El Tribunal Constitucional se adelantó el pasado martes y decidió suspender las sesiones del Pleno que estaba previsto se prolongaran hasta este jueves por el contacto de uno de los trabajadores del Alto Tribunal con una persona que dio positivo en la prueba de coronavirus después de mantener un encuentro con una mujer que había viajado a Italia.

Así lo explican de manera extraoficial fuentes internas del órgano judicial a El Independiente, aunque las razones que se dieron el pasado martes para suspender la segunda y tercera sesión del pleno fueron "preventivas".

El martes, el Tribunal Constitucional comunicó que, después de celebrarse la primera sesión del pleno, el resto se suspendían para adoptar precauciones que "sin obstaculizar el normal funcionamiento de la institución sean compatibles con la protección de la salud y del personal dependiente de este órgano".

Esto, un día antes incluso de que el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado dieran a conocer las medidas que adoptarían en línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que en principio fueron restrictivas y no colmaron las expectativas de jueces y fiscales.

De hecho, la mayoría de asociaciones solicitaron la dimisión del presidente del CGPJ Carlos Lesmes si no acordaba al frente de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces suspender los juicios no urgentes, algo que finalmente hizo este viernes en Madrid, País Vasco, Haro (La Rioja) e Igualada (Barcelona).

Las fuentes citadas trasladan a este diario que la decisión se aceleró al saber que un trabajador del departamento de Informática del Tribunal debería estar en cuarentena al tener que ser ingresada tras dar positivo en la prueba de coronavirus una familiar cercana a él que desayunó, a su vez, con una amiga que había viajado a Italia y vuelto a España en los últimos días.

Admisión de un recurso de Jordi Sànchez

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca y los diez magistrados que componen el Pleno del Tribunal Constitucional tenían sobre la mesa para las sesiones previstas esta semana un recurso de amparo de Jordi Sànchez, líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) condenado a nueve años de prisión por sedición en la sentencia del procés. Éste denunció los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados del 5 de junio y 25 de julio de 2019 que, entre otras cosas, le suspendieron de su asignación económica como diputado. Una decisión que, según la defensa de Sànchez, va contra los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, de Igualdad de los ciudadanos ante la ley y para acceder a los cargos públicos, respectivamente.

Los magistrados, por unanimidad y a propuesta de tres de sus miembros, acordaron admitir a trámite el recurso en la primera y única sesión del Pleno. El Tribunal aprecia que "concurre en el recurso una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".