Goteo constante de medidas drásticas y excepcionales para atajar la crisis del coronavirus. A través de una rueda de prensa conjunta con Begoña Villacís, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado una rebaja de impuestos de 63 millones de euros para afrontar el impacto económico que supondrá la emergencia sanitaria y ha pedido que los madrileños "ciñan al máximo cualquier actividad que tengan que realizar fuera del domicilio" y salir de casa "solo si es absolutamente imprescindible". "No son vacaciones, es una crisis", añadía el líder municipal, dirigiéndose especialmente a los estudiantes universitarios.
Por su parte, la vicealcaldesa ha apelado también a la "responsabilidad individual" y ha pedido que los ciudadanos solo salgan a la calle para lo más necesario. "No estamos en un momento vacacional, estamos en un momento de crisis. No podemos vivir una vida normal", avisaba la líder de Ciudadanos en Madrid, en una intervención en la que también se ha decretado el cierre de todos los mercadillos en la capital, incluido el Rastro. Y lanzaba una advertencia: "El Ayuntamiento de Madrid no podrá hacer nada si los ciudadanos no asumen su responsabilidad".
Estas nuevas medidas se suman a la iniciativa de cerrar todos los centros culturales, incluido el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, además de polideportivos, teatros o bibliotecas por la amenaza del Covid-19. Las guarderías, colegios y universidades de la Comunidad de Madrid llevan cerrados desde el miércoles.
Llama la atención otras iniciativas para contener el virus, entre ellas la celebración de bodas a puerta cerrada, al menos en las próximas dos semanas, en la que solo pueden participar autoridades, testigos y familiares de primer rango; y la prohibición de realizar velatorios a fallecidos por coronavirus.
Además, el gobierno municipal ha decidido enviar a todos los trabajadores a sus casas como medida de prevención, salvo aquellos cuyo puesto de servicio público sea esencial.
Plan de choque económico
El Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en la primera administración en paliar activamente las consecuencias económicas derivadas del Covid-19 -que solo en la región suman más de 1.300 contagiados- con un plan de choque que contempla una serie de rebajas fiscales por valor de 63 millones de euros.
En concreto, afectará al Impuesto de Actividades Económicas y al Impuesto de Bienes e Inmuebles, cuya deducción irá dirigida a empresas que garanticen el empleo del 1 de enero al 31 de diciembre. En ambos casos, la bonificación será del 25%.
Además, se han aprobado moratorias en el pago de la tasa de vados, cajeros e impuesto de circulación, que no se exigirán hasta el 31 de julio.
Villacís y Almeida han pedido "altura de miras" al Gobierno central, al que exige que aplique medidas similares para paliar la crisis y destinar dinero "a quien lo necesita: personas, pymes, empresas y autónomos".
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