"Lo razonable es aceptar la solidaridad de estas compañías. ¿O qué es mejor? ¿Que los niños no coman?". El enfado en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del consejero de Educación, Enrique Ossorio era evidente en los primeros compases de la mañana del martes, en que trataban de librar la enésima cruzada contra el Ministerio de Sanidad que capitanea Salvador Illa.

Esta vez, la contienda venía a cuenta de la iniciativa del Gobierno regional de que empresas de restauración -por el momento sólo se han ofrecido Telepizza y Rodilla- suministren menús a los 11.500 escolares con beca comedor, cuyos padres están acogidos a la Renta Mínima de Inserción (RMI), durante el tiempo que los centros educativos estén cerrados por la crisis del coronavirus. ¿El problema? Que Ayuso necesitaba la autorización del Gobierno central y el departamento de Illa no estaba dispuesto a conceder el permiso necesario, según adelantó eldiario.es.

Al igual que defendían en el PSOE-M, fuentes del Ministerio de Sanidad justificaban la decisión en "la necesidad de preservar los menús saludables y de garantizar la alimentación a la infancia" y, en este caso, se trataba de comida dietéticamente desaconsejable, un argumento que no sentaba bien en Madrid.

No es momento de peleas", criticaba el entorno de Ayuso ante la negativa inicial de Sanidad

"No es momento de peleas", afeaban desde el equipo que dirige Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que apelaban a la "responsabilidad" del Ejecutivo. "Son muestras de solidaridad de unas empresas con una contribución nada desdeñable que podría ser muy útil, ya que a Telepizza y Rodilla podrían irse sumando más empresas", apuntan fuentes del Gobierno de Ayuso a El Independiente, que afirman además que el plan inicial implicaba "pizza una vez a la semana, no a todas horas". Según los documentos facilitados por la Comunidad de Madrid, los menús diseñados por ambas compañías incluían comidas inferiores a las 720 kilocalorías, con ensaladas, pasta, sándwiches de atún o pollo, croquetas, yogur o fruta.

La propia presidenta se defendía en Twitter alegando que es de "agradecer" que estas empresas se presten a ello en un momento en que la hostelería no puede hacer frente a 11.500 menús diarios.

El servicio estaba previsto que comenzase ayer a las 12:00 horas, pero no pudo ser. Era necesaria una autorización oficial de parte del Ejecutivo que no había llegado. Poco después llegaría la rectificación de Sanidad, que cambiaba de criterio y se desmarcaba de la postura de sindicatos como CC.OO, donde habían criticado públicamente la medida y vinculaban la iniciativa como un intento de ocultar "despidos" por la suspensión de los comedores escolares, vinculada a la parálisis de la actividad educativa.

Con el 'sí' de Illa, la distribución comenzará finalmente a mediodía de este miércoles, en que los escolares podrán recoger su menú en alguno de los 118 locales de Telepizza y Rodilla. "Es una gran noticia para todos", celebraba el Gobierno regional.

A la iniciativa se han sumado ya empresas como Goiko Grill, Manolo Bakes o el grupo Tasty Pokey, aunque en su caso la comida está dirigida a suplir de alimentos diferentes hospitales de Madrid.

Las otras 'batallas' de Ayuso: colegios y peluquerías

En la Comunidad de Madrid defienden una gestión "impoluta" en la que el Gobierno "ha ido a rebufo" de las medidas que se iban implantando en la región, la más afectada por la crisis del coronavirus: casi 5.000 contagios de los más de 11.000 a nivel nacional y un total de 355 muertes. La propia Ayuso defendía en una entrevista en Cuatro que las medidas tomadas "hace muchos días" en Madrid fueron las que desencadenaron que "el resto del país despierte".

El primer 'choque' entre ambas administraciones vino a cuenta del cierre de centros de mayores y de colegios y universidades, cuando el Covid-19 tan sólo había comenzado a golpear. En concreto, Ayuso pidió al Gobierno el cierre de centros de mayores desde que comenzaron a multiplicarse los casos a finales de febrero, que finalmente se decretó el pasado 6 de marzo. Y Sanidad se negó después a suspender la actividad educativa que exigía la Comunidad de Madrid "desde hacía días", aunque finalmente cedió a las peticiones de la presidenta madrileña y se ejecutó el pasado 9 de marzo, sirviéndose Ayuso del precedente en País Vasco para presionar al Ejecutivo.

La siguiente contienda de la que la dirigente popular también salió victoriosa tuvo que ver con la polémica de las peluquerías. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio un tirón de orejas a la presidenta madrileña tras anunciar esta en su cuenta de Twitter que todas las peluquerías de Madrid permanecerían cerradas, pese a que en un primer momento el Real Decreto del estado de alarma del Gobierno contemplaba la apertura de estos locales.

Illa trasladaba a Ayuso que la única autoridad competente para tomar ese tipo de decisiones en la situación de excepcionalidad por el coronavirus es el Gobierno central. Sin embargo y pese a la desautorización expresa, horas después Sanchez volvía a plegarse a las exigencias de Ayuso y, tras la conferencia de presidentes autonómicos del pasado domingo decretaba la clausura de peluquerías, al entender que había riesgo de contagio para los profesionales que desarrollan esta actividad.