Los sindicatos de la Policía Nacional esgrimirán que parte de los guardias civiles disfrutan de vivienda gratis para tratar de mantener al menos el porcentaje de reparto aplicado en 2019 cuando en unos meses el Ministerio del Interior abone el tercer y último tramo de la equiparación salarial. Del criterio que se imponga finalmente dependerá que 4,3 millones de euros caigan a favor de un Cuerpo o de otro.

De manera separada, los cuatro sindicatos firmantes en marzo de 2018 del acuerdo (SUP, CEP, SPP y UFP) y las siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, ASESGC, UO, APROGC, UNIÓNGC y Asociación Profesional de Cabos) han mantenidos en la tarde de este miércoles sendas sendas comisiones técnicas de seguimientos con sus respectivos directores generales en las que han quedado meridianamente claras las posturas de cada parte ante la distribución de los 247 millones de euros pendientes. Con ese desembolso se completarían los 807 millones comprometidos por el Estado.

Los guardias civiles exigen recuperar los 4,3 millones que se les detrayeron el pasado año en el reparto del segundo tramo al rebajarles el porcentaje un 1,72% y que éste se mantenga en la proporción del primer abono (59%-41%), mientras que los policías exigen cobrar el 45% atendiendo al número de efectivos que integran cada Cuerpo. De esta forma, tendrá que ser el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien decida cómo se distribuye el dinero.

Para defender su posición, los sindicatos policiales esgrimirán en bloque que el cálculo que se hizo en su día no incluye conceptos que favorecen a la Guardia Civil, como los pabellones. En concreto, el Instituto Armado cuenta con 33.483 viviendas en cuarteles repartidos por todo el país, de las que 26.053 estarían hoy ocupadas.

Los representantes de los policías también pondrán encima de la mesa la existencia de residencias militares; la acción social de la que disfruta la Guardia Civil (unos 10 millones de euros) y los efectivos con que cuenta cada Cuerpo. Con datos referidos a junio de 2019, la Policía Nacional tenía el 46 % de los funcionarios (unos 68.000) y la Guardia Civil el 54 % restante (unos 80.000).

Informe de la consultora

Frente a este argumentario, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil defienden que el informe emitido por la consultora contratada por Interior para comparar las retribuciones y los puestos con los Mossos d'Esquadra avala el reparto del 59%-41%, que menos de un tercio de los agentes vive en pabellones y que muchos de estos se encuentran en unas condiciones pésimas de mantenimiento.

"Si nos ponemos a comparar, ellos tienen el complemento por territorialidad que se abona por estar destinados en algunos sitios donde el coste de vida es elevado y nosotros, no", comenta a este diario el presidente de una de las asociaciones.

Con posiciones enfrentadas, tendrá que ser finalmente el ministro del Interior quién diga cómo se reparten los 247 millones entre la Policía y la Guardia Civil

Según las fuentes consultadas, las comisiones técnicas volverán a reunirse de forma separada en próximas fechas para tratar de acordar cómo se repartirá en cada Cuerpo el dinero que finalmente se les asigne -de forma lineal, por escalas o ponderando otras variables- respetando que el 90% irá a los Complementos Específicos Singulares (CES) y el 10% a productividad. En este sentido, algunos sindicatos policiales plantean que se reduzca el número de complementos de los 241 existentes a 57 a fin de evitar el agravio que supone que policías que hacen el mismo trabajo cobren cantidades diferentes. Ello favorecería al 90% de la plantilla, según las fuentes consultadas.

Una vez celebradas dichas reuniones se convocaría la mesa de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial, ya con la presencia del secretario de Estado de Seguridad (Rafael Pérez). Será en ese órgano en el que se tendrá que acordar la distribución de los 247 millones entre Policía y Guardia Civil, sin que tenga todavía fecha debido a la crisis del coronavirus.

Pendiente de los Presupuestos

El abono de ese dinero está a la espera de que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio, sin que hasta el momento se haya aventurado cuándo podría llevarse a cabo. De no lograrlo, el ministro Grande-Marlaska ya ha dicho en sede parlamentaria que el Ejecutivo aprobaría un decreto-ley para desembolsar el dinero.

La duda que no ha resuelto por ahora Grande-Marlaska es si respetará la cláusula octava que su antecesor en el cargo firmó con los representantes de policías y guardias civiles. Dicho punto recoge el compromiso de Interior de impulsar las "medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones", si bien el Consejo de Estado ya emitió un dictamen en el que concluía que los compromisos asumidos por Zoido no vinculan jurídicamente al actual equipo ministerial.

De momento, PSOE y Unidas Podemos han vetado en la Mesa del Congreso que se pueda tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la plataforma Jusapol con los argumentos de que no se puede igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios ya que cada administración tiene sus competencias en esta materia y porque ello requeriría un desembolso de casi 1.900 millones que resulta "insostenible" en este momento.