El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado al menos 452 resoluciones contrarias al Ejecutivo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, siendo Interior el departamento ministerial que con diferencia ha recibido más reveses en este periodo.

Así se detalla en el listado facilitado a la senadora gaditana del PP Teresa Ruiz-Sillero en respuesta a la pregunta que formalizó el pasado 27 de diciembre, por lo que la cifra no incluye los expedientes ya resueltos en lo que va de 2020. Disconforme con el dictamen del CTBG, el Gobierno ha interpuesto 27 recursos en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo (el 5,9 %), desconociéndose en cuántos casos optó por facilitar al interesado la información inicialmente denegada.

La parlamentaria presentó la iniciativa en plena polémica por el uso del avión Falcon por parte de Sánchez para sus desplazamientos, en algún caso para acudir a actos de ocio personal como un concierto del Festival Internacional de Benicássim en 2018. El Ejecutivo ha eludido atender los numerosos requerimientos de información formulados por ciudadanos anónimos, políticos de la oposición y periodistas a través del Portal de la Transparencia sobre este particular invocando que se trata de "materia clasificada".

Ese criterio restrictivo no ha sido compartido por el Consejo de Transparencia, que entre el 1 de junio de 2018 y el 29 de diciembre de 2019 (576 días) emitió tres resoluciones por las que consideraba que los solicitantes tenían derecho a conocer los viajes oficiales realizados por el jefe del Ejecutivo en la citada aeronave y el gasto en carburante que habían ocasionado dichos desplazamientos. En ninguno de los tres casos, Presidencia del Gobierno recurrió a los tribunales para combatir el dictamen del CTBG.

Por resoluciones "contrarias al Gobierno" se entienden aquellas en las que el organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley que obliga a los gestores públicos a ser transparentes le dio la razón a los solicitantes y las dirigidas contra los departamentos de la Administración General del Estado y sus organismos vinculados o independientes, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las universidades no transferidas (UNED). La lista no incluye las que se estimaron por "motivos formales", dado que en estos casos sí se ofreció la información requerida cuando el solicitante reclamó.

La carta por la manifestación del Orgullo

Según los datos aportados a la citad senadora, Interior fue el departamento que más resoluciones en contra recibió: 82 (20 en 2018 y 62 el pasado año). Esos requerimientos de información giraban en torno a los viajes realizados por el ministro Fernando Grande-Marlaska, los contratos de telefonía de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la normativa sobre análisis de cannabis, la concesión de medallas al mérito policial, la expulsión de inmigrantes y el coste del dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la celebración en Madrid de la final de la Copa Libertadores, entre otros temas.

En esa relación de resoluciones estimatorias figura también la que este redactor presentó para conocer el contenido de la carta que Grande-Marlaska dirigió a los directores generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que agentes de ambos Cuerpos participaran uniformados en la última manifestación del Orgullo en Madrid. 

Interior denegó la información alegando que se trataba de una comunicación "interna e informal" con la que el ministro trasladó a sus destinatarios una "valoración personal", por lo que -en su opinión- concurría una de las causas de inadmisión que prevé la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en su artículo 18.1: "Información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas".

Interior, con 82, fue el ministerio que más resoluciones del Consejo de Transparencia recibió en contra entre junio de 2018 y diciembre de 2019

Lejos de dar por bueno ese argumento, el CTBG concluyó que el documento solicitado era "de interés" y de "relevancia social", por lo que concedió diez días hábiles a Interior para que facilitara la información requerida o a que recurriera esa resolución en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo antes de dos meses. Ese plazo expiró hace ya dos meses y medio y el departamento dirigido por Grande-Marlaska no ha hecho una cosa ni la otra. 

Tras Interior, Fomento -hoy denominado Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- el que más resoluciones en contra recibió del Consejo de Transparencia: 66 (37 en 2018 y 29 en 2019). Le siguieron Presidencia del Gobierno (58); Hacienda (34); Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (28); Justicia (27); Educación, Cultura y Deporte (22); Defensa y Política Territorial y Función Pública (21); Economía y Competitividad (17); Empleo y Seguridad Social (16); Ciencia, Innovación y Universidades y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (14); Transición Ecológica (6); Industria, Turismo y Comercio (5), y Agricultura y Pesca (4).

De las 452 resoluciones, los distintos ministerios u organismos vinculados tan sólo formalizaron 27 reclamaciones al no estar de acuerdo con los argumentos del CTBG. De ellas, 15 se registraron en el ámbito de Fomento, mayoritariamente por diversas autoridades portuarias. Justicia, por su parte, combatió en dicho periodo en ocho casos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cinco.

Entretanto, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad promovió tres reclamaciones, dos de ellas relativas a su negativa a facilitar las cartas que Carmen Calvo cruzó con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, mientras el Gobierno tramitaba el expediente administrativo que desembocó el pasado 24 de octubre en la exhumación y traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo.

Límites previstos en la ley

Presidencia entendía que concurría uno de los 12 límites establecidos en la Ley de Trasparencia, concrementa el relativo a las "relaciones exteriores". "La publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países", defendió.

El Consejo de Transparencia tiró por tierra el argumento de que la difusión de las misivas podría "implicar un perjuicio a las relaciones exteriores" con varios razonamientos inapelables. Entre otros, el organismo llamó la atención sobre el hecho de que el Gobierno niegue dichas cartas cuando integrantes del gabinete de Pedro Sánchez habían hecho referencia al "contenido de la correspondencia» con el Vaticano en manifestaciones públicas".

El fallo que en su momento adopte el juzgado de lo Contencioso-Administrativo que tramita los recursos no tendrá ninguna repercusión práctica, toda vez que El Independiente ya reprodujo el contenido de las misivas entre Calvo y Parolin.