La dirección de la Policía extremará las labores de los grupos de información a fin de detectar piratas informáticos que pudieran intentar "desestabilizar el país" mediante el desarrollo de campañas concretas mientras dure el estado de alarma, declarado por el Gobierno este sábado a la vista de la propagación del coronavirus Covid-19.
Ésta es una de las cinco tareas específicas que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional ha encomendado a la Comisaría General de la Información durante las próximas dos semanas y que se detallan en la orden de servicio que el comisario principal José Ángel González Jiménez -el máximo responsable operativo del Cuerpo- ha acordado este domingo en cumplimiento de la instrucción dictada por el ministro del Interior.
El trabajo de esta comisaría general será fundamental en estas semanas críticas, al igual que el de otras unidades del Cuerpo. De manera expresa, los funcionarios de Información tendrán que hacer un control exhaustivo de las redes sociales con la intención de identificar "grupos o elementos" que tuvieran la pretensión de "alterar el orden público o el asalto a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad".
Igualmente, deberán estar ojo a vizor por si "grupos violentos o elementos terroristas" estuvieran tentados de aprovechar las circunstancias actuales para "tratar de subvertir la paz social", al tiempo que se les encomienda la investigación de eventuales acciones delictivas relacionadas con los incidentes que pudieran producirse mientras dure el estado de alarma.
A la Comisaría General de Policía Judicial también se le insta a llevar a cabo "tareas de vigilancia y monitorización" de las redes sociales y sistemas de información a fin de detectar "objetivos, individuos y colectivos implicados en posibles actividades de carácter delictivo".
Con esta orden de servicio, la Policía detalla las medidas generales para que los servicios centrales y las jefaturas superiores marquen a su vez las directrices oportunas con las que se elaborarán los dispositivos de seguridad específicos con los que se tendrá que garantizar el cumplimiento de las medidas de restricción de movimientos para contener la propagación del Covid-19.
En concreto, la DAO persigue tres objetivos específicos. De un lado, establecer las medidas necesarias de "prevención, información y reacción" ante una eventual alteración grave que "ponga en peligro la salud de la ciudadanía, la pacífica convivencia y la seguridad ciudadana".
De igual manera, se marcan instrucciones para "evitar acciones hostiles, de vandalismo o de pillaje" mientras se mantenga activo el estado de alarma y se busca la "cooperación" con los distintos organismos y autoridades concernidos por el real decreto aprobado este sábado por el Consejo de Ministros.
Vigilancia en los CIE
El director adjunto operativo también previene al comisario general de Extranjería y Fronteras a fin de que adopte las medidas necesarias que permitan adecuar la vigilancia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ante la eventualidad de que pudieran registrarse en su interior "posibles problemas de orden público" durante la vigencia del estado de alarma.
De otro lado, serán los jefes superiores los que se encargarán de la coordinación con las policías autonómicas y locales -mediante los mecanismos que se acuerden en las juntas de seguridad- y con otros actores concernidos por el real decreto, caso del personal de seguridad privada y de los servicios de emergencia.
En la orden de servicio, el DAO informa de que los permisos a los funcionarios del Cuerpo se adecuarán a "las necesidades" derivadas del dispositivo específico de cada plantilla, al tiempo que recuerda que, en cumplimiento de la Ley orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional, los agentes deberán personarse "cuando sean emplazados para ello" durante la vigencia del estado de alarma y que están obligados a desempeñar funciones ajenas a las que ejercen habitualmente.
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