Hasta cuatro juzgados de lo Social de Madrid, Alicante y Valencia se remitieron hasta este jueves al Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para exigir a las autoridades competentes que doten en 24 horas de material de protección contra el coronavirus a médicos, trabajadores sanitarios y fiscales para evitar contagiarse y contagiar a otras personas.

Admitieron las medidas cautelarísimas solicitadas por asociaciones de médicos y fiscales y dictaron autos en los que obligaron a proveer dicho material. Pero se trata de resoluciones judiciales que sacan a la luz que esta vez la realidad impide, literalmente, cumplir lo que marca la Ley. Es materialmente imposible que todos los sanitarios y profesionales que atienden a personas vulnerables ante el virus o trabajan en lugares donde el contagio es muy probable, como hospitales, centros de salud, para personas sin hogar, dependientes, residencias de ancianos o juzgados de guardia puedan ponerse una mascarilla y unos guantes. Porque no hay suficientes. Todavía no han llegado a España.

Durante las próximas 8 semanas

El Gobierno anunció este miércoles la compra de respiradores, test rápidos, mascarillas y guantes -precisamente el material que los juzgados obligan a repartir, junto con contenedores de residuos- a China. Una partida de 432 millones de euros en material que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordó durante una conversación telefónica con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

Dicha compra incluye 550 millones de mascarillas que llegarán a nuestro país en las próximas ocho semanas mientras los sanitarios prevén que el pico de fallecimientos y contagios se alcance entre esta semana y la próxima. También 5,5 millones de test de detección rápidos que entrarán en España entre abril y junio, así como 11 millones de guantes.

Las resoluciones afectan al propio Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, reclamaba este miércoles al Gobierno central "el material para proteger a los profesionales sanitarios y para que se pueda seguir funcionando con normalidad". Lo hacía poco antes de que la magistrada de lo Social Carmen López de Hormeño le diera 24 horas para dotar de "batas impermeables, mascarillas sanitarias de tipo FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores grandes de residuos a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean públicos o privados".

Con la resolución judicial que atendió la demanda de la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) contra la Consejería de Sanidad en mano, Ayuso insistió en la urgencia de que el Gobierno le entregara el material requerido.

Dos juzgados de lo Social de Valencia y Alicante también requirieron este jueves al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que entregara en el menor tiempo posible exacatamente el mismo material a los centros sanitarios de ambas provincias. Atendían también a la solicitud de una cautelarísima de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana (CESM-CV).

Pero los autos de los jueces instando a la inmediata entrega de material sanitario no van dirigidos sólo a los presidentes de Madrid y la Generalitat Valenciana -de distinto color político, por cierto: Ayuso pertenece al Partido Popular y Ximo Puig, al Partido Socialista.

Otra jueza de lo Social de Madrid también admitió este miércoles la medida cautelar solicitada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado e instó a ambos a proveer de "mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas, si fuera posible" en todas las sedes judiciales a los fiscales y a los funcionarios de las oficinas fiscales para protegerse de contagios de coronavirus.

El Supremo se pone del lado del Gobierno

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a diferencia de los jueces de lo Social que tomaron las decisiones mencionadas, descartó esta semana exigir al Gobierno que entregara el material sanitario en menos de un día, como pidió la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) -misma asociación a la que sí da la razón la Justicia valenciana-.

Consideró que el Gobierno no tomó voluntariamente "actuaciones contrarias a la exigencia vigente" y "sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla". Es decir, los magistrados de la Sala III del alto tribunal consideran que el Gobierno está haciendo lo que está en sus manos.