatizados por el hecho de que el nombre del pueblo se asocie al centro penitenciario en el que han cumplido pena algunos de los principales condenados por casos de corrupción. La población, por contra, casi se ha triplicado en estos últimos 25 años.

El 14 de marzo de 1995, el 'súperministro' Juan Alberto Belloch (Justicia e Interior) inauguró oficialmente la cárcel de Soto del Real (Madrid V). Era el primer centro-tipo que se levantaba en España sobre los pilares de la nueva filosofía penitenciaria, alejada de las grandes galerías que caracterizaban las viejas prisiones y basada en módulos que facilitaran la clasificación y tratamiento de los internos con vistas a su reinserción.

El estreno lo presidió el magistrado aragonés casi cuatro años después de que se hubiera colocado la 'primera piedra' de este proyecto. El 5 de julio de 1991, siendo presidente del Gobierno Felipe González y Antonio Asunción secretario general de Asuntos Penitenciarios, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, que proyectó la construcción de 18 prisiones a fin de incrementar el número de plazas debido al hacinamiento que se registraba y dar cerrojazo a instalaciones claramente obsoletas.

"En el momento presente, la Administración Penitenciaria cuenta con un importante número de establecimientos que difícilmente cumplen, a pesar de las cuantiosas inversiones en reformas, con los fines que las Instituciones Penitenciarias demandan. La falta de espacios comunes, imposibilidad de creación de talleres, escuelas ubicadas en lugares impropios y nada motivadores, dormitorios colectivos, etc. son algo habitual en estos centros, dificultando la prestación de los servicios que, como oferta posibilitadora de la reeducación y reinserción demanda en la Constitución, constituyen la razón de ser del sistema penitenciario español", justificaba la exposición de motivos del citado acuerdo.

El próximo 14 de marzo se cumplen 25 años de la inauguración de la cárcel de Soto del Real, cuya construcción enfrentó al pueblo con el Gobierno de Felipe González

Se trataba de la construcción de nuevas prisiones que se financiarían en gran medida con el dinero derivado de la venta de los terrenos que ocupaban diversos centros penitenciarios y que no reunían ya condiciones para seguir albergando a reclusos. Disponer de instalaciones más modernas permitiría ahorrar en personal y, sobre todo, evitarían las continuas reformas que había que acometer en las viejas debido a su antigüedad y mal estado.

Una de las localizaciones elegidas fue la finca Los Cierros de San Bartolomé, en la localidad madrileña de Soto del Real. La ubicación se justificaba porque el Ministerio de Justicia tenía allí un solar en propiedad y porque no había hasta entonces ninguna prisión en la zona norte de la provincia de Madrid, dado que las existentes se ubicaban en Alcalá de Henares (este) y Valdemoro y Navalcarnero (sur).

La elección de este paraje junto al Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares, a unos 55 kilómetros de la capital, iba a enfrentar a los vecinos con el Gobierno socialista. La cárcel dañaría el desarrollo económico de Soto del Real al mermar sus posibilidades turísticas, argumentaban convencidos los detractores.

Largo pulso en los tribunales

Las obras de construcción del centro penitenciario Madrid V fueron autorizadas el 31 de julio de 1992 por acuerdo del Consejo de Ministros invocando razones de excepcional interés público, posibilidad prevista en el artículo 244 de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana. El rechazo al proyecto por parte de la corporación local era absoluto.

Prueba de ello es que, el 10 de noviembre de ese año, el entonces alcalde de Soto del Real (Eladio Navarro, del CDS) firmó un decreto paralizando los trabajos -adjudicados a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)- esgrimiendo que se trataba de un terreno calificado como suelo no urbanizable de especial protección por su interés ganadero. Aquella decisión fue el inicio de un largo pleito en los tribunales que ganó el Estado: el 1 de diciembre de 1995, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó el recurso contra el decreto de paralización, fallo que fue respaldado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo el 7 de junio de 2001.

