Fuera del foco mediático del coronavirus, Baleares libra una guerra sin cuartel por sus menores internados y tutelados. Dicho de otra forma: por los menores responsabilidad del Govern y del Consell, a quien el propio Govern cedió en 1997 las competencias de los chicos y chicas en situación de vulnerabilidad sin antecedentes judiciales. La explosión y polémica de los casos de abusos en los centros tutelados -16 bajo investigación reconocidos por el Consell y dos más denunciados en las últimas semanas- no ha hecho sino refrescar esta batalla acostumbrada en la que los reproches cruzados están medidos porque todos se presuponen socios de gobierno. Sin embargo, fuera de plenos y encuentros públicos las matizaciones de unos sobre el trabajo de los otros son menos extrañas de lo que cabría pensar.

Sobre el Govern (presidido por Francina Armengol, del Partido Socialista de Islas Baleares) pesa un episodio oscurísimo reconocido desde el mismo gobierno y que implica el despido de cinco educadores (cuatro mujeres y un hombre) por propasarse con alumnos y alumnas internos sin llegar a mantener relaciones sexuales con ellos. Llama la atención el breve lapso (2016-2019) durante el que tuvieron lugar estos cinco despidos y, sobre todo, que dos de ellos llegaran a abrir un proceso para declarar su improcedencia. “No es normal”, reconoce a El Independiente una fuente próxima a la Consejería de Asuntos Sociales que lidera Fina Santiago (también del PSIB). La fundación encargada de contratar a estos profesionales, psicólogos y trabajadores sociales diplomados, S’Estel, es una vieja conocida y colaboradora del órgano de gobierno.

Tocamientos, mensajes y exhibicionismo

Este escándalo abrió una serie de dudas sobre el comportamiento de la seguridad del centro, objeto de denuncias y acusaciones por parte de las empresas responsables adjudicadas. Desde la consejería se defiende el intachable procedimiento de los despidos, porque aunque no existieran relaciones sexuales completas sí hubo exhibicionismo y tocamientos. Por ejemplo, una de las educadoras se levantó la camiseta en el comedor de uno de los centros. En otro de los casos, otra educadora se sentó y restregó sobre uno de los internos, y el hombre despedido intercambió mensajes subidos de tonos con una interna en semi libertad que ya era mayor de edad (18). Según denuncia un antiguo vigilante del centro, hay en la actualidad parejas estables que se formaron entre educadores o vigilantes e internos que se conocieron en esos centros siendo estos últimos menores de edad. La consejería entiende que un trabajador empleado en el trato con jóvenes conflictivos se debe no sólo a un código moral impoluto sino también a cierta integridad que estas cinco personas despedidas desde luego no habían demostrado. Pero también advierten: en muchos casos, la madurez de los internos y la juventud de las cuidadoras hacen de la relación entre unos y otros un cóctel verdaderamente impredecible.

Una de las educadoras despedidas se levantó la camiseta en mitad del comedor del centro; otra, se sentó sobre un joven interno y se restregó contra él

La consejería recuerda que en su momento se plantearon imponer un límite de edad a los cuidadores para evitar precisamente esta especie de sórdida atracción: sin embargo, la configuración del acceso a los puestos y del proceso de selección lo habrían invalidado por discriminatorio. No es nuevo, en todo caso, ni cuestión de siglas, como el PSIB se ha encargado de recordar en las últimas semanas de tormenta. Fina Tur, encargada de la Fundación S’Estel antes mencionada, reveló un informe interno de 2012 en el que ya se denunciaba el consumo de estupefacientes entre educadores e internos. Y apuntan al PP, a quien también responsabilizan de no haberse tomado en serio las denuncias de años previos. Según cuentan en la consejería, desde 2017 se viene reclamando con insistencia que esta problemática encabece el debate político, algo que finalmente ha ocurrido en este 2020 en el que las peticiones de dimisión a Fina Santiago y Francina Armengol son casi de carácter semanal.

