El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido decretar el estado de alarma nacional, para luchar contra la propagación del coronavirus por toda España, donde se superan ya los 4.200 casos y se han producido 120 fallecidos. Madrid, la región más golpeada por el brote, suma 1.990 casos y ya ha tomado medidas drásticas como el cierre de todos los bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, instalaciones deportivas y otra larga lista de negocios.

"El estado de alarma es un elemento recogido por nuestra Constitución para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que está sufriendo nuestro país", ha dicho el presidente del Gobierno en una comparecencia en Moncloa. El Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este sábado, en el que se anunciará un nuevo paquete de medidas para responder a la crisis. Quizá se debata entonces sobre medidas de confinamiento de la población, aunque hasta el momento, ese tipo de decisiones se han dejado en manos en los ejecutivos autonómicos, como ha hecho Cataluña.

"Se movilizarán todos los recursos del Estado, políticos y económicos, púbicos y privados, civiles y militares, para responder a la emergencia", ha asegurado Sánchez. Además, ha pedido a los mayores "evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos". Sánchez ha pedido "colaboración" a los jóvenes, a los que ha pedido "limitar los contactos y mantener la distancia social".

De momento, no hay medidas de confinamiento de la población

"No cabe descartar los más de 10.000 afectados en las próximas semanas", ha reconocido Sánchez, que ha explicado que estamos sólo "en la primera fase" de propagación del virus", Tras apelar a los "compatriotas" y subrayar que "la victoria depende de cada uno de nosotros", ha advertido que "tardaremos semanas, va a ser muy duro y difícil, pero superaremos la emergencia con disciplina", ha dicho el presidente del Gobierno. Sánchez ha comunicado su decisión al jefe del Estado y a los líderes de la oposición. Casado ya ha expresado su apoyo al estado de alarma.

Este anuncio se produce tan sólo un día después de su última comparecencia, este jueves, donde no avanzó ninguna medida concreta para frenar la expansión del virus. Moncloa ha dado un paso más superada por la actuación de los gobiernos autonómicos y ante un Ministerio de Sanidad que ha ido a rebufo de muchos de ellos.   

La declaración del estado de alarma comenzaba ya a ser un clamor entre la sociedad y la clase política española, desde Vox hasta la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que había reclamado la aplicación de esta medida para coordinar la acción de todas las Comunidades Autónomas, hasta el momento desigual.

Hasta este viernes, el presidente del Gobierno se había decidido por una aproximación gradual a la crisis, y en su comparecencia del jueves se limitó a anunciar medidas económicas que no tranquilizaron a los mercados ni tampoco a las comunidades más azotadas por el contagio, como Madrid, que ha ido avanzando en muchas medidas contra el criterio, no pocas veces, del Ministerio de Sanidad.

El estado de alarma, únicamente aplicado una vez anterior en España con la huelga de los controladores aéreos en 2010, permite al Gobierno, por decreto previa aprobación del Consejo de Ministros, “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”.

Intervención de industrias, artículos de primera necesidad, restricción de movimientos...

Es decir, la Ley 4/1981 que lo regula permite tomar las medidas que ya se han abordado en algunas comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, de restringir los movimientos de la población y el confinamiento recomendado de los ciudadanos en sus casas, de manera que podrá haber una unidad de actuación en todas las comunidades autónomas, como vienen pidiendo distintos partidos políticos como Vox y Ciudadanos y el sindicato CSIF.

Igualmente, el estado de alarma que prevé la aplicación de dichas medidas durante 15 días, prorrogables previa aprobación del Congreso del Congreso de los Diputados, también contempla la “intervención de industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados”.

Con el estado de alarma habría justificación, por tanto, para el cierre de bares y otro tipo de negocios privados, una medida que ya han tomado comunidades autónomas, como la de Madrid, ateniéndose a leyes de Salud Pública y Protección Civil. El Gobierno también podría ponerlos al servicio público e indicar a sus propietarios qué utilidades se les puede dar.

Igualmente, el Gobierno también puede, por medio de este decreto, "limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad" para asegurar el abastecimiento de la población.

Otras medidas

Igualmente, esta medida excepcional recogida en el artículo 116 de la Constitución Española para mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes" cuando "circunstancias extraordinarias lo hiciesen imposible" tiene una redacción amplia que permite multitud de actuaciones. Las actuaciones contempladas son las siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.

Policías autonómicas y locales

El estado excepcional y constitucional de alarma permite al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en toda España o en determinadas comunidades autónomas. De hecho, la norma recoge que los presidentes de las Comunidades Autónomas pueden solicitar su aplicación al Gobierno.

Este estado permite al Gobierno dejar bajo su mando, también, a los policías autonómicos y locales y a todos los funcionarios y empleados públicos, así como imponerles "servicios extraordinarios por su duración o naturaleza", por lo que puede reclamar sus servicios en cualquier momento.