Prisiones cambió el proyecto sin avisarnos ni a mí ni a los alcaldes y lo amplió. Un día visité el pueblo y medio me maltrataron", recuerda Joaquín Leguina

La presión vecinal logró que Justicia redujera las dimensiones del proyecto. Según informó Eladio Navarro a El País, el Gobierno llegó a barajar la idea de levantar dos centros con 1.230 internos cada uno y sendas torres de vigilancia. "Prisiones cambió el proyecto sin avisarnos ni a mí ni a los alcaldes y lo amplió. Ése fue el problema. Un día visité el pueblo y medio me maltrataron. Juro que no los engañé", explica a El Independiente Joaquín Leguina, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El centro penitenciario de Soto del Real se levantó sobre una parcela de más de 63 hectáreas, superando la superficie construida los 78.000 metros cuadrados. El complejo se estructura en 14 módulos y cuenta con 1.008 celdas y 174 complementarias, siendo uno de los siete establecimientos penitenciarios existentes en Madrid. La inversión inicial ascendió a 7.577 millones de pesetas (45,53 millones de euros).

Cargas al intentar paralizar las obras

Más de un cuarto de siglo después, en Soto del Real se mantiene aún fresco el recuerdo de las protestas vividas en el otoño de 1992, años antes de su apertura y de que el nombre del pueblo empezara a asociarse a la cárcel en la que están o han estado recluidos algunos de los políticos condenados por delitos de corrupción.

El 12 de noviembre de 1992, medio centenar de personas se concentró en la entrada de la finca en la que el Ministerio de Justicia iba a empezar las obras para levantar el nuevo centro penitenciario. El alcalde ordenó a los agentes municipales que impidieran el paso a la maquinaria, pero los efectivos de la Guardia Civil se abrieron paso entre los vecinos y autoridades que querían defender la posición del municipio. Además del alcalde y miembros de su equipo de gobierno, estaban también los regidores de Miraflores y Manzanares el Real.

Vecinos intentando paralizar las obras de construcción.

Muchos vecinos de Soto del Real no han olvidado las imágenes de la carga de la Benemérita, con botes de humo y empujones; ni la vara de mando del alcalde rota en medio del caos. Los tres alcaldes de la sierra, tres concejales del pueblo, cinco policías municipales, nueve vecinos y un periodista fueron detenidos y trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

"Entramos en la finca para evitar que el Ministerio se hiciese cargo de la finca. Nos concentramos y ocupamos la finca. Bueno, una parte porque la finca es inmensa. A mí no me detuvieron, pero sí a muchos", recuerda Juan Barrado, concejal en el gobierno que encabezó Eladio Navarro y testigo de los hechos.

El recuerdo del actual alcalde

Aquellos altercados coparon los informativos del momento. Juan Lobato (PSOE), alcalde actual de Soto del Real, no lo ha olvidado: "Tenía diez años, pero lo recuerdo de forma cristalina. Estaba en el bar Nino con mi padre y todos estábamos viendo en la tele las imágenes de lo que había pasado aquel día".

El pueblo quedó conmocionado por aquellos acontecimientos. Días después, unos 15 autobuses con vecinos de los tres municipios se manifestaron en la capital frente al Ministerio de Justicia para reclamar la paralización de las obras de la futura prisión, que ha puesto en el mapa a esta localidad perteneciente al partido judicial de Colmenar Viejo.

Protesta de los vecinos de Soto del Real ante el Ayuntamiento en el verano de 1992.

Las movilizaciones de aquellos años concentraron a muchos de los vecinos en varias convocatorias masivamente secundadas. Francisco Martín, vecino de Soto y sociólogo, recuerda aquellos momentos. "Tendría 18 años aproximadamente y me acuerdo de la manifestación en la plaza del pueblo, llena de pancartas muy centradas en el daño medioambiental que supondría la cárcel. Allí estábamos gente de muy diferentes edades y perfiles, desde niños gritando 'No al penal en Soto del Real' hasta señoras muy mayores con pancartas pidiendo 'protección de la Biosfera", rememora.

