Si tiene que acudir al servicio de Urgencias de un hospital, posiblemente encontrará a un vigilante de seguridad en la puerta. También lo verá en el supermercado al que acude a comprar estos días los productos de primera necesidad para garantizar que se cumple la distancia mínima entre las personas a fin de dificultar los contagios y no faltarán en las estaciones de metro o de tren, como tampoco en prisiones e instalaciones críticas.
En muchos casos, los profesionales de la seguridad privada también se hallan en primera línea para que se ejecuten las medidas ordenadas por el Gobierno con la intención de contener la expansión del coronavirus, ese enemigo invisible que se ha cobrado ya más de un millar de vidas y que ha infectado a más de 20.000 personas en España. Ellos también están asumiendo riesgos con escaso reconocimiento social.
"A la Administración le pediría que nos tenga en cuenta, que estamos ahí. Somos unos olvidados", razona Juan Lorenzo Martín, portavoz de Área Seguridad Privada (Arsepri), una asociación que trata de mejorar las condiciones de una industria que emplea en España a unas 84.000 personas y que factura al año más de 4.000 millones de euros.
Vigilantes de seguridad denuncian que las empresas no les han facilitado equipos de protección pese al riesgo al que están expuestos en muchos casos
Como el personal sanitario, policías y guardias civiles, ellos también se quejan de que les faltan medios de protección para realizar su trabajo con garantías, lo que eleva las posibilidades de contagio. Para ellos y como potenciales transmisores. "Cuando empezamos a ver lo que pasaba en Italia comenzamos a pedirle a las empresas que nos dotaran de mascarillas, guantes... En la mayoría de los casos se ha hecho caso omiso. Son contadísimos los sitios en los que se han proporcionado equipos", denuncia Juan Lorenzo Martín.
La orden que el ministro del Interior dictó en la madrugada del pasado domingo con criterios de actuación concertada para la Guardia Civil, Policía Nacional y cuerpos autonómicos (Mossos, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra) y locales mientras dure el estado de alerta alcanza al personal de las empresas de seguridad privada, bajo el mando único también de Grande-Marlaska. Ellos están concernidos por el cumplimiento de las medidas restrictivas acordadas por el Ejecutivo para tratar de frenar la transmisión del covid-19.
"En primera fila"
Martín lamenta que, al igual que ha ocurrido con los policías y guardias civiles, a los vigilantes de seguridad no se les haya incluido en el colectivo de alto riesgo por contagio de coronavirus. "Estamos trabajando en las puertas de las Urgencias recibiendo en primera fila, con el personal sanitario, a la gente que entra con síntomas. Y en muchos casos está el vigilante a pide casi de cama hasta que entran en aislamiento. Y eso lo sé de primer mano porque me lo están diciendo compañeras", comenta.
La denuncia es compartida desde Alternativa Sindical, que asegura que muchos vigilantes se han visto obligado a comprarse ellos mismos equipos mirando por su seguridad. "Desde antes de que se declarara el estado de alarma se han venido solicitando por escrito. Hay empresas que han contestado a nuestras secciones sindicales que, como las autoridades sanitarias entienden que nuestro perfil es de bajo riesgo y hay falta de mascarillas y guantes, no reparten", explica Alberto García, portavoz de este sindicato.
García asegura que, cuando se recupere la normalidad y se haya ganado el pulso a la pandemia, denunciarán ante la Inspección de Trabajo "esta negligencia en cuanto a prevención de riesgos laborales" de muchas empresas. "Es una barbaridad y están cayendo como moscas", lamenta.
La patronal asegura que ha pedido a las autoridades que les tengan en cuenta como colectivo "preferente" y puedan disponer de medidas de protección
El representante de Aserpri asegura que muchas empresas están aduciendo que, al no haber existencias, no tienen posibilidad de acceder a ese tipo de productos. "Conseguir hoy una mascarilla en España es imposible, de acuerdo. Pero yo le puedo decir que hice peticiones de equipos de protección en mi empresa el 26 de febrero y no recibimos contestación. Y así muchas, tanto las grandes como las más pequeñas".
A preguntas de este diario, un portavoz de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) -mayoritaria en el sector- ha explicado que las empresas están tratando de adoptar "todas las medidas posibles" a fin de proveer a sus empleados de las medidas de protección necesarias para desempeñar sus funciones. Y ello pese al grave problema de abastecimiento derivado de la sobredemanda que se registra desde hace semanas.
"Hemos solicitado a los diversos organismos públicos, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, que, dentro de las dificultades, comprendan a los profesionales de la seguridad privada, en directo contacto con los ciudadanos en hospitales, infraestructuras de transportes o centros de distribución alimentaria, entre aquellos colectivos preferentes para poder contar con dichas medidas de protección", añade esta patronal.
Foto "sintomática"
Juan Lorenzo Martín tiene grabada en la retina una imagen que vio hace unos días y que, en su opinión, es "sintomática" de la situación en la que los profesionales más expuestos están haciendo su trabajo. "En la foto se veía cómo vigilantes del metro de Madrid estaban mano a mano con militares de la UME [unidad Militar de Emergencias] debidamente equipados con mascarillas, guantes... Y el compañero, con su trajecito de empresa, a pelo allí con ellos", comenta.
En su opinión, el colectivo está demostrando su profesionalidad en un momento difícil pese a las condiciones en la que desarrollan su labor. "Un vigilante en la puerta de un hospital cobra 19 euros al mes de plus de peligrosidad. Por un sueldo de 1.000 euros al mes ahí estamos haciendo el trabajo", apostilla.
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