El juez de Madrid Antonio Serrano Arnal, que investiga el encuentro en la terminal ejecutiva de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la ex vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a pesar de tener prohibida la entrada en territorio europeo, ha rechazado la personación del Partido Popular como acusación en la causa abierta por presunta prevaricación administrativa.

Tras salir a la luz el encuentro, Partido Popular solicitó a un juzgado de Madrid la medida cautelar de que se guardaran las cintas de la sala VIP de la terminal del aeropuerto madrileño y la Policía se hiciera con ellas para aportarlas a un juzgado. Por su parte, el Partido Laócrata presentó una querella contra los funcionarios públicos y trabajadores privados que pudieron tener responsabilidad en los hechos que fue admitida a trámite y contra Ábalos ante el Tribunal Supremo. También lo hizo el partido Vox. Ciudadanos, por su parte, presentó una querella ante la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, el juez Serrano Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, asumió la investigación por prevaricación y las cautelares abiertas en otro juzgado a raíz de la petición del PP. Este lunes, el juez ha dictado un auto en el que rechaza que el PP ejerza la acusación popular puesto que no presentó querella ni sus cuentas para que se le estableciera una fianza y entrar así en la causa.

El polémico encuentro

El pasado 20 de enero, el ministro de Transportes Ábalos mantuvo un encuentro con la ex vicepresidenta chavista en el aeropuerto de Barajas, según desveló Vozpópuli. El ministro ofreció distintas versiones, pasando de negar el encuentro a admitirlo con una explicación intermedia y casi rocambolesca de un encuentro casual con Delcy Rodríguez en el avión donde pasó por Madrid rumbo a Turquía.

Rodríguez forma parte de la decena de dirigentes chavistas a las que se tiene prohibida la entrada en territorio europeo como responsable de violaciones de derechos humanos. De ahí que los grupos de la oposición consideraran un escándalo el encuentro de Ábalos con la dirigente venezolana y pidieran explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, donde a pesar de que dos juzgados admitieron sendas querellas, dieron el asunto por amortizado pocos días después de estallar el escándalo.