Hugo Carvajal, ex jefe de la Inteligencia militar de Venezuela bajo el mando de Hugo Chávez, en paradero desconocido antes de que la Justicia española autorizara su extradición a Estados Unidos, se ha querellado ante el Tribunal Supremo contra quien fuera juez de enlace de España en Washington, Jorge Carrera Domenech, por "intentar influir" en su entrega a América con "al menos un magistrado" del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que decidió extraditarle.
Hugo 'Pollo' Carvajal es uno de los 15 dirigentes chavistas -entre ellos Nicolás Maduro- para los que el Departamento de Estado de Donald Trump ha ofrecido una recompensa, en su caso de 10 millones de dólares, si es localizado y entregado a Estados Unidos. Le acusan de "inundar" el país de cocaína al coordinar el tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos en connivencia con las guerrillas colombianas (FARC) a quienes habría compensado con armas. Él niega los hechos y afirma que Estados Unidos le reclama por la información que tiene sobre los gobiernos chavistas.
Este sábado, la periodista venezolana Ibéyise Pacheco y la agencia Reuters publicaron que Carvajal habría acordado su entrega con la agencia de la droga (DEA) de Estados Unidos a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español y ésta se produciría en las próximas horas. Sin embargo, su esposa Angélica Flores y su equipo de defensa lo negaron a El Independiente, afirmando que están dispuestos a dar la batalla legal para demostrar su inocencia.
Uno de los últimos golpes de dicha batalla ha sido la presentación de una querella ante la Sala Penal del Tribunal Supremo contra el magistrado Jorge Carrera Domenecq por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La esposa de Carvajal, que firma la querella en su nombre con un poder legal, y su abogado, denuncian que el magistrado catalán, consejero jurídico de la embajada de España en Washington, interfirió con al menos uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que decidiría sobre su extradición para asegurarla.
Destituido por Justicia tras la polémica
Así lo denunció el magistrado José Ricardo De Prada, uno de los miembros del Pleno de la Sala de lo Penal que participó en la deliberación, con un voto particular contra el auto que autorizó la extradición. "No puedo sino manifestar mi perplejidad, profundo malestar y desacuerdo con el hecho de que persona no parte en el proceso y fuera de los cauces procesales establecidos, aunque se trate del Consejero jurídico de la Embajada de España en Washington, haya accedido al menos a un magistrado del Pleno, abogando por una determinada solución del caso; con la esperanza de que fuera un episodio único y no haya tenido influencia real en el resultado de la deliberación", se podía leer en su voto discordante.
De Prada también consideró que los cargos que se le atribuyen a Carvajal "carecen de la mínima concreción jurídica en cuanto a su participación delictiva", respondiendo mucho más “a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo contra los Estados Unidos de América por parte de un enemigo de dicho Estado”.
Previamente, el magistrado Alfonso Guevara de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ponente de la resolución que denegó la extradición de Carvajal en septiembre, ya manifestó su "malestar" y reveló la intervención del magistrado de enlace de la embajada de España en Washington, lo que calificó de "grave interferencia en las deliberaciones".
Después de las advertencias judiciales y la polémica que causaron, el Ministerio de Justicia (todavía con Dolores Delgado al frente) destituyó a Carrera Domenecq como juez de enlace en Estados Unidos, convocando de nuevo su plaza. Así lo recuerda Carvajal en su querella, donde afirma que "promover la cooperación (función que llevaba aparejado su cargo) es muy diferente a intentar influir en la adopción en uno u otro sentido de una resolución judicial, atentatoria del principio de imparcialidad de los Tribunales españoles y de la división de poderes". De ahí que presenten la querella contra él.
El periplo judicial en España
Estados Unidos acusa a Hugo Carvajal de "inundar de cocaína" el país coordinando el tráfico desde Venezuela en connivencia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a quienes presuntamente habría compensado con armas y protección. La Fiscalía estadounidense le imputa los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para tener dicho armamento.
El general -que a pesar de haber formado parte del equipo de Chávez hizo público un vídeo el año pasado pidiendo apoyo militar para erigir presidente a Juan Guaidó - defiende su inocencia y afirma que Estados Unidos le reclama únicamente por la información que tiene del régimen venezolano. "Sé mucho, mucho de mucha gente", afirmó.
"Motivos políticos", según el juez Guevara
Con una reclamación internacional de Estados Unidos, Carvajal fue detenido en abril de 2019 por orden del juez Alejandro Abascal de la Audiencia Nacional en Madrid, a donde vino a visitar a su hijo. Estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Estremera hasta junio de 2019.
En septiembre tuvo lugar la vista de extradición contra él. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal la denegó, advirtiendo "motivos políticos" en la solicitud de entrega.
Pero, en noviembre, el Pleno de la Sala de lo Penal decidió entregar a Carvajal, con el voto particular de cuatro de los 18 magistrados que tomaron la decisión, entre ellos Guevara y De Prada. Consideraron que "los hechos por los que se reclama a Carvajal son inconcretos tanto en lugar como en tiempo, sin concretar la intervención del reclamado". Para el momento en que se tomó la decisión judicial, 'Pollo' Carvajal ya se encontraba en paradero desconocido.
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