Las reticencias de numerosos Grupos Parlamentarios a los decretos económicos del Gobierno retrasarán la sesión parlamentaria que tiene que convalidarlos. En principio no está previsto que la semana que viene haya pleno en el Congreso después de que formaciones como el PP, Ciudadanos, Vox y hasta el PNV criticaran, por distintos motivos, medidas que van desde el cierre total de determinados sectores productivos, al permiso de trabajo remunerado recuperable, la prohibición de los despidos durante el estado de alarma por el coronavirus o las medidas de auxilio para autónomos y pymes.

La única actividad prevista en la Cámara Baja la semana que viene es la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para dar cuenta de la evolución del contagio y de las medidas sanitarias para doblegarlo. Ni siquiera habrá reunión del órgano de gobierno de la Cámara ni de la Junta de portavoces. Los Grupos Parlamentarios de la oposición están esperando alguna señal pero, hasta el momento, "no hay nada de nada", afirman.

El Gobierno tiene que garantizarse los apoyos antes de llevar los decretos al Parlamento

Lo cierto es que el Gobierno no se va a arriesgar a llevar el paquete de medidas económicas sin garantías de que va a salir adelante. Los 321 apoyos que cosechó el miércoles de la semana pasada para prorrogar el estado de alarma pueden ser historia si se mantiene el grado de discrepancia actual.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reconoce "errores" y dice tender la mano a la oposición "en estas horas decisivas", eso sí, dejando claro que quien gobierna es Pedro Sánchez en una fórmula de coalición con Unidas Podemos y que el criterio es el de subordinar cualquier otra consideración "al interés general". De momento, no hay desde Moncloa más señales con respecto a la posición que mantienen Pablo Casado e Inés Arrimadas. El líder del primer partido de la oposición ha dejado muy claro su "no" a los decretos salvo que se incorporen modificaciones, mientras que la líder de Ciudadanos, además de haber hecho llegar a Moncloa una propuesta económica, quiere una especie de "cumbre" de Sánchez con el resto de líderes políticos.

A lo más que ha llegado la ministra portavoz, María Jesús Montero, cuando se le ha preguntado por la voluntad negociadora del Gobierno, es a emplazar el diálogo en los estrictos márgenes de los Grupos Parlamentarios y mandar un recado a Casado, cuyo voto negativo no se entendería, dijo este martes, después de haber pedido «medidas de endurecimiento, incluso de parálisis de la actividad industrial». «Sería una contradicción en sí misma. Esperamos contar con su apoyo», agregó, para anunciar que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Unidas Podemos trabajarán para intentar aunar voluntades.

Nada se sabe sobre si Sánchez abrirá una ronda con partidos y agentes sociales

Nada se sabe sobre si Sánchez abrirá una ronda con partidos y agentes sociales para intentar superar las profundas reticencias que mantienen con unas medidas a las que la oposición ve el marchamo de Podemos. De hecho, la vicepresidencia segunda se atribuye todas las medidas de calado social del decreto de alquileres, a pesar de que en el departamento de José Luis Ábalos aseguran que "la mayoría llevan el sello del Ministerio". De hecho, plantean casi como una cesión que haya sido Iglesias, y no Ábalos, el que compareciera hoy tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno todavía tiene tiempo para intentar conseguir los apoyos necesarios con los que sacar adelante sus medidas. El artículo 86.2 de la Constitución establece que los decretos-leyes "deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario".

Mientras llega ese momento, los decretos-ley son plenamente vigentes y si se convalidan, además pueden ser tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permite a la oposición incorporar enmiendas al texto.