Los nueve líderes independentistas condenados por la organización del 1-O y la delcaración unilateral de independencia podría dejar en las próximas horas o días las cárceles catalanas, para cumplir sentencia en confinamiento domiciliario mientras dura la crisis sanitaria del coronavirus. La Generalitat ha dado instrucciones de enviar a casa a los condenados en reclusión penitenciaria de segundo grado que antes del estado de alarma disfrutaban de un régimen de semi libertad acogidos al artículo 100.2 para trabajar o realizar tareas de cooperación o cuidar a familiares enfermos.

Es el caso de los nueve condenados. Los últimos en acogerse a esta vía extraordinaria fueron Jordi Turull y Josep Rull. Antes habían salido con diversos contratos Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva y Oriol Junqueras. El Departamento de Justicia ha anunciado hoy que la Secretaría de Medidas Penales "ha dado instrucciones de extender la revisión de casos" que se benefician del confinamiento domiciliario a los presos acogidos al 100.1 "después de un escrupuloso análisis jurídico". Las juntas de tratamiento de cada centro serán las responsables de certificar la medida, añade el Departamento, en base a dos criterios: un bajo pronostico de reincidencia y que dispongan de domicilio en el que confinarse.

Las prisiones catalanas empezarán hoy mismo la revisión de los 405 presos clasificados con un 100.2. Durante la semana se celebrarán en todas ellas juntas de tratamiento extraordinarias para revisar estos casos. En todos aquellos en los que se opte por el confinamiento domiciliario la medida será "de aplicación inmediata", añaden desde la Conselleria.

"Se trata de un procedimiento sin intervención de la Secretaría de Medidas Penales. La decisión va directa a la mesa del juzgado de vigilancia penitenciaria" correspondiente, añaden para eximir de la decisión a los cargos "políticos" del departamento de Justicia. Y el juzgado será el responsable de informar a la Fiscalía para que se posicione sobre cada caso, antes de que el juzgado decida si ratifica o rechaza cada propuesta de excarcelación. En caso de recurso, la última instancia es la audiencia de la demarcación, añade Justica, que adverte que "el recurso no suspende la aplicación" de esta medida.

Cambio de criterio

Sin embargo, el mismo departamento afirmaba hace menos de 24 horas que esta medida, por la que cumplen el confinamiento domiciliario "con control telemático y sin pisar la prisión", sólo puede aplicarse al amparo del artículo 86.4 del reglamento penitenciario a los presos evaluados en tercer grado. "La ley no prevé su aplicación para los presos en segundo grado, aunque tengan un régimen flexibilizado con un 100.2", advertían. Desde el entorno de los presos de JxCat pedían precisamente eso, que se extendiera la medida, presentada como una vía para "esponjar" la población penitenciaria, a los condenados por el 1-O.

Su situación ha vuelto a enfrentar, soterradamente, a republicanos y JxCat. Los primeros anunciaron ayer la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que suspenda la pena de prisión a Oriol Junqueras y Raül Romeva con la sentencia del procés y los excarcele a raíz del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Paralelamente, la pareja de Jordi Turull, Blanca Bragulat, descargó esa responsabilidad en la consellera de Justicia, la republicana Ester Capella.

Bragulat ha aprovechado un tuit de Esquerra, en el que los republicanos -al frente de las consejerías de Economía Salud y Bienestar Social, se atribuyen el mérito de haber conseguido un 1,6 millones de euros para material sanitario para reclamarles también beneficios para los condenados por el 1-O. "Pensaba que era un trabajo de Govern" apunta la pareja del ex conseller de Presidencia con Carles Puigdemont. "Pero ya que dais los datos de ERC, os habéis olvidado que Justicia siguiendo las recomendaciones de la ONU esponja las prisiones enviando a centenares de presos a hacer confinamiento domiciliario. ¿Los políticos cuando?".

Por su parte, el portavoz del PDeCat, Marc Solsona, recordó ayer que su partido, al que pertenece Turull, siempre ha defendido que "ante la situación de injusticia" generada a su juicio por la sentencia del procés," la mejor opción es la concesión del tercer grado penitenciario".

Es la medida que pidieron los abogados que defienden a Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Joaquim Forn, mientras Esquerra siempre defendió que el segundo grado era la vía más segura para acabar permitiendo la salida de los líderes independentistas al amparo de artículo 100.2, como así ha sido hasta el estallido de la pandemia de coronavirus, al amparo de los recursos de la Fiscalía.

La Conselleria de Justicia defiende ahora que "impulsa esta medida inédita, en un contexto de una emergencia sanitaria sin precedentes y con una interpretación no restrictiva del reglamento penitenciario".

Ahora, sin embargo, la Secretaria de Instituciones Penitenciarias ha optado por excarcelar a más de la mitad de los internos en tercer grado para que pasen el confinamiento en sus domicilios. Así, Justicia anunció el pasado miércoles la salida de 628 presos de tercer grado, el 27% del total de la población penitenciaria catalana. Se trata de los presos que antes de la emergencia salían cada día a trabajar y solo regresaban a los centros penitenciarios para dormir de lunes a viernes.

Recurso ante el Constitucional

En este contexto, el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, ha presentado un recurso ante el TC para pedirle que de forma "urgente" suspenda la ejecución de sus respectivas condenas, de trece y doce años de cárcel, apelando a los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y moral, la dignidad y la vida familiar.

Los procesados, que cumplen el confinamiento desde la cárcel de Lledoners sin poder disfrutar de las salidas diurnas para trabajar que les concedió el centro, consideran que la pandemia de coronavirus ha llevado a una situación de "urgencia excepcional" que permitiría su excarcelación y la suspensión de sus penas de inhabilitación. El escrito recuerda que el propio Ministerio de Interior ha reconocido que la declaración del estado de alarma "resulta especialmente gravosa en los centros penitenciarios" y que los internos deben ser considerados como "un colectivo vulnerable".

También recuerdan Junqueras y Romeva que, a raíz de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa han pedido a los Estados que arbitren "alternativas a la prisión", de acuerdo con la "Declaración de Principios en relación con el trato a personas privadas de libertad en contexto de pandemia", emitido por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. En este caso, sin embargo, no se dirige a la administración penitenciaria competente, la Generalitat, sino al Tribunal Constitucional, para que intervenga en favor de los líderes republicanos.