De momento, la Xunta gallega mantiene la fecha del 5 de abril para las elecciones autonómicas. De hecho, el consejero de Sanidad de esta comunidad, Jesús Vázquez Almuiña, está en contacto con los equipos de campaña de todos los candidatos para trasladarles los datos de la evolución del coronavirus en la región y no les ha hecho ninguna indicación en sentido contrario. Sin embargo, crece el convencimiento de que los comicios se suspenderán en el País Vasco, fuertemente azotada por el contagio, y eso arrastrará con toda probabilidad a la consulta gallega.

En Galicia sólo se han detectado 33 infectados, una cifra muy exigua que no parece requerir de ningún tipo de medida drástica, aunque fuentes populares admiten que "no sabemos cómo va a evolucionar , creemos que no se ha llegado al pico y, si cambia el escenario, todo está abierto".

Por eso se cargan de razones al explicar que en caso de crecimiento del contagio y ante la eventualidad de tener que tomar medidas como las de Madrid o el País Vasco, "no puedes obligar, por ejemplo, a los presidentes y vocales de mesa que se pasen doce horas en un colegio electoral cogiendo los DNI de los votantes" y, mucho menos, "si al día siguiente tienes esas mismas aulas llenas de niños que se pueden contagiar".

La Xunta baraja el riesgo de una baja participación aunque la epidemia no se expanda en Galicia

Insisten en que "queremos que se vote" aunque tal y como admitió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de los informadores, "no descartamos nada", sobre todo si el País Vasco las aplaza, lo que le serviría al barón gallego de perfecto pretexto para suspenderlas a su vez. Sin embargo, la incidencia del coronavirus en Galicia dista mucho de haber adoptado las dimensiones de la crisis en el País Vasco, aunque los próximos días serán determinantes para anunciar si se sigue adelante con los planes electorales, cosa que hará, con toda probabilidad tras hablar con el lendakari. Porque al igual que las hizo coincidir con las vascas, todo apunta a que esta vez siga la estela del vasco.

Porque uno de los temores de la Xunta es correr con el riesgo de una baja participación, sobre todo entre el sector de la población más vulnerable al coronavirus: la gente de más edad, que vota de forma mayoritaria al PP. En un territorio que se distingue por sus altas tasas de abstención y donde la cuarta mayoría absoluta de Feijóo pueden pender de un hilo, una escasa movilización no puede más que perjudicarle y hasta cuestionar la legitimidad democrática de los resultados, apuntan. En 2016 la afluencia a las urnas no fue muy baja, puesto que acudió a los colegios electorales el 63,75 por ciento de los votantes, pero cuatro años antes, en 2012, fue tan sólo del 54,75, poco más de la mitad del censo electoral.

La dificultad viene derivada de lo que se ha convertido casi en costumbre, esto es, la falta de cobertura legal a una situación inédita, en este caso cómo se aplaza un acto tan básico de la democracia como el derecho al voto de los ciudadanos. Apelan en Galicia a que la "responsabilidad última" corresponde a la Junta electoral Central y al Gobierno de España. Ese es el argumento al que se aferra también el lendakari Íñigo Urkullu, que ya analiza las posibilidades legales y jurídicas que cabría aplicar para proceder a algún tipo de modificación en la convocatoria electoral.

La responsabilidad de la suspensión "corresponde a la Junta electoral y al Gobierno de España"

Por lo pronto, las distintas formaciones políticas han ido adaptando sus actos de campaña. Los populares gallegos suspendieron, incluso antes del último paquete de medidas anunciado por el Ministerio de Sanidad, un mitin en las inmediaciones de Santiago de Compostela a celebrar el próximo sábado donde tenían previsto reunir a unas 5.000 personas, con almuerzo incluido. "Tenemos actos de campaña, no los vamos a suspender", dicen en el partido de Núñez Feijóo, pero van a aforos más reducidos y, a ser posible, al aire libre.

Ahora todas las formaciones políticas están organizando actos de pequeño formato, obligados también por unos simpatizantes y una militancia renuente a acudir a eventos públicos. En fuentes de la candidatura vinculada a Podemos y Las mareas señalan a El Independiente que "las autoridades sanitarias tendrán siempre la palabra. No es hora del oportunismo político".