La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha abierto la puerta a investigar al Gobierno por permitir la celebración de la manifestación del 8 de marzo, día de la Mujer, así como otras reuniones multitudinarias que tuvieron lugar entre el 5 y el 15 de marzo, a pesar de haber recibido el 2 de marzo un informe sobre el virus COVID-19 del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

La jueza -instructora en 2018 del conocido caso Máster en el que se investigó a la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes- ha admitido la denuncia del abogado Víctor Valladares Pérez contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, y ha abierto unas diligencias iniciales de investigación para averiguar si éste pudo incurrir en un delito de prevaricación administrativa, como consideró el denunciante, o de lesiones imprudentes en el que los hechos relatados por éste también podrían encajar, según la magistrada.

En el auto dictado este martes, la jueza acuerda una serie de diligencias, entre ellas encargar un informe al médico forense del Juzgado "sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".

"Asimismo, si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó (por ejemplo, desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus Covid-19)", se puede leer también en la resolución de Rodríguez-Medel.

Aunque la magistrada no menciona ningún nombre propio, este miércoles se hizo público que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, es positivo por coronavirus. También la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo de coronavirus la semana pasada y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Las tres estuvieron en la manifestación del 8-M autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, aunque sería complicado confirmar por los médicos si fueron contagiadas allí.

Consultar a las autoridades oportunas

Para emitir dicho informe, la jueza insta al médico forense a que recabe la documentación sanitaria que precise "de las autoridades o responsables sanitarios que entienda oportuno, debiendo siempre velar por la protección de datos personales de especial relevancia, como son los datos personales de carácter sanitario".

Asimismo, la magistrada solicita a la Policía Judicial de la Guardia Civil que averigüe, y se lo traslade en un atestado, "cuál fue el órgano de recepción oficial del informe sobre el coronavirus del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido y cuanto resulte relevante para esta investigación)".

También que se le ponga en conocimiento de "si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna". Del mismo modo, la jueza pide la "relación de las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno de Madrid en relación con reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público para su celebración entre el 5 y el 14 de marzo (fecha del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19)".

La denuncia

El abogado Víctor Valladares, de manera particular, presentó la denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid el pasado 19 de marzo. La dirigía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los presidentes de todas las comunidades autónomas, salvo la de Cantabria, por presunto delito de prevaricación administrativa por permitir las manifestaciones del 8-M y otras 76 entre el 5 y el 15 de marzo a pesar de haber recibido información sobre el coronavirus, según éste.

La denuncia pasó a reparto y recayó en el Juzgado de Rodríguez-Medel, que en su auto de primeras diligencias de investigación aclara que no le correspondería a ella, sino a la Sala Penal del Tribunal Supremo, investigar a Pedro Sánchez. En el caso de los presidentes autonómicos, sería a los juzgados territoriales competentes. Por eso, la magistrada insta al denunciante que se dirija a estos órganos judiciales si sigue con su intención de denunciarles.