La crisis del coronavirus ha desdibujado la cotidianidad más inmediata de millones de españoles y ha precipitado el decreto del estado de alarma por segunda vez en la historia de la democracia para hacer frente a una emergencia sanitaria para la que no hay recetas, para los que los mecanismos legales se quedan obsoletos y que dejará en el medio y largo plazo un impacto económico aún desconocido.

La situación, tanto en terreno político como económico, ha cambiado radicalmente desde que hace apenas 20 días Congreso y Senado diesen luz verde al techo de gasto, paso previo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la gran asignatura pendiente del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para tratar de dotar de estabilidad a una legislatura que ya comenzó de forma convulsa.

Como si de un castillo de naipes se tratase, el virus se ha llevado por delante el discurso y las presiones del soberanismo vasco y catalán sobre el Ejecutivo para sacar adelante la hoja de ruta económica pactada entre los de Sánchez e Iglesias, cuyos números iniciales se verán sustituidos ahora por un plan de contingencia extraordinario, con los fondos destinados a la Sanidad o la implementación de medidas fiscales como ejes fundamentales del plan de gastos e ingresos previstos en unos Presupuestos que el propio presidente del Gobierno tildó de "extra sociales". En ellos, la influencia hasta ahora fundamental de Quim Torra y Oriol Junqueras ha quedado sumida en la irrelevancia.

El Ejecutivo caminará hacia el objetivo de atraer a los 89 escaños del PP al menos hacia la abstención en la tramitación de unos Presupuestos de urgencia. Por el momento, Casado no se ha movido del 'no', aunque ha prometido "lealtad" institucional y respaldo al "mando único" de Pedro Sánchez al frente de la crisis sanitaria. La de la aprobación de unas cuentas urgentes "no parece una vía operativa, ya que su tramitación tardaría tres meses. No es una solución urgente, sino más bien oportunista", y sigue poniendo el foco en la aprobación de medidas urgentes.

Tanto Casado como otras voces de su equipo siguen exigiendo a Sánchez la adopción de algunas de las medidas del decálogo económico liberal del PP, entre cuyas iniciativas destacan las ayudas a pymes y autónomos, bajada de impuestos y derogación de la contrarreforma laboral de Mariano Rajoy. La inclusión de algunas de las propuestas de los populares en el nuevo boceto de cuentas abriría la vía para reeditar el espíritu de la gran coalición. Casado y Sánchez han mantenido conversaciones en las últimas horas en que el primero le ha transmitido el segundo su apoyo al decreto del estado de alarma, si bien se prevé un "contacto constante", según apuntan desde Génova, en los próximos días para desatascar una actuación en bloque ante la crisis.

El coronavirus, que ya se ha cobrado casi 200 muertes y ha contagiado a más de 6.000 personas en España, ha dado la vuelta al discurso político de Ciudadanos, anclado desde hace meses en el 'no' a las cuentas de PSOE y Unidas Podemos y a la oposición férrea contra el "sanchismo". Pero la recién elegida presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya anunció el apoyo de los 10 escaños liberales para apoyar unos "presupuestos de emergencia nacional" que se tramitasen de manera urgente.

La propuesta de Ciudadanos cuenta como única condición la tramitación de unas cuentas que se adapten al escenario de crisis actual, sin ningún tipo de injerencia o exigencia de carácter político, como la ruptura de acuerdos con los nacionalistas catalanes.

Sánchez ya ha recogido el guante lanzado por Arrimadas, y ambos presionan ahora a Casado para que no entorpezca una negociación que implique alargar la prórroga de los Presupuestos de Rajoy y Montoro, cuyo diseño impide adoptar medidas de mayor calado económico para atajar una crisis sin precedentes. Lograr la abstención es el objetivo, conscientes en Génova de que la ruptura del bloque constitucionalista con el 'no' a los Presupuestos en medio de una crisis sanitaria que tendrá efectos económicos incalculables en el largo plazo podría sepultar también su rédito electoral.

La otra consecuencia del 'sí' de la oposición sería la irrelevancia de los votos de ERC, que hasta ahora han supeditado el apoyo al Gobierno en función de la evolución de la mesa de negociación con Cataluña en la que debía tratarse con prioridad puntos como la amnistía para los líderes separatistas o la consecución de un referéndum de independencia. Tanto la mesa como la cuestión catalana quedan ahora en suspensión, así como las transferencias pactadas entre el Ejecutivo y el Gobierno vasco, ahora en stand by por la situación de emergencia nacional.

El decreto del estado de alarma ya ha provocado fricciones entre Sánchez y los líderes nacionalistas, Quim Torra e Íñigo Urkullu, quienes aseguraron que el decreto implica una invasión competencial similar a la aplicación del artículo 155. Frente al desplante de País Vasco y Cataluña, el presidente del Gobierno reivindicó que "la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España" y, por tanto, todos los cuerpos policiales quedarán bajo el control de Interior y Defensa.