Los últimos positivos por Covid-19 conocidos dentro de la política española, en concreto el de la ministra de Igualdad, Irene Montero; y el de la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, han precipitado una cadena de acontecimientos cuya última consecuencia atañe directamente a la Cámara Baja, que ya suspendió sus plenos para esta semana tras conocerse el positivo del diputado de Vox, Javier Ortega Smith.

En una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, a la que han acudido un único representante por partido político, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido suspender la actividad en la cámara de representación durante los próximos 15 días y ha convocado un pleno extraordinario para el próximo 24 de marzo, al que acudirán exclusivamente los diputados que tengan que intervenir de forma presencial. El resto votará de forma telemática decretos pendientes, como el que aprobó la reforma laboral.

Además, permanecerá abierto el registro telemático la próxima semana, cuando tendrá lugar una nueva reunión de la Junta de Portavoces, esta vez a distancia. En ella, se evaluarán las fórmulas para mejorar la capacidad de actuación del Congreso ante la emergencia sanitaria, como las reuniones vía videoconferencia.

Se trata de una situación absolutamente excepcional. La pasada semana, la Mesa del Congreso decidió suspender las sesiones plenarias después de que los 52 diputados de Vox decidiesen aislarse en sus domicilios por los dos positivos registrados en sus filas, lo que implicaba una merma para el normal desarrollo del poder legislativo. En principio, estaba previsto retomar la actividad parlamentaria la próxima semana, pero los nuevos casos en Moncloa y en el PP han precipitado medidas drásticas para los que no hay receta.

Todos los miembros del Gobierno se están realizando pruebas tras conocerse el positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el aislamiento preventivo del vicepresidente segundo y pareja de la dirigente de Podemos, Pablo Iglesias. En el PP no han decretado, por el momento, ninguna medida de aislamiento obligatorio para su equipo más allá del teletrabajo voluntario y la restricción de actos públicos, aunque dejan la puerta abierta a implementar más medidas en función de la evolución de la crisis, según confiman en Génova.

Ante esta decisión, cobra fuerza la propuesta que anunció la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, el pasado martes y que recogió de la líder de Coalición Canaria, Ana Oramas: plantear una reforma exprés del reglamento del Congreso para que sea la Diputación Permanente la que se haga cargo de la actividad ordinaria. Allí podría comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como han solicitado en las últimas horas tanto PP como Ciudadanos.