El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado, como le pidieron las fiscales del caso Púnica, citar a declarar como testigos de la causa a los condenados por corrupción en Gürtel Isabel Jordán, ex administradora de las empresas de Francisco Correa, y Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid). También al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, procesado por recibir más de 600.000 euros en regalos por parte de Correa a cambio de adjudicaciones a su trama, según acusa Anticorrupción, y para el que se piden 40 años de prisión en el juicio todavía sin fecha de Gürtel en dicho municipio madrileño.

Se trata de una de las últimas balas de las responsables del Ministerio Público Teresa Gálvez y Carmen Cerdá para mantener como investigada en la pieza 9 de la causa a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2007 y 2011, puesto que la instrucción debe acabar en junio y aunque existen indicios de un presunto sobrecoste de las campañas del Partido Popular a través de fondos públicos y de amaños con empresarios, ninguno de ellos involucra directamente a la ex presidenta madrileña.

El instructor García-Castellón imputó a Aguirre (junto con los también ex presidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes) el pasado 2 de septiembre y consideró en su auto, muy similar a los informes de la Fiscalía, que fue ella quien "ideó" la financiación ilegal del PP de Madrid para "fortalecer su figura política".

En dicho auto se consideró que esos fondos no permitidos por ley para sus actos de campaña que "llegaron a superar en más del 50% el límite del gasto permitido" se consiguieron por medio de pagos de empresarios a los que después se benefició con adjudicaciones públicas y por medio de la denominada cláusula del 1%. Un porcentaje de publicidad en los contratos de organismos de la Comunidad de Madrid que supuestamente se asignaron siempre a dos o tres empresas elegidas por el PP madrileño para desviar fondos públicos.

La reunión de Correos

El dato más concreto que recoge el auto de imputación del juez contra Aguirre es su participación en una reunión en la sede del Gobierno madrileño, la Real Casa de Correos, en el año 2004. Durante ésta, en la que estaban ella, su jefa de Gabinete Isabel Gallego, los ex consejeros Francisco Granados y Manuel Lamela, el ex presidente Ignacio González y el ex diputado Alberto López Viejo, se habría indicado que Over Marketing, de Daniel Horacio Mercado, sería una de las empresas de Publicidad con las que contratar siempre, atribuyéndole a Aguirre dicha indicación.

Precisamente Mercado, juzgado por la corrupción de Baleares alrededor de Jaume Matas, pactó también con el Ministerio Público contar lo que supiera sobre las presuntas adjudicaciones a dedo a sus empresas por parte de gobiernos del PP para financiar sus campañas por la puerta de atrás. Fue quien delató a Aguirre y afirmó que ella instó a contratarle en tal reunión.

Sin embargo, cuando el ex consejero Lamela declaró ante el juez García-Castellón sobre estos hechos, responsabilizó de tal contratación a la jefa de Gabinete de Aguirre, Isabel Gallego, y no a ella. No existe registro documental alguno de dicha reunión ni lo decidido allí dentro, por lo que se trata de la declaración de Lamela contra la de Mercado.

Buscan reducir sus penas

Ahora, el juez ha acordado que declaren los próximos 14 y 15 de abril Guillermo Ortega, Isabel Jordán y Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla, por los datos que puedan conocer de la presunta financiación irregular de las campañas del PP y las relaciones con los empresarios que la habrían facilitado.

Se da la circunstancia de que los tres testigos propuestos por las fiscales son muy favorables a tirar de la manta para mejorar su situación personal. Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, fue uno de los condenados a una pena más alta en la sentencia de Gürtel Época I, con 38 años de prisión.

Panero, por su parte, se enfrenta a una pena de prisión de 40 años y 9 meses en el juicio de Gürtel Boadilla para el que aún no hay fecha. En la línea de colaborar con la Justicia para conseguir una petición de pena menor en esta causa, ya declaró ante el juez De la Mata en la instrucción de la caja B del PP o Papeles de Bárcenas implicando a Mariano Rajoy y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que afirmó que informó de las presiones del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para que contratara a las empresas que él dijera por indicación de Rajoy. El PP andaluz anunció una querella contra él después de su declaración en sede judicial.

Pedreira ya tuvo las facturas

Isabel Jordán, condenada a más de 20 años de prisión entre Gürtel I y Fitur, lleva tiempo colaborando con la Fiscalía. Desde otoño, disfruta del tercer grado penitenciario.

En el informe en el que las fiscales del caso pidieron su declaración el pasado 3 de marzo al que ha tenido acceso El Independiente, exponen ante el juez que es para que aclare la adjudicación de un contrato público en 2006 desde el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) a la empresa Marketing Quality Management (MQM) a la que estuvo vinculada.

Según el informe de la Fiscalía, "el objeto de dicho contrato habría sido indiciariamente ficticio o estaría sobrevalorado como forma de desviar dinero público desde las arcas de Imade. La diligencia solicitada va dirigida va dirigida a recabar indicios probatorios sobre los hechos investigados y determinar la participación de los responsables de los mismos".

En 2010, el juez Pedreira ya recibió documentos de la empresa MQM con la Comunidad de Madrid y consideró que apuntaban más a una "irregularidad administrativa"

En el año 2010, el instructor por entonces del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ya recibió un gran volumen de los contratos y documentos de la empresa MQM con la Comunidad de Madrid y consideró que apuntaban más a una "irregularidad administrativa" que a hechos delictivos.

Panero implica a Beltrán Gutiérrez

En cuanto al informe para solicitar la declaración de Panero, las fiscales reprochan al juez que no la acordara hace unos meses, cuanto éste presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción con "hechos que de ser ciertos serían constitutivos de delito, y en concreto relata actuaciones vinculadas a otro de los investigados en la causa, Beltrán Gutiérrez. Llega a decir el denunciante: 'Se financiaba con dinero público las diferentes sedes locales'", afirman las fiscales.

"Consideramos también de interés la declaración como testigo de Arturo González Panero ya que en la denuncia presentada en la Fiscalía aporta datos que pueden ayudar a esclarecer los hechos investigados en otras líneas de la causa, y en concreto en lo relativo al plan PRISMA, venta de parcelas municipales o el posible amaño de la adjudicación del contrato para la construcción del metro ligero a Boadilla. En la denuncia aportada a la Fiscalía relata de nuevo la reunión del investigado Francisco Granados con 20 alcaldes a los efectos de que recaudasen fondos para el partido y la posible participación del investigado Beltrán Gutiérrez", se afirma en el escrito que finalmente acepta el juez.

Precisamente en el auto de imputación de Aguirre, el juez se refirió a los indicios que expone el Ministerio Público sobre que "en paralelo a la contabilidad que presentó en cada campaña ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, el investigado Beltrán Gutiérrez llevaba también una contabilidad B donde sí se reflejaban los verdaderos gastos de las campañas, el origen de los fondos aplicados y la forma en que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid afrontaba el pago de los mismos". 

Unos pagos que el exconsejero Granados reflejó en una agenda incautada en los registros de su domicilio una vez fue detenido por su imputación en otras piezas del caso y en la que reflejó bajo la indicación in y out el dinero que aportaron presuntamente distintos empresarios para financiar ilegalmente al partido. Dicho hallazgo, su declaración, y la de otros testigos e investigados en el caso ha permitido a la Fiscalía Anticorrupción reunir indicios sobre los métodos concretos de financiación irregular, pero no sobre la participación directa de Aguirre.