Justicia Policial (Jupol), el brazo de la plataforma Jusapol en el Cuerpo Nacional, ofrecerá protección jurídica a los agentes que no acudan este martes a trabajar y ejerzan su "derecho a la salud" ante la posibilidad de que la dirección les abra expedientes disciplinarios por entender que secundan una huelga encubierta.

Desde la pasada semana circula un llamamiento a secundar una huelga ‘a la francesa’ este martes como respuesta al veto del Gobierno a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que buscaban alcanzar la equiparación salarial "real" con los Mossos d’Esquadra. "Reflexiona en tu casa el próximo 10 de marzo. #EquiparaciónYa. #ALaFrancesa", detallan las octavillas repartidas durante la protesta a las puertas del Congreso.

"Queremos decirle a los compañeros que el que quiera secundar eso va a estar protegido legalmente (...). Es un derecho [a la salud] que tienen todos y cada uno de los policías y guardias civiles", ha declarado este lunes en conferencia de prensa el secretario general de Jupol, Chema García. Y ha añadido: "Es una decisión que cada uno ejercerá libremente".

Jupol ha justificado este ofrecimiento a sus afiliados ante la posibilidad de que funcionarios que se encuentren enfermos en las fechas próximas a las convocatoria vayan "más allá del deber" y decidan ir a trabajar, "cuando deberían estar de baja", para evitar ser expedientados.

"El derecho constitucional a la reivindicación y el derecho constitucional a la protección de la salud muchas veces se mezcla por parte del Gobierno. Y ante esa indefinición, la gente pueda entenderse retraída", ha expresado el letrado de Jupol, Antonio Luis Vázquez (Abam Abogados). Éste ha defendido que el sindicato "cumple con el ordenamiento jurídico" -la norma impide a policías nacionales y guardias civiles ejercer el derecho de huelga- y dice que la convocatoria no entra en las "decisiones estratégicas" de la organización.

El sindicato de Jusapol defiende el "derecho a la salud" de los policías ante la convocatoria para este martes de un acción tras el veto a la ILP de la equiparación salarial

Según el letrado, los afiliados les están trasladando el temor a "posibles represalias" en forma de "sanciones o expedientes coactivos" por parte de la Dirección General de la Policía "si se ven obligados a dar a conocer su malestar físico por enfermedad o baja médica".

A preguntas de este diario, el abogado ha reconocido que la plataforma Jusapol ha promovido este martes una "jornada de reflexión" a través de las redes sociales y grupos de Whatsaap -para lo que creará una etiqueta ex profeso- con la que quieren intercambiar públicamente opiniones acerca de qué hacer tras el veto de PSOE y Unidas Podemos a la tramitación parlamentaria de la ILP y que se planteen propuestas reivindicativas para obligar al Gobierno a sentarse a hablar. "Eso debe tener contestación en la sociedad, no podemos quedarnos callados", ha expresado.

Desde la semana pasada circulan por las redes sociales vídeos y llamadas a la convocatoria -descrita como «una medida de presión histórica» y «la más importante tomada por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»- que se justifica por el «ninguneo» de los gobernantes en los últimas tres décadas. Incluso se le dan indicaciones a los agentes de cómo tienen que proceder: se llama a las dependencias policiales de cada uno dando cuenta del supuesto "malestar" físico para que quede registrado en el libro de telefonemas, se visita a un "médico de confianza" y se le pide un justificante y, en tercer lugar, "disfruta en casa de tu familia mientras luchas por tu dignidad salarial".

La invocación "a la francesa" hace alusión de forma velada a la protesta que un millar de agentes pertenecientes a las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) de Francia secundó a finales de año en plena polémica por la reforma de las pensiones, cuando se declararon ‘enfermos’ súbitamente a la vez. Los policías se mostraban en contra de que se elevara la edad de jubilación anticipada y de las condiciones que el Gobierno galo pretendía incluir para poder gozar de la bonificación de un quinquenio extra de cotización por cada cinco años trabajados. Emmanuel Macron terminó dando marcha atrás.

Tanto la Ley de régimen de personal de la Policía Nacional como la Ley reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil prohíben expresamente a los funcionarios de ambos Cuerpos ejercer el derecho de huelga, llevar a cabo «acciones sustitutivas» u «otras concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios».

Preguntado por este periódico si existe un plan de actuación en caso de que este martes un número importante de guardias civiles se diera de baja por enfermedad, un portavoz de la Guardia Civil ha respondido que "siempre" hay previstas unidades de reserva "para cualquier contingencia que pueda surgir". La Policía Nacional no ha precisado qué haría si se diera el caso.