La batalla ideológica del independentismo se ha trasladado en la última semana a la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Con dos frentes con los que el Govern ha buscado marcar distancias con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez: la exigencia del confinamiento total y la acusación de hacer acopio de material desde el Ministerio de Sanidad a costa de los pedidos de hospitales catalanes. La aprobación del estado de alarma y la recentralización de competencias para la gestión de la crisis en los ministerios de Interior, Sanidad, Defensa y Transporte rompió la tregua a ojos de los nacionalistas, que vieron en ese decreto un "155 encubierto".

El ejemplo más sangrante de esta batalla lo ha dado, de nuevo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con una intervención en la BBC en la que daba a entender que el Gobierno español se niega a decretar el confinamiento, cuando hace una semana que se aprobó un decreto de estado de alarma precisamente para ello. Una afirmación que el propio Torra intentaba matizar al día siguiente.

"Quizá no se me entendió bien" afirmaba en Catalunya Ràdio, argumentando que su objetivo es conseguir que el Gobierno dé cobertura legal a los trabajadores de sectores no esenciales que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo porque no tienen más remedio. Pero al tiempo que hacía esa matización, remitía una carta a los máximos responsables de las instituciones europeas para clamar apoyo frente al Gobierno.

Bronca contra el PSC

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, lo denunció en las redes, acusando a Torra de irresponsabilidad. Las respuestas de voces independentistas como el ex líder de la CUP, Antonio Baños, o la hija de Jami Matamala -el chofer y compañero de fuga de Carles Puigdemont- no se hicieron esperar. Todas ellas para acusar a los socialistas de agravar la crisis por su negativa a confinar Madrid. "Tenéis las manos manchadas de sangre" llegó a espetarle Matamala.

"El nacionalismo español mata", "está muriendo gente, panda de ineptos irresponsables" o "psicópatas" son otros de los apelativos que pueden leerse en las respuestas a Granado. "Pagareis vuestros crímenes, no lo dudéis. Y acabaréis vuestros días soñando con los ataúdes de los muertos que no quisisteis salvar" le espeta otro, mientras la periodista Pilar Carracelas sueña con que "acaben todos en los tribunales internacionales".

Reducidos PP y Cs a un papel testimonial en Cataluña según las encuestas -aunque el último barómetro del CEO da un repunte a ambos partidos- socialistas y comunes son el enemigo a batir. Un enemigo más temible para los independentistas que el Gobierno del PP, porque su aparente disposición al diálogo hace más difícil la vía de la confrontación que permite argumentar que la independencia es la única salida. Por eso estos días las críticas han sido tan sangrantes contra el PSOE y el PSC como contra los comunes, a los que hasta hace unos meses los independentistas sumaban a su bando para proclamarse mayoritarios en Cataluña.

Material sanitario

Si la negativa del Gobierno a "cerrar Madrid" ha sido un argumento que de forma soterrada se ha introducido en todos los debates, también en los medios de comunicación, el segundo gran argumento ha sido el de la gestión del codiciado material sanitario. Al igual que ha sucedido con la Comunidad de Madrid, la Generalitat ha denunciado la centralización de las compras decretada por el Ministerio como un ataque.

Se ha señalado especialmente la requisa de un pedido de mascarillas que según Vergés y Meritxell Budó estaban destinadas al Hospital de Igualada, epicentro del peor brote de coronavirus en Cataluña, y que Sanidad habría bloqueado. "Nos llegan informaciones muy preocupantes de las empresas" ha repetido insistentemente Budó durante esta semana, una denuncia que también realizaba el alcalde de Igualada, Marc Castells.

Sin embargo, Vergés ya no hablaba el viernes de maniobras confiscatorias, pero sí de recentralizar. El ministro Salvador Illa se ha comprometido a hacer llegar a Cataluña una remesa de material suficiente para las próximas dos semanas entre el domingo y el lunes.

La tensión se traslada a la Mesa del Parlament

La tensión se trasladó este viernes a la Mesa del Parlament, reunida en videoconferencia para debatir la petición de Torra de un Pleno telemático en el que el presidente quería explicar las medidas adoptadas por la Generalitat en la crisis sanitaria. Tras esa petición se escondía la pretensión de fomentar una reforma ad hoc del reglamento del parlament que permitiera las comparecencias telemáticas ante el pleno, lo que hubiera abierto la puerta a que Carles Puigdemont lo hiciera en el futuro.

"Si lo que pretendéis es que Torra comparezca por videoconferencia ante los 135 diputados en escuchándole en el hemiciclo no va a haber pleno", respondieron los representantes de la oposición ante las pretensiones defendidas por el vicepresidente Josep Costa. Finalmente se acordó una comparecencia "extraordinaria" fuera de reglamento, al margen del pleno o las comisiones, en la que Torra podrá explicarse pero no habrá votaciones. Eso sí, se retransmitirá por el canal de streaming del Parlament.

La tensión política ha llegado a tal punto, que el Círculo de Economía apelaba este viernes a la unidad en un comunicado sobre la crisis del coronavirus. "Unidad no es uniformidad, unidad es remar juntos" reza el teto de la entidad económica, que advierte que "No es tiempo para reproches ni para partidismos".

Advierten además que "España, Cataluña y Barcelona llevan demasiados años de crisis, desencuentros y episodios traumáticos. Entretanto, los empresarios y trabajadores han mostrado una gran resiliencia. Este país sigue disponiendo de muchos activos para salir de esta situación, pero hay que hacerlo unidos, desde la discrepancia democrática, pero unidos en lo esencial".