El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, parece haber ganado la batalla de las ayudas a los impagos por alquiler después de darle muchas vueltas a una solución para la que la vicepresidencia segunda tenía su propia receta y aunque para ello haya tenido que ceder en otros puntos. Y es que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, era partidario de la suspensión del pago de alquiler por dos meses para los colectivos sociales más afectados por el Covid-19, prorrogable a uno más tras el levantamiento del estado de alarma, y que el Estado compensara económicamente a los arrendadores.

Dicha compensación sería proporcional a las viviendas que alquilara un único propietario, de modo que, cuantas más tuviera se le compensaría en un porcentaje menor (sólo el 5 por ciento). De este modo, los grandes tenedores y fondos "buitre", esto es, los que poseen más de ocho inmuebles en alquiler, asumirían parte del impacto de la medida frente a los pequeños propietarios, que hubieran recibido del Estado el 100 por cien de lo que dejaban de percibir de su inquilino. Pero, al final se impuso la "fórmula Ábalos", que pasa por facilitar el acceso a microcréditos avalados por el estado para que las familias puedan seguir pagando su alquiler.

Esta ha sido una batalla sin cuartel entre los ministros de Unidas Podemos y del PSOE. El hecho de que a primera hora de la mañana de ayer se conociera el decreto que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana iba a llevar a la mesa del Consejo de Ministros de hoy, elevó la presión en el Gobierno para forzar durante la tarde un acuerdo al que Unidas Podemos quiere dar su impronta.

Iglesias ha luchado por patrimonializar esta medida

Lo cierto es que la vicepresidencia segunda luchó para patrimonializar esta medida. En puridad, fue Unidas Podemos la que hizo causa común de las moratorias por impago de alquiler después de que se aprobaran las hipotecarias, cuestión en la que volvió a insistir el portavoz parlamentario de esta formación, Pablo Echenique, en el debate del pasado miércoles frente a otros ministros socialistas que, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se mostró refractaria en un principio.

Será muy significativo ver quién comparece este martes en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, porque aunque lo cierto es que la presión de los morados está forzando al PSOE a ir más allá en el alcance de las medidas sociales, cabe reseñar que desde el decreto del estado de alarma Iglesias sólo ha comparecido en rueda de prensa una vez.

Por la cuota gubernamental de Unidas Podemos sólo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está teniendo bastante protagonismo y, de hecho, fue ella la que presentó en una comparecencia pública las principales medidas del decreto del domingo, regulador del permiso retribuido recuperable para los trabajadores de sectores no esenciales. Los titulares de Consumo y de Universidades, Alberto Garzón y Manuel Castells, respectivamene, están desaparecidos, además de Irene Montero, ministra de Igualdad, por razones obvias de su contagio.

Unidas Podemos ha querido dejar patente "su satisfacción por las medidas relativas a la protección de los inquilinos" negociadas "con los ministerios socialistas" y que "mejoraran la propuesta inicial en clave de mayor justicia social", según fuentes de vicepresidencia.

Unidas Podemos insiste en su satisfacción por la negociación "con los ministerios socialistas"

Destacan, "tal y como quería Unidas Podemos", la distinción expresa entre pequeños propietarios -que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas- y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda "que asumirán parte el impacto de la medida", al tener que proceder, según las mismas fuentes, a quitas de hasta el 50 por ciento y de reestructuración de la deuda.

También anotan en su "haber" la definición "amplia" de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse a los microcréditos que avalará el Estado así como se sea éste el que se haga cargo de todos aquellos inquilinos que no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas tras la situación de alarma y el confinamiento, "lo que en la práctica derivará en una exención de pago para miles de hogares", que era la propuesta inicial de Pablo Iglesias.

Asimismo se atribuyen la prohibición de desahucios por impago de alquiler en los seis meses posteriores al levantamiento del estado de alarma así como al prórroga, por seis meses de los contratos cuando venzan antes, lo que impide a los arrendadores subir los precios.