Mario Conde, Luis Bárcenas, Francisco Correa, Díaz Ferrán y Rodrigo Rato, entre los reclusos que han pasado o siguen cumpliendo pena en esta prisión

Martín recuerda que en la localidad había opiniones encontradas. "Mayoritariamente diría que la gente estaba en contra de la cárcel. En este sentido, muchos vecinos ponían énfasis con sus pancartas en las repercusiones que tendría la construcción de la cárcel sobre el medio ambiente, pero cuando hablabas un poco más en profundidad veías que la preocupación en muchos casos tenía más que ver con temores a que Soto se convirtiese en un pueblo inseguro, con delincuencia... Sin duda, había gente a la que le preocupaba el daño medioambiental que podía generar aquella mole en medio de la sierra", cuenta.

"En el polo opuesto, mucho más minoritario, había un discurso a favor, o al menos no en contra, de la cárcel basado en criterios más economicistas muchas veces, gente que destacaba las repercusiones que podría tener aquello de cara a potenciar el comercio del pueblo, que aumentaría la población con los empleados que vinieran, que se generaría más construcción por los empleados de la cárcel", añade el sociólogo.

Prisión de Soto del Real, con su característica torre de vigilancia.

El balance para la localidad que hace el alcalde actual es muy positivo. "Tras la primera etapa de incertidumbre se vio rápidamente que de negativo no había nada. Hemos crecido en población al tener nuevos vecinos, funcionarios y empleados de la cárcel y además otros vecinos del pueblo consiguieron trabajo en la prisión", destaca. En 2019, Soto del Real contaba con 8.799 vecinos empadronados, frente a los 3.562 que se contabilizaban en 1995.

"Los furgones no pasan ni por el pueblo"

Pese a que el nombre del municipio se asocia a una cárcel, Lobato no lo encuentra negativo. "Cuando se metió en la cárcel a tantos presos famosos, en la época de Bárcenas, algunos vecinos comentaron la posibilidad de recuperar el nombre antiguo del pueblo [Chozas de la Sierra], pero eso no ha pasado del chascarrillo. He concedido un montón de entrevistas a radios y televisiones en las que he podido hablar de que Soto está en un parque nacional y que se puede venir a disfrutar", explica. 

El alcalde insiste en que la cárcel no les afecta en nada, dado que está a cinco kilómetros del núcleo urbano y no existe impacto visual. "Los furgones no pasan ni por el pueblo. Tampoco notamos el paso de los proveedores de la cárcel ni los familiares de los presos", detalla.

Una vez que las máquinas entraron en la finca, la cárcel se convirtió en un hecho y las presiones social y política se fueron diluyendo. Con todo, el pulso se seguía librando en los tribunales y, cuando llegó el día de la inauguración, los alcaldes de ocho municipios (Navalafuente, Miraflores de la Sierra, El Boalo, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Bustarviejo, Guadalix de la Sierra y Soto del Real) plantaron al ministro Belloch y no acudieron al acto oficial.

La pancarta que terminó en Barajas

El entonces ministro de Justicia e Interior, hoy magistrado en la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza, no pasó por alto la frontal oposición de la comarca en el acto de inauguración aquella mañana de marzo de 1995. "La sociedad se queja del hacinamiento de los presos, pero luego pone dificultades para que se construyan cárceles", criticó Belloch, según detalla la crónica que al día siguiente publicó el diario Abc.

El penal había abierto sus puertas, pero la pancarta que simbolizaba la oposición al proyecto seguía exhibiéndose en el Ayuntamiento. Meses después del estreno, en la madrugada de un día de agosto del 95, tres jóvenes veraneantes subidos en un vespino negro buscaban dónde extender la fiesta tras el cierre de la discoteca del pueblo (Kou). No tuvieron mejor idea que arrancar el gran cartel de 'Macrocárcel no' que seguía cubriendo el balcón de la Casa Consistorial.

Desde ese momento ya no quedó señal alguna de la resistencia popular a la gran reforma de las infraestructuras carcelarias alumbrada por Antonio Asunción en su etapa al frente de Asuntos Penitenciarios. El cartel que aquellos muchachos habían descolgado una noche de verano antes de recogerse apareció semanas después en el aeropuerto de Barajas.