La jerarquía de la depravación

¿Cómo de frecuentes son los encuentros entre educadores, vigilantes e internos? Un exempleado y miembro de un sindicato de seguridad privada denuncia que efectivamente no se trata de un problema de siglas políticas sino de perturbación ciudadana, algo en lo que coincide con la opinión de la consejería. “Esto no va a cambiar”. Se responsabiliza a la opinión pública: “Nos hemos acostumbrado a todo”. Y el corolario que más repiten en Baleares, fuentes consultadas por El Independiente y compañeros de medios autonómicos: “Las instituciones siempre han mirado a otro lado, nunca ha sido un asunto prioritario”. Pero no todos están de acuerdo en todo, claro: para unos, los internos -y especialmente los menores tutelados por el Consell- son responsabilidad de la administración. Para las fuentes consultadas de la administración, el protocolo funciona y la mejor prueba son los casos detectados y denunciados. El exempleado de Es Pinaret cuenta que en los centros del Govern existe una especie de ‘jerarquía de la depravación’ en la que educadores y vigilantes están perfectamente coordinados para cubrirse en los casos que puedan ser susceptibles de interpretación delictiva.

Esto encuentra réplica en uno de los aspectos más rugosos de esta ácida batalla, como fue el cambio de una a otra empresa encargada de seguridad. Los agraviados recuerdan las continuas denuncias de sus vigilantes a los sindicatos “por faltas de medios”, lo que según ellos acabó motivando su despido cuando entró la nueva empresa. En la consejería, claro, tienen otra versión, más relacionada con la agresividad y comportamiento inadecuado de estos vigilantes para con los menores. La fuente próxima a la consejería recuerda que en su momento Fina Armengol propuso al Gobierno central que la seguridad de estos centros la asumieran las fuerzas de seguridad del Estado, algo desechado por motivos económicos y de organización siempre según esta fuente. “Ni al actual equipo de gobierno ni al anterior les gustaban las formas de los vigilantes anteriores”, explican.

Recuperar el control sobre los menores

“La policía no puede hacer más, hay veces que dejan al menor en el centro y a la media hora les están llamando porque se ha vuelto a escapar”, cuenta este exempleado. La consejería, claro, no comparte esta opinión: Fina Santiago, de hecho, ya apeló a la dejadez de Fiscalía y la propia policía para perseguir los delitos relacionados con los abusos a menores. Más delicada es la cuestión de la prostitución denunciada en algunos centros tutelados por el Consell (presidido por Catalina Cladera, también socialista) y su brazo tutor, el IMAS (en manos de Javier de Juan). “La prostitución muchas veces es voluntaria pero eso no significa nada, porque sigue siendo ilegal”, razona la fuente consultada por El Independiente. En la consejería son prudentes a la hora de valorar este triste fenómeno: “Hay muchas menores que malinterpretan lo que significa el empoderamiento, ser libres. El problema fundamental y delictivo son los mayores que las explotan”. Y en el IMAS son aún más resolutivos: “La prensa le está dando un bombo a este problema que no es normal”. ¿Podría la consejería reclamar de vuelta las competencias sobre los menores tutelados? “Tendría que ser el Consell quien renunciara a ellas”, sentencian en la consejería: "Aquí no cabe la aplicación de un artículo 155".

Un silencio difícil de romper

Lo que sigue sin abordarse abiertamente es la responsabilidad, que nadie quiere asumir ni siquiera repartirse. En la consejería de Asuntos Sociales insisten en que los protocolos funcionan y en que es una problemática “a nivel global, pasa en toda España”. El protocolo en los centros de menores tutelados del Consell lo explica el propio IMAS: “Estamos pendientes de todos los menores. Pasados 30-40 minutos de su hora de vuelta su educador contacta con ellos, y si no hay suerte se llama al 112 o se presenta denuncia”. En estos centros, de régimen abierto, los horarios se ajustan a las necesidades de cada niño “porque no es igual un menor de 12 años que uno de 17”. Y aunque no se certifica, se considera que las mayorías de las fugas son nocturnas (los menores tienen, según los centros, prohibido salir a partir de cierta hora y bajo ninguna excepción) y que las fugas que vienen de retrasos “no son extrañas”. El IMAS no valora si existe o no un problema de seguridad ni tampoco si la prestación policial es o no suficiente. El nudo no es fácil de desandar, menos si como se lamenta el extrabajador de Es Pinaret, se mantiene “el miedo a hablar”. Se refiere a varias víctimas anteriores, que han rehecho su vida y no quieren volver a pisar ese territorio. Joana Molinas, una de las que sí denunció haber sido víctima de abusos hace ya muchos años, ha dejado de atender a los medios por recomendación familiar. Nadie quiere un Me Too de menores abusadas en Baleares.